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Costa Digital

Sólo si es sí

12 de marzo del 2020

Autor: José María Sánchez Romera



    El pleonasmo que encabeza estas líneas se ha convertido en los días pasados en el alfa de una concatenación de obviedades caracterizadas por unas notables dosis de artificiosidad y superchería. Forzosamente se nos tiene que venir a la memoria aquella otra redundancia que en su día condensó un pensamiento que teóricamente debía  representar una idea de servicio en favor de los españoles: “no es no”. Pero debe ser que en estos tiempos en que la máxima elaboración que se exige de una idea cabe en los escasos caracteres de un tuit, no se reclame mucho más de quienes ejercen el liderazgo social. Lejos queda ya aquella anécdota, seguramente apócrifa, atribuida a Eugenio D´ Ors, del que se dice que preguntó a su secretaria si un determinado texto que le estaba dictando era comprensible para ella y al responder le afirmativamente, concluyó: “entonces, oscurezcámoslo”. La cuestión es que, por paradoja, la simpleza expresiva contemporánea, lejos de sus aparentes pretensiones de hacer asequibles los mensajes que se lanzan a la ciudadanía, son en realidad una forma deliberada de ocultar la verdad.

    Un asunto tan serio y dramático, en su versión delictiva, como la libertad y seguridad sexual de las personas exige algo más que la frivolidad de un eslogan. Vivimos actualmente una vorágine de mensajes en inevitable colisión sobre la protección de la indemnidad sexual de la mujer, siempre por supuesto partiendo de la aceptación cultural imperante del hombre definido como un depredador natural del sexo opuesto y portador de una violencia latente que puede activarse en cualquier momento por una cuestión no se sabe si es educativa, genética o ambas cosas a la vez. Bien es cierto que esta tricotomía resulta aquí intrascendente porque en el pensamiento totalitario, y el mencionado lo es, todos los argumentos, incluidos los  que sede contradicen, sirven para la confirmación de la teoría. Da igual que esto choque, por ejemplo, con la defensa simultánea de la identidad sexual como un rol impuesto y no biológico, que implica que si los sexos no existen no habría hombres ni mujeres y entonces nos quedamos sin el depredado (al menos el genético). Como parece dar igual que si establecemos que la mujer no es tal más allá de una conducta inducida por los comportamientos conductuales que impone la sociedad heteropatriarcal, carece de sentido el movimiento feminista habida cuenta de que no habría mujeres propiamente dichas.

    Como diría el clásico, el nudo gordiano de la cuestión no está en el hecho sino en cómo se alcanza la objetividad en su determinación para activar el mecanismo sancionador que implica una condena. Es decir, un ataque a la libertad sexual sólo tiene una solución válida que debe establecerse en torno a si se ha producido, no se ha producido o si ha quedado demostrado. El problema será el método en virtud del cual se conforma el veredicto para no caer en lo inquisitorial o imponer al acusado la llamada prueba diabólica (que exigiría acreditar que un hecho no se ha producido en vez de tenerse que demostrar que ocurrió). Tradicionalmente el delito de violación se ha venido castigando con severidad, por ejemplo en las Siete Partidas de Alfonso X de Castilla se considera que si la violación es probada en juicio, el agresor debe ser condenado a muerte y todos sus bienes confiscados y entregados a la agredida. No era precisamente una previsión legal complaciente con el culpable del delito, aunque también es cierto que según las épocas y usos sociales no siempre ha existido la misma sensibilidad en la interdicción de estas conductas tan denigrantes. En todo caso sí es absolutamente innegable que desde el siglo XVIII al menos en el ámbito cultural de occidente la protección penal de la libertad sexual no ha albergado ningún tipo de causa de justificación ni espacios de impunidad. En España las leyes desde hace siglos contemplan el castigo de la violación y cualquier otro tipo de lesión al derecho de no tolerar actos sexuales inconsentidos.

    Si las agresiones sexuales a la mujer no encuentran cobertura ni excusa alguna en las normas vigentes, ¿qué está ocurriendo entonces en la actualidad?. ¿Cuál es el motivo de tanta agitación en torno a la seguridad sexual de la mujer?. Como en todo hay un acontecimiento cenital en cualquier movimiento social que en este caso fue el juicio de los miembros de la famosa “Manada”. Un juicio, todo hay que decirlo, que quedó fatalmente contaminado por  el sensacionalismo mediático y la agitación callejera, habiendo debido alcanzar su desenlace sin esa innecesaria anticipación de culpabilidad en los acusados. Sin duda, además, este hecho desencadenó, o sirvió de fulminante para ello, una serie de reacciones en cadena, mediáticamente jaleadas y políticamente aprovechadas, que marcaron una especie de punto de no retorno como expresión de un hartazgo (?) que justificaría que los delitos contra la libertad sexual se sacaran del contexto generalizado de enjuiciamiento de cualquier otro crimen, para convertirse en un procedimiento judicial singular en el que, sin decirlo de modo abierto aunque casi, se introduce como principio que la carga de la prueba de la inocencia debe pesar sobre el investigado. La mujer que denuncia un ataque sexual debe ser creída “sí o sí” (Carmen Calvo dixit), interrogarla sobre la veracidad de los hechos que relata constituye una segunda victimización (es decir, la denunciante es víctima antes de que se dicte sentencia, con la (con)secuencia ineludible de la condena del acusado) y el juez debe valorar los hechos con “perspectiva de género” (lo que, eliminado el eufemismo, significa que debe atender el relato de la mujer con carácter preferente, prefigurando nuevamente el resultado del proceso). El problema es que ese marco de análisis jurídico llevado a las causas que depuran las responsabilidades de un acusado por delitos de tal naturaleza, significa dejar un cuarto oscuro donde quedan derogados los principios básicos del estado de derecho como la presunción de inocencia, la contradicción de la acusación y la duda sobre la culpabilidad o la autoría, con la consecuencia absolutoria inherente a tal incertidumbre. Por tanto el problema no está, o al menos no lo está en principio, en cómo se tipifique una conducta, los años de condena que se impongan o la denominación que se dé al delito, el elemento nuclear se sitúa en las premisas que condicionan de inicio la columna vertebral del procedimiento, de tal manera que puedan romper el perímetro de protección de los derechos del acusado hasta convertirlos en una ficción jurídica. Eso significa olvidar que los derechos humanos esenciales que protegen a toda persona sometida a juicio no están pensados para salvar a los culpables sino para evitar la condena de inocentes. Tal protección debe alcanzar a cualquier delincuente…y a cualquier delito.

    Un principio de elemental responsabilidad pública debería aconsejar prudencia al abordar los asuntos de política criminal y mucho más cuestiones que entrañan conflictos de valores tan esenciales como la integridad física y moral de la mujer que “a priori” deben ser tutelados al mismo nivel que la sobre la vida del inculpado tendrá una decisión tan trascendente. Lo mismo que todos tenemos personas del sexo femenino (para esto sí que sed admite el factor biológico) a las que queremos y deseamos esa plena indemnidad, también hay hombres que concitan nuestro afecto y a los que, como poco, les deseamos que si alguna vez se vieran en el trance de ser acusados de un delito tan reprobable, el futuro de su existencia no venga determinado por los gritos de una turba fanática o una ola amarillenta de noticias, sino con arreglo a unas leyes iguales para todos. Sin un derecho más, pero ni uno menos.

    Esta cuestión está siendo objeto de altas dosis de demagogia y manipulación de los hechos y las conciencias. Hay que aclarar que en un delito de violación un “no” nunca ha sido “sí” en un tribunal de justicia y que desde hace muchos años los agresores sexuales han sido condenados con la sola declaración de la víctima, de lo que tenemos múltiples y recientes ejemplos. Lo que no es aceptable es que personas ignorantes del derecho manipulen las resoluciones judiciales, incluso antes de haberlas leído; que las sentencias se dicten en un entorno de presión sobre los jueces, porque el fallo se deslegitima al margen de lo que decida, y que se quiera hacer creer que con determinadas leyes o medidas van a dejar de ocurrir actos tan odiosos, desgraciadamente no va a ser así. No menos rechazable parece querer atribuir posturas de comprensión o de amparo a estas conductas a quienes desde el derecho a su libertad de expresión y pensamiento disienten del sesgo regulatorio con el que se quiere combatir este tipo de acciones. Quizás lo más honrado sería dejar claro que el estado de derecho no puede garantizar que todos los ciudadanos estarán a salvo en todo momento de cualquier delincuente, lo que sí debe poder garantizar es que la reacción ante el delito sea proporcional al daño causado y por tiempo suficiente para evitar la reincidencia.

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