Previo 1: Con los últimos acontecimientos los grupos políticos del Congreso han vuelto a reprocharle al Presidente del Gobierno que dice una cosa y hace la contraria. Se equivocan, su opinión siempre es la misma: que cambiará de opinión. No es tan difícil de entender.
Previo 2: Este Gobierno está ya en tiempo de descuento, el futuro no está escrito pero el suyo está escrito en el pasado.
Previo 3: “…los excesos de la expansión del crédito, que atribuye al consumo y no al ahorro la causa del crecimiento económico, intervencionismo monetario que al final sólo produce distorsiones en el mecanismo de formación de los precios y el empobrecimiento de los más vulnerables”. (Costa Digital 17 de septiembre de 2.020).
Hace poco más de dos años nos estalló entre las manos la epidemia del coronavirus declarada pandemia por la OMS en el mes de marzo de 2.020. Todos los gobiernos occidentales se precipitaron a adoptar decisiones de toda clase con más precipitación que mesura impelidos por la necesidad de aparentar control de la situación de que en realidad no tenían ni idea. Tampoco se deben descartar en aquellas motivaciones las de obtener y ejercer poderes extraordinarios al margen de los controles amparados en la necesidad de actuar con inmediatez y eficacia, como a la premura fuera asociada la utilidad. El intervencionismo que anida en todo gobierno, cierto que en unos más que en otros, vislumbró un amplio campo para llevar a cabo un control social que se justificaba con la defensa de la salud pública y exhibir su providencialismo. Se declaró la existencia de muchos problemas antes de que aparecieran, se crearon otros innecesarios y al socaire de todo ello lo draconiano encontró justificación en sí mismo.
En España pasamos de las despreocupadas manifestaciones del día 8 de marzo a saltar todas las alarmas el día después y vernos confinados una semana más tarde. No bien se había decretado el confinamiento y sin saber el tiempo que duraría ni las medidas que sería necesario tomar en función de las circunstancias que se fueran dando, el Gobierno de la Nación hizo exhibición de musculatura económica anunciando la movilización de 200.000 millones de euros para paliar los efectos de una crisis cuyo alcance se desconocía. Esa ingente cantidad de recursos, carente de un cálculo económico ponderado, constituyó el llamado “escudo social” con el que todos quedarían a resguardo de las inclemencias económicas. Era la gran oportunidad del intervencionismo para demostrar que es el Estado quien debe corregir la economía capitalista dada su naturaleza intrínsecamente inestable (aunque la inestabilidad sea provocada por la intervención). El keynesianismo, o lo que los políticos entienden por tal que es fabricar mucho dinero, volvía triunfante.
Por supuesto ya no se podrá demostrar que adoptando decisiones de gobierno menos intrusivas y también menos improvisadas, los efectos económicos y sociales de la enfermedad podían haber sido controlados de manera más eficaz. Será imposible recrear un contrafactual que avale hipótesis que demuestren que otras decisiones habrían obtenido mejores resultados, ya no puede cambiarse lo que se hizo. Pero lo que sí pueden examinarse son las consecuencias de todo aquello y que tienen su reflejo en el presente.
Uno de los errores más graves en los que se incurrió, en el que siguen incurriendo muchos gobiernos y por supuesto el nuestro, es concebir escenarios político-económicos estáticos en base a pronósticos en los que las alteraciones de los distintos componentes que los determinan no se contemplan o no se quieren contemplar porque el proyecto (fantaseado) está por encima de todo. Puede que no se pudiera prever hace meses que Rusia invadiría Ucrania y que eso tendría repercusiones económicas globales, pero sí se puede anticipar que se dé un acontecimiento que altere las previsiones y que en función de ello se adopten algunas cautelas. Si a causa de inercias ideológicas un elevado gasto público marca la acción del gobierno, adoptar medidas para neutralizar los posibles imprevistos parece algo obligado. En realidad que ocurran imprevistos es muy previsible, porque rara vez no se dan y la experiencia siempre ha aconsejado actuar considerando el empeoramiento de las variables en la evolución de los acontecimientos. Otro error, aún más grave, es cuando pese a conocerse los efectos de las decisiones se insiste en adoptarlas porque se priorizan las elucubraciones teóricas, los intereses a corto plazo para ganar tiempo o para que sea otro el que afronte la impopularidad.
En medio de la euforia estatista que se desató durante la pandemia los planes de estímulo monetario, que ya eran importantes en esa época, y la práctica eliminación de los criterios de disciplina fiscal, abrieron las esclusas para inundar la economía de liquidez. Es sabido que las crisis del capitalismo, lo que se quiera reconocer por algunas líneas de pensamiento es otra cosa, tienen un origen monetario cuyo reflejo en la economía es el proceso inflacionario que se retroalimenta. En España, de forma explosiva, y en Europa, no está ocurriendo otra cosa que el masivo incremento de los precios derivado de la expansión monetaria que el Banco Central Europeo ha propiciado. La demanda agregada vía expansión del crédito ha hecho que en medio de una contracción de la oferta causada por la paralización de la producción durante la pandemia, se haya disparado el índice de precios. Es inevitable por esa tromba de liquidez ante una oferta inelástica. Ahora tenemos una deuda pública astronómica, que pagaremos y pagarán nuestros descendientes con impuestos (es decir, perdiendo nivel de vida), y un déficit ya estructural que seguirá generando inflación porque tendrá que cubrirse con más emisiones monetarias en un círculo inacabable que solo se evitará cuando un Gobierno afronte, y no habrá más remedio que hacerlo antes o después, un sustancial recorte del gasto público liberando de esa financiación a la economía privada.
Los que proclamaron el fin de la austeridad porque ahora el BCE actuaba como elemento equilibrador de las deficiencias del mercado han podido comprobar lo que provoca lo que tanto han deseado en forma de la austeridad que impone la inflación al restringir el poder adquisitivo del dinero. La austeridad viene por los impuestos, no de la restricción del gasto público. En España las medidas del Gobierno son más intervención del Estado, vía control de precios y subvenciones, en lo que se ha denominado un reparto justo de los efectos de la crisis. Eso se traducirá en más distorsiones del mercado con nuevas subidas de precios y desabastecimiento en último caso. Al tiempo.
