La fijación política de la semana pasada por las elecciones en Cataluña se vio alterada por un incidente difícilmente calificable por la cantidad de aspectos sobre los que incide. Un rótulo aparecido durante la emisión de la noticia sobre el colegio elegido por unos padres para su hija se convertía en agrio debate nacional siguiendo la línea inalterable entre lo que es noticia y lo que debería serlo. Lo de menos es quienes sean los padres, lo de más es que en última instancia, y superando todas las excepcionalidades del caso, los progenitores de una adolescente de quince años tomaban la decisión que tantos padres han tenido adoptar en algún momento de su vida en relación con sus hijos. La diferencia es que siendo los padres los Reyes de España y la menor afectada la Princesa de Asturias, la noticia se hace de obligada dación para conocimiento general. A partir de eso, todo lo demás no puede conducir más que al encanallamiento de un asunto mucho más privado que público y lo ocurrido demuestra que la demagogia imperante ya no encuentra terrenos vedados a las más groseras intromisiones en la esfera más íntima de las personas o de sus familias. El único asunto aquí relevante es que con una niña no se puede hacer política, da igual qué niña, que no hace falta tanto intervencionismo legislativo en la protección de los menores y que es más importante la aceptación de unas mínimas pautas morales que sean socialmente aceptadas, se entiende que las había, ahora no queda eso tan claro con tantas regulaciones, hasta el punto de desacreditar a quienes las infringen con consecuencias más severas que un despido.
Los autores de la “gracieta”, que equipararon la salida de España del exrey con la planificación académica de su nieta en el extranjero, son quizás los últimos responsables de la cadena de anormalidades que favorece que ocurran cosas así. La primera inconsecuencia es que exista una televisión pública que se dedique al solaz político del poder, alimentando por tanto el uso partidista de un medio de comunicación que se costea con los tributos que pagan los españoles. Con toda la lógica del mundo, quienes fueron contratados por un determinado poder creyeron seguir sus tácitas consignas, no hace falta que les digan de forma expresa lo que han de hacer, sin tener en cuenta que el principio de oportunidad es norma básica en política. Fueron inoportunos y les costó no se sabe bien si el puesto que ocupaban o el empleo en la empresa. En todo caso sobre este particular no hay que tener especial preocupación porque ya se sabe que en esta crisis nadie se va a quedar atrás y siempre les encontrarán un discreto lugar en los infinitos recovecos de la creta burocrática.
Otra cuestión axial que revela la “anécdota”, tiene que ver con la justificación de la existencia de una televisión pública, estructuralmente mastodóntica a mayor agravio, para, al final, acabar compitiendo con las privadas. Los que tengan cierta edad recordarán que quienes pretendían ser los futuros empresarios de las televisiones privadas propalaban a los cuatro vientos que cuando se autorizaran en España, se vería lo que eran programas de verdadera calidad. Y efectivamente a la vista ha quedado su benéfica irrupción: la televisión pública eliminó “La clave” y las privadas emiten “sálvames” y “hormigueros” en horarios de máxima audiencia. Si el ejemplo para creer en la economía de mercado fueran las televisiones privadas, abjuraría de ello hoy mismo. Pero como veremos a continuación no es la competencia propia del mercado un ecosistema de libertad en el que se muevan dichas televisiones en España.
Efectivamente, no menos gravedad presenta el hecho de que se puedan fundar todos los periódicos que se quieran pero no todas las televisiones que se quieran, cuyo funcionamiento sólo puede tener lugar mediante licencia administrativa. ¿Y de quien depende dar la licencia administrativa?. Pues eso… El espectro radioeléctrico (nunca mejor empleada la palabra “espectro” teniendo que ver con el estado) fue, en este infierno “neoliberal”, constitucionalmente nacionalizado sin indemnización a los expropiados, que no pueden ser otros que los ciudadanos. De donde se sigue que la proclamada libertad constitucional para, en un plano de igualdad, difundir de manera irrestricta ideas y noticias, es para unos más igual que para otros, o lo que es lo mismo, más igual para los que han podido obtener la dichosa licencia de televisión que para los que no han logrado hacerse con una. De esa manera lo que se ha creado es un cártel empresarial en innegable colusión con el poder político, cuyo nivel de exigencia en orden a la transmisión de sus consignas será equivalente a sus tendencias más o menos intervencionistas, pero como inexcusable débito. En ese sentido no hace falta poner mucho énfasis en advertir que, en cuanto a los debates que se programan, se hace mucha ideología sectaria y poca pedagogía ciudadana a base de enfrentar mensajes artificialmente radicalizados como tributo inexcusable a las exigencias del “share”. Y cómo, en cuanto al “mainstream” que determina el sesgo y la relevancia de lo noticiable, la unanimidad es casi búlgara.
Y ahora vienen los resultados “nacionales” de las elecciones en Cataluña. All the jazz (El show debe continuar).
José maría Sánchez Romera.
