Las asociaciones de regantes de los ríos Verde, Seco y Jate, junto a Agua para el Campo, han denunciado públicamente la parálisis del Desglosado 3 (D3) del sistema Béznar-Rules, una infraestructura clave para garantizar el riego en el valle de Río Verde. Los agricultores acusan tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía de mantener un “silencio cómplice” que agrava la situación de sequía y amenaza la viabilidad de numerosas explotaciones.
El conflicto se remonta al acuerdo de financiación firmado entre la Administración central y la Comunidad de Regantes del Guadalfeo, que obliga a los agricultores a asumir el 100% del coste de las canalizaciones. Desde entonces, el Gobierno no ha mostrado intención de revisar las condiciones, mientras que la Junta se excusa en que se trata de una obra de Interés General del Estado, a pesar de que tiene competencias en materia de agua y ha cofinanciado proyectos similares en otras zonas.
La falta de avances ha dejado el proyecto paralizado, pese a las reiteradas reivindicaciones del sector. Los regantes critican además que el Ejecutivo central haya permitido perder los fondos europeos que hubieran facilitado la financiación de la obra.
Una urgencia agrícola y medioambiental
La situación en las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate continúa siendo “crítica”. Aunque las lluvias de la pasada primavera ofrecieron un respiro temporal, los pozos siguen con niveles bajos y algunos permanecen secos. De no mejorar la meteorología, el riesgo de salinización de los acuíferos volverá a repetirse el próximo verano.
Más allá de la necesidad de agua para riego, los agricultores subrayan la dimensión medioambiental de la infraestructura: la ejecución del D3 permitiría reducir el uso de motores de gran potencia para bombear agua, lo que evitaría la emisión de toneladas de CO₂ y reduciría los costes eléctricos que lastran la rentabilidad de las explotaciones.
Un sector al límite
Ante este panorama, los agricultores reiteran su petición de que el Gobierno central revise el modelo de financiación y que la Junta participe en la obra. “No es que no queramos pagar, es que no podemos”, señalan los representantes de las asociaciones, que advierten de que, si se mantiene la actual fórmula, muchas explotaciones se verán abocadas al abandono.
