La revista de Almuñécar y la Costa Tropical

El precio injusto / José María Sánchez Romera

 

Carpeta J. Celorrio

¿Por qué cobra Barack Obama quinientos mil euros por una conferencia que no llega a una hora de duración? ¿Por qué cobra esa increíble suma por tan limitado esfuerzo, un trabajo seguramente realizado por su cohorte de asesores, cuyo valor intrínseco es igualmente tan limitado? Muy fácil: porque el mercado está dispuesto a pagar ese precio. El mercado es un número suficiente de personas dispuestas a pagar dos mil euros cada una por escuchar al expresidente norteamericano hasta hacer posible abonar tan astronómica cifra de honorarios por encima de lo que algunos podrían considerar su “valor real”. Lo que demuestra esto es que el valor objetivo de las cosas, tangibles o intangibles, no existe y que es la mayor o menor intensidad con la que la gente las desea lo que determina su rentabilidad económica. Por supuesto nadie ha dicho lo más mínimo contra la suma abonada al Sr. Obama y menos se le ha ocurrido a cualquiera tratar de limitar esos emolumentos en función de supuestos criterios de objetivación para acomodar esa concreta oferta a un precio determinado. Entonces ¿por qué se pretende limitar el precio a otro tipo de bienes si partimos de unos mismos principios? No es lógico salvo que admitamos, así ocurre de hecho, que en función de cuestiones de orden ideológico aceptamos como correctas lo que en otros se abordan mediante la solución contraria.

Marina Playa

El Presidente de Venezuela, Sr. Maduro, en su día, y para hacer frente a los errores de su propia política monetaria causante de una inflación millonaria, decidió hacer una ley que denominó de precios justos (como si tal cosa respondiera a posibilidad de realizar algún tipo de cálculo exacto). El artículo 1 de aquella ley decía que su objeto -era- asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, casi nada, con el fin de obtener, artículo 3-1, “consolidación del orden económico socialista, consagrado en el Plan de la Patria”, lo que culminaba una abierta contradicción porque socialismo (es decir, planificación económica) y precios (los reales, que se basan en la libertad de intercambio) se excluyen mutuamente. El beneficio comercial quedaba limitado por ley un máximo del 30%. Al margen de convertir una norma de carácter económico en un anexo del código penal, el tráfico ilegal de mercancías quedaba equiparado al de drogas, el efecto fue el desabastecimiento total de productos ya que lo que para el Gobierno venezolano era un “precio justo” nada tenía que ver con el costo de adquisición en el mercado para el empresario y el diferencial en venta para obtener un beneficio que le permitiera mantener abierto su negocio y poder pagar nuevas mercancías para seguir atendiendo la demanda. El Gobierno de Venezuela, al mantener un valor de cambio ficticio para la moneda nacional ignorando la depreciación de su valor en el mercado a causa de la inflación provocada, pretendió ignorar que obligaba a comerciantes y empresarios a pagar mucha más cantidad de dinero para comprar una misma cantidad de insumos o bienes elaborados o para adquirir otras monedas aceptables para los proveedores. Las consecuencias fueron desastrosas y todo el mundo pudo ver en la televisión las interminables colas de gente en los comercios buscando adquirir los escasos productos de primera necesidad que llegaban a las tiendas.

Esto no es ninguna novedad, los efectos de la intervención de los precios del mercado ya están teorizados por muchos economistas y comprobados en la práctica sus efectos. Ludwig von Mises en “Crítica del intervencionismo” (1.929) dedica a ello uno de los primeros apartados de su libro (Las intervenciones políticas de los precios). Ahí ya advierte que la intervención autoritaria de los precios agrava los males que pretende evitar, su excesiva elevación, consiguiendo que al final se produzca el desabastecimiento. La mercancía ya no es cara ni barata, sencillamente desaparece del mercado. Luego se produce una reacción sobre el resto de la cadena de valor que obliga mediante nuevos decretos a vender las provisiones existentes, racionar lo que queda y fijar nuevos precios y salarios para todo. Y por supuesto la continuación de la escalada de precios y la temida inflación. Todo esto se sabe, pero algunos políticos no cejan en su afán de demostrar cómo después de crear un problema son capaces de empeorarlo.

Así que cuando los gobiernos deciden intervenir los precios que son las señales que nos indican hacia dónde deben orientarse nuestras decisiones de mercado, lo que hace es aumentar el tamaño del problema que dice atajar. Esto es tan antiguo como la propia economía. La decisión del Gobierno español de “topar” el precio de la luz y subvencionar el de los combustibles era pues un fiasco anunciado. Peor aún por cuanto los precios ya estaban drásticamente intervenidos por los recargos e impuestos que las decisiones políticas han ido imponiendo, elevándolos artificialmente. La única postura razonable no puede ser otra que bajar los costes políticamente impuestos a esos productos o, dicho de otro modo, rebajar el grado de intervención sobre los precios ahora existente, vía eliminación de esos sobrecostes, para que el descenso sea real. Sufragar esos mismos importes con deuda pública (subvención) o por derivación a otros consumidores (por lo que no hay descuento) no es más que aplazar sus efectos o cargar a otros la factura, pero no resuelve los males de fondo.

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