Hay cuestiones con las que agitar la opinión pública que se saben predestinadas a desaparecer de los medios de agitación pública (niveles de audiencia mandan) y de quienes los agitan (qué deprisa se han esfumado Palestina, la flotilla invencible y tantas otras cosas), pero las que tocan el núcleo de la convivencia y la organización social siempre subyacen con vocación de aflorar a la menor oportunidad. La libertad económica es una de ellas en tanto que predilecto objeto de deseo de la izquierda. En el sentido de sus intereses políticos no es de extrañar porque se trata de un campo abonado durante casi doscientos años por la literatura (en el más genuino sentido de la expresión) histórica y las fábulas económicas inspiradas en la evangélica multiplicación de los panes y los peces, la abundancia milagrosa, en donde el Estado suplanta a Jesucristo. Desde la seminal estupidez de Proudhon proclamando que la propiedad es un robo, su teorización por Marx llamando a los beneficios legítimos explotación, pasando por la jerga leninista contra los oligopolios, el imperialismo y el anuncio de un capitalismo crepuscular (aunque la noche sólo llegó mediante la violencia revolucionaria), impedir que la gente comercie libremente es la obsesión, más o menos aguda, de toda la izquierda. El inicio del camino de servidumbre contra el que Hayek previno con indudable acierto allá por 1.944 viendo cómo los estados democráticos iban cercenando el derecho de propiedad para ir expandiéndose hacia la limitación de otras libertades. Hoy lo llamamos wokismo, que no es sino el despertar de una nueva forma de totalitarismo que ha impregnado el lenguaje y los hechos de la nueva izquierda sin la menor resistencia por su parte, más bien como un huésped deseado que llega para solventar carencias y despejar dudas.
Cuando entre finales de los años ochenta y primeros de los noventa los regímenes comunistas se hundieron con estrépito producto de unos errores sostenidos en el tiempo por medio de métodos crueles y liberticidas, pareció que la evidencia traería consigo la aceptación de la democracia liberal como el mejor marco legal e institucional para compatibilizar libertad y bienestar, un sistema con un grado suficiente de flexibilidad que permitiera adaptarse a las circunstancias. Una completa ingenuidad porque la fe se basa en pruebas, los comunistas y sus parientes ideológicos jamás escarmentarán de sus desvaríos, el escarmiento recae sobre las sociedades en las que se imponen. Su determinismo congénito jamás aceptará que la economía es un sistema caótico que se autorregula destruyendo y creando a impulsos de la inventiva y el progreso tecnológico. Si esa natural propensión humana se cortocircuita por las decisiones de la planificación estatal la estación término es la pobreza como acredita indefectiblemente la experiencia. La idea de riqueza como un juego de suma cero, esto es, unos tienen por habérselo quitado a otros, es una mentira tan evidente como que hay empresas nacen en una modesta habitación de cualquier lugar y llegan a extenderse por todo el mundo. ¿Quién le quitó a quién algo desde ese paupérrimo inicio y qué garantiza el éxito perpetuo para justificar su exacción ilimitada?
Con base en ese tipo de tergiversaciones que obvian el tránsito, a partir de la etapa capitalista, de una miseria generalizada hace ciento cincuenta años a una prosperidad desconocida durante los miles de años precedentes se ha construido un relato según el cual todo se subordina a un futuro de una belleza tal que no puede ser pensada y menos descrita, puro ilusionismo, a la que deben someterse los proyectos realistas. Mantener la ilusión por alcanzar ese mítico Edén requiere problematizar cualquier insatisfacción social en forma de denuncia de desigualdades o injusticias que no pueden tener otra causa que la libertad económica. Bajo ese esquema en España se lleva tiempo alimentando el debate de la vivienda sobre la trampa del juego de suma cero: hay quienes tienen más viviendas de las que necesitan y por consiguiente privan a quienes no las tienen de un derecho porque esa filosofía se basa en que tener más que otro es robar. Así, la solución a ese desequilibrio se ofrece inexorable: el Estado tiene que intervenir o, de manera más descarnada, según se oyó a una señora en un informativo de televisión hace tiempo, el Gobierno tiene que “meter mano”, expresión que en su rudeza desnuda la sencillez con que el asunto debe abordar según sus partidarios: la arbitrariedad como método. No nos plantearemos por obvio qué dirían si las casas a repartir fueran las suyas.
Es obligado recordar que a fin de arreglar la escasez de vivienda la actual mayoría de Gobierno aprobó al efecto una ley que, según la Sra. Belarra, iba a hacer más feliz a la gente. En realidad, como se anticipó, no consiguió otra cosa que agravar la escasez e incrementar los precios a consecuencia de la inseguridad jurídica que se generaba. Como es sabido a toda intervención sucede otra que no hace sino empeorar las cosas, aunque antes que desistir, serán eliminados u orillados los obstáculos legales o morales que den continuidad a un plan que no es económico sino político, más aún, estrictamente ideológico, designando a los propietarios de viviendas como los modernos explotadores del neoproletariado formado por los no propietarios y los inquilinos. Hay que advertir en todo caso que la escalada doctrinaria ha elegido la vivienda como hombre de paja, vendrán más, para dirimir la hegemonía por la radicalidad en el lado extremo de la izquierda donde su actual división augura unos cocientes de voto muy bajos y únicamente si se percibe la catástrofe llegará la unidad, obligada. Por eso los duelistas han entrado en una escalada verbal en la pugna por ganar en extremismo con el que obtener foco en los medios. De ahí que en el fragor de esa lucha existencial resulte inútil recordar que la propiedad privada es un derecho constitucional, lo que les trae sin cuidado, siendo injusto cuando no inmoral desplazar a los propietarios, grandes o pequeños, una carga que se traslada a una parte de la sociedad originada en la incuria administrativa que no ha creado las condiciones para la construcción de viviendas en consonancia con la demanda social. Podría también citarse la presión que la fiscalidad ejerce sobre el precio de la vivienda, contribuyendo a hacerla más inasequible, también les daría igual. En definitiva, el oportunismo ha convertido la vivienda en campo de combate donde nadie hará prisioneros, a la espera de la segura llegada de los socialistas, muy necesitados de señuelos para que no se hable de las múltiples frentes que tienen abiertos y que tampoco querrán perder comba populista en esa pelea por los votos. Si las casas terminan siendo una concesión del Estado, ¿será, para albergar ciudadanos o súbditos?
En cuanto a las causas que han contribuido a la agudización de la falta de vivienda, en las que no se profundiza porque la demagogia es muy rentable, es de ver que hasta los primeros años de esta década aún era posible la emancipación relativamente temprana de la nueva generación al disponer de unos ingresos que les permitían cubrir sus necesidades de habitación mediante un sacrificio razonable de su nivel de vida. Ahora no les llega por la presión fiscal, la pérdida del poder adquisitivo del dinero por la inflación y las cargas “sociales” de las empresas que les drenan recursos y lastran el crecimiento de los salarios.
Unos intervencionistas que sin casas para albergar a los inmigrantes quieren que se les aplique el denostado principio liberal del laissez faire, laisser passez, ratificando la certeza de que cuanto mayores son las contradicciones de la izquierda más se reafirman en sus convicciones. Una vida sin tener que resolver dilemas, no se puede ser más afortunado.
José María Sánchez Romera
