El estado en los principios / José María Sánchez Romera

 

Los sucesos que se están produciendo en la ciudad de Ceuta en estos días han puesto en evidencia lo que ocurre cuando el sistema de cohesión pensado para la preservación de los derechos esenciales del ciudadano se sitúa por encima de ellos. Como el sistema de inteligencia artificial de “2001, una odisea del espacio”, “Hal”, que acaba tratando de someter e incluso acabar con los pilotos de la nave espacial cuando se da cuenta de que quieren inutilizarlo. Se resiste a desparecer a cualquier precio. Y cuando el sistema sólo busca como fin el de su propia supervivencia y la de los que lo dirigen al albur de sus instintos más primarios, llega el momento en que los individuos, su libertad y sus bienes pueden quedar a merced de la anarquía.

Cuando el estado dedica más tiempo a inmiscuirse en la vida de la gente que a preservar su libertad, se olvida la función básica que justifica su existencia. El estado no tiene un origen ontológico en la vida del ser humano, es un conjunto de instituciones destinados a preservar su integridad física y moral como mero instrumento, no como fundamento. Con facilidad se confunden los principios con las ideologías y sin embargo nada tienen que ver unos con las otras. Los principios no distinguen a los destinatarios en su aplicación, las ideologías discriminan a unas personas de otras protegiendo de forma prevalente a los grupos a los que están destinadas y que se supone van a apoyarlas. El estado no se concibió para cambiar la realidad a la medida de las ideas del gobierno sino para ordenarla bajo una serie de normas básicas conforme a las necesidades del momento.

Cuando los estados ponen sus objetivos en establecer las ideas predominantes, las costumbres aceptables o las personas que merecen ser socialmente protegidas, lesionan la igualdad y segmentan la sociedad olvidando la común naturaleza humana de todos sus individuos, estableciendo jerarquías. Cuando el estado decide ejerciendo su fuerza coercitiva cuánta es la riqueza a que se tiene derecho en vez de presupuestar racionalmente las necesidades de sus servicios realmente esenciales, qué se puede pensar en relación con determinadas cuestiones morales y cuál es la elección correcta en un gran número de asuntos propios de la esfera privada de las personas, podemos hablar, como poco, de totalitarismo latente.

Una de las funciones básicas de un estado es dotar de seguridad al espacio que de modo inseparable justifica su existencia. Si ese espacio se concibe como algo relativo, cuestionable o de escaso valor para quienes dirigen el estado, éste carece completamente de sentido. Un estado sin proyección territorial y sin control de la zona sobre la que su legalidad tiene vigencia es una entelequia, una figuración solo útil para quienes sacan partido de él. Si las fuerzas de seguridad y el ejército carecen de la autoridad moral, que solo puede surgir de la legal que el estado está dispuesto a hacer valer en toda circunstancia, son elementos de cartón-piedra, un inútil decorado cuya debilidad se hará patente a poco que sean puestos a prueba.

Lleva España demasiados años queriéndose muy poco a sí misma o, por mejor decir, dirigida por políticos que han preferido deambular sin riesgos por la historia en busca de su comodidad. Y es ahí donde no caben las ideologías, puestas al servicio de causas fragmentarias, y en donde las instituciones democráticas deben procurar los pertinentes contrapesos, son los principios, que no distinguen a quienes se aplican, los que deben encontrar su primacía para que el estado en la defensa de los mismos cumpla su función universal de amparo de todos sus individuos.

La función del estado trasciende el sentimiento nacional, que es cosa distinta, consiste en mutualizar el apoyo ciudadano, porque puede haber nación sin estado, pero no estado sin voluntad de pervivencia, de defensa de su razón para existir. Si esto falla, lo demás quiebra, incluidas las ideologías que tratan de imponerse a su través, porque cuando el estado deja de facto de cumplir su función genuina, ya nada puede hacerse.

Precisamente por todo lo expuesto el estado no puede ser un agente al servicio de grupos de poder más o menos estructurados, sino un compromiso básico que preserve ante todo la libertad de todos sus ciudadanos entendida en el más amplio sentido de la palabra. Cuando los poderes públicos se dispersan de forma recurrente buscando la imposición de particulares visiones de la sociedad por encima de los individuos y de los derechos que les son inherentes, siempre se estará expuesto a que alguien que atienda en mayor medida todos esos elementos básicos que se han ido abandonando, ocupe el vacío que deja quien olvida su objeto fundamental y aquello que justifica su mantenimiento. De ser así, el estado se convierte en un absurdo, un simple aparato de dominación al servicio de élites de poder desvinculadas de sus responsabilidades trascendentes con aquellos que los designaron.

Un estado se justifica por su eficacia y disuasión “ad extra” no por su tamaño burocrático o capacidad de dominación sobre quienes precisamente dan significado a su función. En España hemos hecho lo contrario y ahora nos estamos enterando.

José María Sánchez Romera


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