La semana ha ido agonizando subidos a bordo de un vehículo colectivo: el ómnibus. Lo dijo hace unos meses Pedro Sánchez: menos lamborghinis y más transporte público. Dicho y hecho, el Gobierno lo ha llevado a cabo en forma de decreto-escudo (social), incompatible por otra parte con su definición balística de nuestra economía: el cohete. Una contradicción cuyos aventadores no necesitan hacer entender ni explicar, viniendo de ellos basta creer. Si la fe es lo que no necesita ser visto, ciertamente el socialismo es una fe, ya que sigue vivo pese a no haber conseguido jamás lo que se proponía, aquellos manantiales de riqueza que anunció Marx se convirtieron en cartillas de racionamiento y escasez una vez que sus teorías pasaron de las musas al teatro. Pero es precisamente el advenimiento que nunca llega el motor de la fe, esa esperanza infinita que no flaquea porque llena el vacío existencial que la insatisfacción de lo conocido provoca. El mérito de la doctrina socialista es su capacidad para suplantar a la evidencia, sobreponerse a su fracaso permanente, porque nunca es la idea la que queda desechada por sus resultados sino la inoportunidad del momento en que se aplicó o la incapacidad de sus intérpretes para entenderla. Y siendo todo eso tan vetusto y conocido, la excusa tan repetida, ahí sigue estancado nuestro país casi agotado ya el primer cuarto del siglo XXI, porque aquí inventar, inventamos poco (“que inventen ellos” escribiría Unamuno en un mal día del año 1.906).
Pese al “no hecho”, es decir, la frustración de lo prometido, que caracteriza el extramundo del ideario colectivista, su oponente natural, por simplificar, la derecha, parece no salir nunca del aturdimiento que le provoca la contumacia de quienes siguen las doctrinas socialistas. Tanto que de una forma u otra acaba rendida y sumándose a sus razones porque no parecen encontrar argumentos a pesar de que la realidad se los brinde en cantidad y calidad. Porque además la derecha tiene el problema de no sentirse en deuda con sus bases más fieles, ni con sus mejores ideas, y se ve más obligada a justificarse ante quienes “a priori” no les votan que entre quienes lo hacen (los sindicatos ya han mostrado sus cartas: manifestarse contra la oposición, fracaso de convocatoria incluido). Ser de derechas, liberal o conservador no debería ser un problema, salvo que vengas de casa convencido de ello, de ahí que no puede ser otro que ese secuestro inconsciente de la voluntad política genuina el motivo por el cual el PP ha decidido apoyar el decreto ómnibus reciclado por el Gobierno al dictado de los mandatos de Puigdemont y su partido, Junts. Los argumentos a la negativa sobran, como mínimo dan para una abstención, y aunque el voto favorable seguramente se cubrirá con un torrente de críticas al Gobierno, todas serán inútiles frente al hecho de apoyar la iniciativa.
Es verdad que la izquierda goza de la ventaja de tratar con el mayor de los desprecios el cálculo económico y de ahí que el coste de pagar al nacionalismo lo que pida no sea ningún impedimento (además ya se sabe que el nacionalismo sólo es un problema si es español). En la izquierda prima otro tipo de cálculos como son el político y el ideológico, de ahí que el apoyo favorable sin condiciones del PP no tenga valor alguno en esa escala y su interés se oriente a sacar a más de media España de las decisiones trascendentes en la dirección del Estado dentro de ese esquematismo maniqueo que como verdadero y único programa tiene a falta de unos objetivos de gobernación que puedan estructurarse mediante una mayoría parlamentaria unida por objetivos comunes. Por eso el voto afirmativo del PP no tiene ningún valor práctico ni simbólico, el Gobierno responderá que la derecha no sabe lo que quiere porque dice una cosa y después otra, como si no fuera el propio Gobierno el que va de un lado a otro a golpe de las exigencias de ese cuerpo extraño a la llamada mayoría de progreso que es Junts. Pero el discurso para facilitar el escapismo gubernamental está servido y la mayoría de las televisiones hará el resto.
Porque los motivos para no apoyar el decreto se amontonan a ojos vista y no precisamente por ese enredo aldeano y sacamantecas del palacete parisino del PNV, sino por las injusticias que disfraza la “justicia social” que se dice buscar con su aprobación. No será necesario referirse “in extenso” al hecho de gobernar a base de decretos y no mediante la elaboración de leyes debidamente articuladas y técnicamente precisas. Un ejecutivo construido con retales parlamentarios que se ven necesitados de un recosido constante con el hilo oscuro del chalaneo como paso previo a otorgar el voto no puede hacer nada verdaderamente útil que no sea ganarse la supervivencia. Hay una cuestión mucho más esencial para decantar el voto parlamentario como es que la suida de las pensiones, subvencionar los transportes y medidas similares no son burocráticas decisiones administrativas con las que sin más se mejora la vida de sus destinatarios, sino que tienen contrapartida económica, en el marco de una deuda pública impagable, que sale de los impuestos que se pagan. Algo tan sencillo como bajar la presión fiscal y que cada uno destine sus medios económicos a los fines y necesidades que elija se concibe como un arcano cuya exposición será inaprehensible para el común de la gente, cuando nada puede ser más sencillo de transmitir. Y eso cabría extenderlo al SMI o a la reducción de jornada, iniciativas con claro sesgo ideológico destinadas a suplantar la libre voluntad de los agentes económicos para establecer las condiciones que sean de su mutuo interés. ¿Es razonable pensar que el Gobierno sabe mejor que cada individuo lo que más conviene a sus intereses? No todo el mundo tiene que trabajar lo mismo ni por el mismo precio, sean a más o a menos ambos factores, esa generalización impuesta desde arriba no puede sino reproducir los conocidos desastres de la planificación central, traducida, en este caso, en el debilitamiento de la economía empresarial que contagiará al Estado cuando el sector privado se vea imposibilitado de asumir un incremento incesante de las cargas tributarias. Quienes toman esas decisiones lo saben perfectamente, como el resto deberían saber que de lo que hablamos es de tener poder a través del control de los flujos económicos con los que fidelizar bolsas de votantes desentendidos de la marcha general del país, únicamente atentos a cómo les afecta la munificencia gubernamental. La Oposición tiene delante de sí una mina que no parece querer descubrir y le evitaría aparecer en su negativa al decreto el resultado de un pataleo infantil.
Parece que vivimos un tiempo genuinamente “feliniano”, un precipitado donde se combina una pretenciosa modernidad conducente al absurdo, el wokismo en su wokidad, con una decadencia autoinfligida por falta de convicción. La situación recuerda a “E la nave va”, una película que reproduce una época en la que sus protagonistas ignoran que el mundo que sus mentes todavía habitan ha muerto, dejándolos reducidos a una ridícula extravagancia que se refleja en la escena donde varios personajes se desafían a un concurso de bel canto en el abrasador escenario de las calderas del barco. El destino final de la nave es sencillo de imaginar.
