Economía para valientes / José María Sánchez Romera

 

Se da la incongruencia, aceptada generalmente sin mayor reflexión, de considerar que la libertad en el ámbito de la economía es una idea que debe ser, con distinta intensidad, objeto de control, mientras que se valora de forma altamente positiva la libertad de expresión, de movimientos, de pensamiento e incluso abortar sin más exigencia que la voluntad de llevarlo a cabo. Si toda libertad es buena estamos ante un “non sequitur” pues partiendo de la premisa libertad no se llega a la misma conclusión en el caso de las actividades económicas por parte de las personas, a las que no debería someterse a más restricción que el respeto a la buena fe en las transacciones y cuya vulneración deben reparar los tribunales. Como consecuencia de lo anterior se considera que ese control debe otorgarse a los individuos que forman el componente humano del Estado presuponiéndoles un conocimiento sobre la gestión de los asuntos económicos sin mayor fundamento que una especie de superstición estatista que no está respaldada por la experiencia. Bajo el auspicio de expresiones como desigualdad, redistribución o justicia social, quienes acceden al poder político se permiten decidir cuánto del esfuerzo de los ciudadanos pueden quedarse para repartirlo en función de sus intereses políticos. Y cuanto mayor es el poder que se asume, los resultados en términos de prosperidad son peores como está empíricamente demostrado, evidencia que sin embargo no parece conmover la voluntad de quienes se niegan a reconocer lo que la práctica les ofrece de forma invariable.

Ayer, el Sr. Presidente del Gobierno en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Nación anunció que se van a gravar con impuestos los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas, lo que desde hace tiempo ya se viene anunciando, basado en el sustento teórico de esa frase hecha que alude a unos indefinidos beneficios que caen del cielo en la cuenta de resultados de las empresas. Confundir beneficios con crecimiento nominal de los ingresos derivados de la inflación (inflación que provocan los gobiernos creando de forma temeraria ingentes cantidades de dinero) y el alza del coste de las materias primas, es mucho confundir, pero pensar que eso vaya a resolver algo más allá que dopar de forma provisional los ingresos públicos con los que seguir cebando políticas de gasto desenfrenado, sin tan siquiera tener unos objetivos claros y cuantificados, será un despilfarro inútil que desde luego nadie en sus cabales haría en su economía privada en condiciones equiparables. La sensación es que el Presidente de Gobierno prestando oídos a algún “duende visitador de la Moncloa” (expresión de Juan Luis Cebrián) se ha decidido por eso llamado “políticas económicas valientes” y que viene a ser como jugar a la ruleta rusa con todas las balas en el cargador. Ochenta años de tal valentía contemplan Argentina. Frente a la reflexión de Churchill (“Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa”), el Gobierno de la nación ha lanzado el grito de “más madera” y ha acelerado aún más una locomotora sin control mientras va desguazando el tren durante el trayecto. La provisionalidad de estas medidas, hasta 2.024, y su irretroactividad viene impuesta por Bruselas, pero pese a ello trae dos efectos perjudiciales, uno a corto y otro a medio plazo: 1) el simple anuncio del Presidente provocó un desplome de los valores en Bolsa de bancos y energéticas, lo que significa que los capitales abandonan España, y, por añadidura, las participaciones que el Estado mantiene en diversas entidades financieras han sufrido pérdidas de valor millonarias (se corre el peligro de que al final no nos quede ni el consuelo de decir aquello de lo comido por lo servido); 2) esas subidas de impuestos las pagará el usuario de una forma u otra porque los negocios no se sostienen a base de buenas intenciones.

Bancos y empresas de energía, en general grandes corporaciones con altos volúmenes de negocio, no son entes de obtención de lucro inmoral y desaprensivo, eso pertenece a un imaginario propio del siglo XIX, como lo prueba que el Gobierno las exhibe como elementos ornamentales en la presentación de muchos de sus proyectos. Mantienen cientos de miles de puestos de trabajo, custodian el dinero y gestionan las inversiones de millones de pequeños ahorradores, deben hacer además constantes desembolsos para no quedar obsoletos y seguir garantizando la prestación y mejora de sus servicios. Esa visión antropomorfa de unas compañías dedicadas a dar rienda suelta a sus instintos extractivos sobre los recursos de las personas es una burda manipulación, son empresas que crean valor gracias a su presencia y competitividad en el mercado. Es el Estado el que no crea valor y su gestión del dinero que recauda no genera valor, es de suma cero porque en la mejor de las hipótesis retorna a la sociedad lo mismo que recibe de ella, con eficiencia decreciente a medida que es mayor su intervención. Cosa distinta es que se deba revisar la fiscalidad de estas grandes empresas en relación con la que soportan autónomos y pymes, pero eso es reequilibrar los esfuerzos y aplicar racionalidad al sistema tributario de lo que se beneficiarán en última instancia todos los operadores económicos.

La incógnita del debate ha surgido con la falta de una respuesta clara a la iniciativa presidencial por parte de la portavoz del PP, la Sra. Gamarra, que, ante la intimación presidencial a que pronunciara sobre si iban a apoyar o no la subida de impuestos, difirió el posicionamiento del partido hasta leer la letra pequeña de la propuesta. La explicación no pareció convincente y dio la sensación de querer evitar que les atribuyeran las ya tópicas connivencias con los grandes poderes económicos caso de oponerse a la medida. Un intento baldío porque se lo van a decir hagan lo que hagan y lo cierto es que no tuvieron que esperar más que unos minutos para comprobarlo, ya que el Presidente se lo espetó sin esperar una respuesta definitiva por parte del PP, que en este caso debe actuar conforme a sus principios y ser contundentes, de llevarse a cabo estos anuncios solo van a empeorar la situación, si no quiere erosionar su credibilidad.

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