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EL hospital de Carmen /  José María Sánchez Romera

25 de marzo del 2020

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EL hospital de Carmen /  José María Sánchez Romera

EL HOSPITAL DE CARMEN

    No debiera ser un gran problema que en un país libre cada cual elija la opción que considere que más le conviene dentro del abanico de posibilidades a las que legalmente tiene derecho. Eso vale para elegir una fiscalidad más benigna si con arreglo a las normas ello es viable, el lugar de residencia conforme a los medios económicos de los que se disponen o el restaurante para comer si después se puede pagar la cuenta. Con el centro sanitario que debe ocuparse de nuestras salud ello no debe ser una excepción. Si por cualquier razón un enfermo tiene la disponibilidad legal de elegir dónde se le atiende para curar una enfermedad o ser asistido tras un accidente, está en su perfecto y elemental derecho de tomar cualquiera de las que tenga como alternativa. La Sra. Vicepresidenta del Gobierno de España conforme a su condición de funcionaria tenía a su disposición acudir a un hospital público o privado y ha elegido esta última posibilidad. Criticar lo que ha hecho es, en términos estrictos, una muestra más de los espasmos del victimismo intolerante que se nos aparece con frecuencia superior a la deseable excitado desde algunas atalayas. El problema de fondo, que ahora no vamos a abordar, es si se cree que hay derecho a elegir como algo consustancial a una so-ciedad libre y democrática o si se cree que elegir es un privilegio que debería proscribirse legalmente como generador de desigualdades. Hay quienes sostienen esto último y lo proponen de manera explícita. Pero no vayamos ahora sobre esa polémica.

    El problema de la Sra. Calvo, visto desde la inocuidad del acto en sí mismo, es de coheren-cia, no del innegable, y yo añadiría que inalienable, derecho que la asiste. La cuestión es que al ma-terializar con la elección cuáles son las preferencias, las manifestaciones previas tienen que venir a corroborar y no a contradecir la conducta. Elemental que diría Sir Arthur Conan Doyle. Cuando alguien se pone frente a mucha gente para que otra mucha, a través de los medios de comunicación, se entere que la sanidad pública es “del patrimonio de este partido ofrecido a la madurez de este país, donde nos han arropado con muchas victorias los hombres y mujeres de este país” (sic), el mensaje lanzado es que se ha hecho algo muy meritorio del que todos, incluida ella, harán uso cuando lo necesiten porque la asistencia médica en España respondería a altas exigencias de calidad en el servicio como expresión de una voluntad política que ha encontrado el respaldo de la ciuda-danía a través del voto. A partir de ahí lo que se sugiere y lo que el común de los mortales entiende, es que el Estado dispone de una oferta sanitaria tan meritoria que hace casi superflua e indeseable la sanidad privada. De hecho no es insólito oír estos días un razonamiento completamente vicioso que identifica construir hospitales privados, lógicamente con dinero privado, con la “privatización” de la sanidad. Privatizar la sanidad, debería no hacer falta decirlo, es convertir los hospitales públicos en privados, no construir hospitales privados con dinero de la misma naturaleza para que mediante las pautas de atención sanitaria que determine quien lo promueve asista a quienes demanden sus servicios. Eso sin contar con beneficios añadidos tales como que el usuario de la sanidad privada por un lado descongestiona la pública y por otro ahorra costes. Los que han ideado ese burdo sofisma son perfectamente conocedores de que cuentan con suficiente masa acrítica que lo repetirá sin pensar lo que dice para amplificar su difusión, resultando más fácil en última instancia desmontar una proposición fraudulenta que abrir una mente ya secuestrada por el esquema ideológico en el que se inserta la falacia.

    Desgraciadamente la sanidad, como tantos otros elementos relacionados con la organización y prestación de los servicios públicos, ha sido usada como terreno de confrontación ideológica y no como objeto de análisis destinado a la mejor atención de los enfermos. Al dedicarse más tiempo a la filosofía que debe inspirar la sanidad que a acortar las listas de espera está claro que no se abordan los problemas reales de los pacientes y que prima la política sobre la eficacia. Para los fracasos ese tipo de tesis ya se tienen preparados los mecanismos que hagan de la verdad pasto de la propaganda. Ese tipo de desviación en lo prioritario se ha hecho patente de forma escandalosa en algunas autonomías en las que el conocimiento de la lengua de la comunidad respectiva se valora por encima de la capacidad profesional del sanitario (un completo desvarío). Estas deformaciones sistémicas son en definitiva producto de la autocomplacencia generada alrededor de la sanidad española por el designio ideológico que identifica lo público como legítimo y moral y lo privado, de forma más o menos subliminal, discriminatorio y falto de ética. La realidad es que los aspectos positivos de nuestra sanidad se conectan con un entorno económico liberal en el que es posible la iniciativa privada, que resulta impensable e incomparable con el servicio que se presta en economías interve-nidas por el estado. Cuando se parte de una idea preconcebida de lo bueno o de lo correcto se acier-ta las menos de las veces.  Porque si hay quien considera que hasta el derecho a la vida puede ser acotado mediante contornos legales, no puede a la vez defender una idea  inamovible de cómo se tutela mejor el derecho a la salud de las personas y aquí volvemos de nuevo al terreno de la inco-herencia. Una ideología puramente adversativa de todo aquello que confronta con sus principios tiende a caer fuera de la realidad y conduce necesariamente al error y a la injusticia.

    Contrariamente a la divulgación de una concepción de la sanidad como una especie de “carta otorgada” que los gobernantes en su inmarcesible bondad conceden a los ciudadanos, está la certeza de ser éstos los que con sus aportaciones tributarias adquieren el derecho al uso de dicho servicio. Cabría argüir con mucho fundamento que la sanidad es deficitaria, pero eso no es culpa del usuario, ni una dádiva que se le hace, porque lo que se provoca con esa distorsión entre costes en ingresos es la generación de deuda pública que irá a cargo precisamente del que se dice favorecido por la acción administrativa. Las disfunciones financieras de la sanidad tienen que ver, en todo caso, con la mala gestión de los recursos, con algunas medidas de tintes demagógicos que ponen los derechos de los que pagan y de los que no pagan al mismo nivel, que no está reñido con la atención de urgencia y la vital, y con el hecho de la fragmentación territorial de un servicio con la consiguiente multiplicación de organismos de gestión y del fraccionamiento del volumen de la demanda que impide actuar más eficazmente sobre los precios.

    El meollo de la cuestión está, volviendo al tema inicial, en la coherencia, en la complicidad que exige que las palabras vayan sostenidas por los hechos. Si se es partidario de que una gran seve-ridad fiscal, no se pueden forzar las costuras de la ley para obtener ahorros fiscales por más que se conozcan los vericuetos para lograrlos. Si se pide a la gente que se encierre en sus casas no se puede ir por ahí yendo y viniendo, dando cabal incumplimiento a lo que se ordena. Si se brama en favor de la sanidad pública, que es en términos literales lo que suelen hacer sus ideólogos (término que empleo sin el menor rigor), y/o contra la privada, luego hay que actuar en consecuencia, usarla per-sonalmente e impulsar institucionalmente proyectos presupuestarios acordes con las necesidades reales. Una coherencia que no tiene que elevarse al nivel del cinismo desvergonzado porque todo el mundo es incoherente alguna o bastantes veces a lo largo de su vida porque en ocasiones las cir-cunstancias mandan. Lo que no resulta admisible es convertir la faceta pública en una absoluta im-postura, en una existencia “jánica” en la que una partida de “savoranolas” impongan unas reglas cuya validez se confirme mediante la excepción de no aplicárselas a sí mismos.

José María Sánchez Romera.