La reforma del Reglamento General de Costas que actualmente tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico busca adaptar la normativa española a los criterios europeos de protección ambiental, sostenibilidad del litoral y adaptación al cambio climático. Entre otros aspectos, el texto plantea revisar el régimen de concesiones administrativas sobre el dominio público marítimo-terrestre, especialmente en lo relativo a la duración de las autorizaciones y las condiciones para sus prórrogas.
El anteproyecto surge a raíz de observaciones trasladadas por la Comisión Europea sobre la aplicación de la Ley de Costas en España y el uso prolongado de determinadas concesiones en espacios considerados de dominio público. Desde el Gobierno central se defiende que la reforma pretende reforzar la seguridad jurídica, mejorar la protección ambiental de la costa y garantizar una gestión más sostenible del litoral frente a fenómenos como la regresión de playas o la subida del nivel del mar.
Sin embargo, sectores empresariales, ayuntamientos costeros y organizaciones vinculadas a la hostelería y al turismo muestran preocupación por el posible impacto económico de la medida. Temen que una reducción en los plazos concesionales o mayores limitaciones a las prórrogas puedan dificultar inversiones a largo plazo en establecimientos como chiringuitos, restaurantes o servicios de playa, especialmente en municipios cuya economía depende en gran medida del turismo litoral.
En este sentido, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almuñécar ha llevado a Pleno una moción en defensa de los chiringuitos del litoral andaluz y del empleo vinculado a la costa, mostrando su rechazo a la modificación del Reglamento General de Costas planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los populares consideran que la reforma impulsada por el Gobierno central genera “una importante inseguridad jurídica” para los negocios asentados en el litoral y puede tener consecuencias directas sobre cientos de familias que dependen de sectores como la hostelería, el turismo, la pesca o los servicios de playa.
Durante la defensa de la moción, el portavoz del PP, Rafael Caballero, argumentó que la iniciativa pretende proteger un modelo económico que, en municipios turísticos como Almuñécar y La Herradura, resulta fundamental para el empleo y la actividad durante gran parte del año. En este sentido, recordó que en ambos núcleos existen 23 chiringuitos y cerca de 60 establecimientos en toda la Costa Tropical.
Según expuso el Grupo Popular, el anteproyecto de reforma contempla una reducción de los plazos de concesión y limita las prórrogas extraordinarias actualmente previstas en la normativa, algo que, a juicio del PP, podría frenar inversiones y comprometer la continuidad de negocios tradicionales ligados al litoral andaluz.
Caballero insistió en que la moción no solo persigue defender a los empresarios, sino también “a las familias y trabajadores que dependen directamente de estos establecimientos”, subrayando que muchos chiringuitos realizan importantes inversiones para adaptar sus instalaciones a las exigencias medioambientales, de accesibilidad y calidad turística.
Asimismo, el portavoz popular criticó que el Ejecutivo central pretenda introducir cambios “estructurales” en la Ley de Costas a través de un reglamento y mediante un Real Decreto, evitando —según sostuvo— un debate parlamentario en el Congreso y el Senado. Por ello, el texto de la moción defiende que cualquier modificación de calado debería tramitarse mediante una reforma legislativa ordinaria.
El PP también reclamó mayor transparencia sobre el expediente europeo que motiva esta modificación normativa y solicitó la convocatoria urgente de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas costeras para abordar conjuntamente el futuro del litoral y de las concesiones administrativas.
Entre las peticiones incluidas en la moción figura además la elaboración de un estudio de impacto económico y laboral antes de aprobar cualquier cambio, así como garantías de que no se aplicarán medidas con carácter retroactivo sobre concesiones ya concedidas.
Del mismo modo, los populares solicitaron protección para las actividades económicas tradicionales vinculadas a la costa y para los núcleos históricos afectados por los deslindes marítimo-terrestres.
Finalmente, Rafael Caballero pidió el respaldo del Pleno para “defender el empleo, la estabilidad y el futuro de muchas familias de Almuñécar y La Herradura”, asegurando que “la protección del litoral debe ir acompañada de seguridad jurídica y sentido común”.
La moción salió adelante con los votos favorables del PP y Convergencia Andaluza, la abstención del PSOE y el voto en contra de Almuñécar Unida para la Gente.
