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Costa Digital

Poder político y mercado

30 de abril del 2020

Autor: José María Sánchez Romera





    Como consecuencia de la singular época que nos ha tocado vivir estamos asistiendo al insólito mecanismo de funcionamiento de una democracia que consiste en una legislación emanada del Gobierno y no del Parlamento. Éste, al final queda transmutado en convidado de piedra que por razones de necesidad y emergencia que la situación impone se ve casi obligado a convalidar lo que el Ejecutivo ya ha dispuesto. Falto de información, limitado en sus funciones derivadas de impedimentos tanto físicos como legales, la Cámara queda casi reducida al eco que le rebota de su propio vacío.

    El Gobierno, convertido en factótum legal y administrativo, construye sus propias leyes y como es lógico las mismas no son una limitación de poder sino la confirmación y en todo caso ampliación del mismo. El poder sin límites tiende a la confusión y quien hace las mismas leyes que ejecuta, y por tanto piensa en lo que va a ejecutar antes de legislarlo, puede llegar a pensar que lo plasmado en un papel oficial es la realidad o que puede cambiarla si es contraria a sus principios o intereses. En tal situación el Gobierno ha podido establecer que dispone de sumas de dinero inexistentes dándoles aparente virtualidad al incorporarlas en documentos oficiales o fijar el valor que considera, en más o en menos, que tienen las cosas. Todo ello sólo puede conducir a males mayores de los que se intentan evitar por mucha que sea la buena intención, y que aquí concedemos a efectos argumentales, de quien toma las decisiones.

    El poder político sin control tiende al totalitarismo y como poco al intervencionismo, el grado que alcance éste nos pondrá más o menos cerca del primero. La política que no es más que historia aplicada debería basarse  más que nada en los conocimientos empíricos que proporciona la experiencia que dan los acontecimientos pasados. Si bien a la historia no se le pueden aplicar de forma estricta los principios de las ciencias naturales para entenderla o explicarla, sí nos muestra ciertos elementos axiales para conformar las decisiones políticas más adecuadas. A día de hoy la política es inseparable la economía, de hecho la política es economía desde hace muchas décadas y no se concibe el debate político sin la controversia económica con la que se trata de condicionar al elector para inclinar el sentido de su voto. Más aún, en la actualidad la oferta económica es la que marca el devenir político y, por ir aproximándonos al objeto central de estas líneas, la promesa de injerencia del Gobierno en la economía goza de gran predicamento a la hora de dirigir en un sentido u otro los movimientos sociales.

    Pero una cosa son las tácticas políticas, la superficialidad de los mensajes que se hacen llegar al votante y otra creer que lo que dibuja la mente o, peor aún, la propaganda, van a ser los que determinen o reflejen la realidad. Los recursos económicos no son expresión de la voluntad humana, por mucho poder que la misma tenga atribuido, sino de su disponibilidad material y el valor de las cosas no es la consecuencia del criterio de justicia  (o injusticia) de quien decide ponérselo aunque tenga a su disposición el poder normativo de establecerlo. Parece imposible ignorar que lo que no se tiene pero se consigue será un pasivo que se obtendrá al precio de retornarlo aumentado pues de otro modo el que lo da o no volverá a prestar o no volverá a producir porque su esfuerzo no tendrá recompensa. ¿Qué hace el intervencionista cuando incorpora su trabajo al mercado sino ponerle valor?. Igualmente que  todo precio fijado al margen de quien dispone del producto y compite con otros para su venta en el mercado y recibe la aprobación o rechazo de los consumidores, es pura ficción. La indefectible ruina que se deriva de creer que el Gobierno puede crear riqueza imprimiendo moneda sin otra limitación o compromiso que su mera emisión es tan cierta como que la imposición de precios fuera de mercado conduce al desabastecimiento y al mercado negro. La experiencia histórica y la lógica económica nos enseñan eso. Por mucho voluntarismo que exhiba el intervencionista en mutar algunas máximas de experiencia social (incluyendo en dicha denominación la historia, la economía, las costumbres, etc.) es igual al que pretender ignorar la ley de la gravedad saltando al vacío al grito que tal ley no existe. Al final todos se encontrarán con la incontestable evidencia de la realidad contra la que impactan.

    El intervencionista tiene un concepto panteísta del estado, concibe el estado como un todo con el pueblo y el pueblo es la propia manifestación del estado, por tanto cuando éste decide, quien decide es la ciudadanía y de ahí que el interés general sólo pueda albergarse ontológicamente en el estado. Considera que la iniciativa privada es puro egoísmo y que debe ser  suprimida o cuanto menos mediatizada. La intervención es la armonización de los intereses de la población y por perseguir ese bien superior se le supone que sus decisiones serán acertadas en el momento de interpretar el beneficio social. Todo esto naturalmente parte de la despersonalización del poder público, de la eliminación del subjetivismo de quienes toman las decisiones y que, después de todo lo anterior, lo que ordene o decida sea acertado, condiciones todas ellas que no pasan de ser un delirio fanático. Si reconciliamos teoría y praxis, habremos advertido que dista mucho de ser  ese ideal de sistema intervencionista lo que estamos viviendo estos días a la luz de las decisiones que se van evacuando desde el Gobierno en relación a asuntos que afectan desde lo económico a lo más puramente político. Por ejemplo, que la suerte de España no está en nuestras manos sino en lo que se decida en Europa, ni las cosas escasas en momentos de alta demanda valen lo que decide el Ejecutivo sino lo que fija el mercado (lo que tiene fundamentos racionales que por razones de espacio ahora no viene al caso abordar), ni lo que es el interés general pertenece decidirlo al Gobierno. El mercado es la forma mas democrática y eficaz de asignar recursos y poner valor a las cosas, sin que otro resultado mejor se haya derivado de experiencias económicas en las que el libre mercado haya sido suprimido.

    La lucha por el poder político, cuyos rudimentos son perfectamente aplicables al cualquier grupo y tendencia, nos enseña la eficacia y validez  del funcionamiento del mercado, incluso para el totalitario o el intervencionista que no podrán sustraerse a esos principios. ¿Y en qué consiste esa lucha por el poder?. Pues en la concentración del mayor número de consumidores de la oferta política o ideológica, la sindicación de esfuerzos y voluntades para acaparar la mayor cuota de poder y dar así satisfacción a un mayor número de elementos que se concitan en la pugna por alcanzarlo. En el curso de todas esas interacciones, que trascienden muchas veces la mera búsqueda de la detentación material del poder, se producen cesiones, alzas y rebajas, se obtienen satisfacciones de todo orden, tendiendo ese complejo entramado de factores a conformar la asignación del poder e influencia, en donde todos aspiran y llegan a obtener una cierta satisfacción, mayor o menor, o ven frustradas también todas o parte de sus pretensiones. ¿Es que acaso es otra cosa el mercado?.

José María Sánchez Romera

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