En más de una ocasión me he referido al término “social” como fuente de legitimación de ideas, por más discutible que se presenten, haciendo la función de cerrojo al debate que debe seguirse a toda propuesta que afecte a los intereses generales (en la medida en que esto pueda exprese algo mínimamente definible, lo cual nos llevaría a no pocas discusiones). El heteróclito significado que necesariamente se deriva de apostillar como social cualquier categoría aconsejaría abandonar ese empleo abusivo y distorsionador del significado de las palabras de tal forma que se obligue, conforme exige el debate democrático, a explicar las razones últimas y verdaderas de lo que desde los ámbitos del poder político trata de normativizarse en el conjunto de la sociedad. Plantear esta cuestión es especialmente oportuno recordando a Jürgen Habermas, recientemente fallecido, promotor de la “ética del discurso”, una aspiración bien intencionada, algo platónica y limitadamente operativa en torno a un diálogo simétrico entre ciudadanos iguales como expresión de una “democracia pluralista”. Un pleonasmo tan sólo aparente ya que desde hace bastante tiempo la palabra “democracia” puede definir cualquier régimen aun cuando no respete ese pluralismo al que el relativismo en boga puede buscar un sucedáneo semántico con el que aparentar la existencia de lo que no es, lo que, expuesto en parámetros actuales, lo subjetivo representa la verdad. En términos historicistas puede aludirse a aquella Alemania del Este totalitaria que se denominó sin complejo alguno “República Democrática Alemana”.
La acompañante más habitual del término social ha sido “justicia”, marco de referencia de aquello que contiene una aspiración de equidad que negarla supone una lesión de los derechos más elementales. Pero la palabra “social”, como todo lo que alcanza el éxito con su uso, se ha expandido en el lenguaje político y coloquial de tal forma que, pese a su polisemia o tal vez por ella, se ha convertido en el comodín de todos los conceptos imaginables a la búsqueda de un objetivo fundamental: imponer algo a otros, sobre todo cuando se sabe o sospecha que puede haber fuertes y mayoritarias resistencias al respecto. Suele ocurrir con las subidas de impuestos, los controles de precios, las leyes que condicionan el uso de la propiedad privada y en general las normas que legitiman interferencias del poder en esferas que tradicionalmente se han considerado privadas incluso en etapas prepolíticas, es decir, anteriores incluso al estado moderno en su concepción liberal, protector de los derechos democráticos.
En la línea apuntada vemos como España en la actualidad mantiene una versión de lo social que gira alrededor de un doble eje simbólico: escudo y mayoría, mayoría y escudo con los que, guerra y otros cisnes negros mediante, trata de sostener la hegemonía de un relato político que ha abandonado la esencia deliberativa que caracteriza a las democracias representativas con el fin de adoptar de decisiones una vez que se ha dado al conocimiento general (democrático) las razones de cada una de las partes para que pueda la ciudadanía pueda llegar a una compresión adecuada de las cosas. En nuestro caso, todo queda reducido a una escena pueril en el marco en otro tiempo solemne del Consejo de Ministros que en su última reunión ha debido esperar para empezar a que el Gobierno se pusiera de acuerdo consigo mismo. Frivolidades aparte, debe profundizarse en la realidad y el trasfondo sobre los que operan ese escudo y mayoría que aspiran a su legitimación dada su naturaleza “social”.
Una pregunta viene obligada: ¿por qué necesitamos los españoles un escudo “social”? La palabra social cumple su función paradigmática de señuelo sustituyendo a la expresión adecuada que sería en todo caso “escudo económico”. Mediante esa precisión terminológica podemos llevar la cuestión al punto correcto, el que trata de evitarse: las causas de esa necesidad económica. En esa tesitura la propaganda gubernamental zozobra ya que viene precedida por un discurso que nos habla de una economía en auge muy difícil de compatibilizar con una mayoría necesitada del paternalismo estatal. Si se hace imprescindible la acción del Estado es porque no hay prosperidad y descartada ésta sólo puede darse su contraria, esto es, una precariedad que responde a motivos provocados por las decisiones que, en materia económica, con el matiz que haré, se adoptan desde el Gobierno. La necesidad del escudo delata la existencia de una población vulnerable ampliamente extendida y advierte del error de la política fiscal que se sigue. Política fiscal que viene a confundirse con política económica, lo que como tal el Gobierno no tiene ya que se limita a dar cuenta de datos macroeconómicos, simples expresiones cuantitativas que no aclaran un propósito definido sobre la estrategia y objetivos que quieren lograrse más allá de lo que es directamente perceptible: una gran capacidad de gasto público con el que satisfacer las demandas de grupos que puedan ser fidelizados de cara a unas elecciones. El Gobierno con las medidas cuya adopción justifica por la guerra de Irán, calderilla comparada con otros gastos estatales de discutible utilidad, no nos da nada,nos quita un poco menos, que no es lo mismo, y reconoce mediante lo que puede perfectamente asimilarse al acto la liberalidad de un acreedor que condona una deuda transitoriamente para no agotar su fuente de ingresos. Un mayor deterioro de lo que hoy se consideran economías de nivel medio, donde medio está más cerca de lo bajo considerado en términos de ingresos/precios, podría agitar algunos sectores especialmente perjudicados por las políticas tributarias en vigor. Una situación de la que por cierto no son responsables los arrendadores de inmuebles que se han convertido en la obsesión ideológica de la extrema izquierda a la que cualquier motivo le vale, tampoco lo necesita, para intervenir el mercado de la vivienda.
Una mayoría social empobrecida no es una mayoría política, es el efecto de malas decisiones económicas gubernamentales. Los partidos en el poder empleando mayoría social como equivalente a un apoyo político mayoritario cuando los sucesivos comicios desmienten esa asimilación proyectando una imagen falsa si se tiene en cuenta que el PSOE baja o como mucho se mantiene a costa de los grupos más radicales de izquierda que han llevados por los electores a una total irrelevancia hasta el punto de tener que dejarse enredar por el matasiete independentista que terminará cantando “yo soy español, español” para mantener el escaño en Madrid. A esa línea de pensamiento sería lícito plantearle, caso de que tuviera alguna utilidad, si para ellos mayoría tiene se traduce en sufragios libremente emitidos en número suficiente para gobernar o si mayoría es lo que definen como una oligarquía que se legitima por superioridad moral a sí misma al margen del proceso democrático. Menor cantidad de votos y mayor extremismo ideológico alcanzarían en ese caso su verdadera coherencia y pleno sentido, aunque se compadece muy poco con lo que se entiende por democracia.
José María Sánchez Romera
