“Nihil novum sub sole” (nada nuevo bajo el sol), que alrededor del poder se formen grupos de intereses para beneficiarse y beneficiar al beneficiador es la historia que ha sido, es y será de la política como expresión de poder y capacidad para determinar cómo deben ser las cosas. Si ese poder tiende a lo despótico y a la autoexención de controles a través de su neutralización por los que debían ser controlados, pongamos el caso de un Ministerio Público convertido en un ministerio a secas, o de la deslegitimación de su ejercicio, la posibilidad de que se cometan abusos se multiplica. Hace ya mucho tiempo esto lo condensó lord Acton en su famoso dictum: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La situación que consume nuestros mejores esfuerzos estos días ya los hemos vivido por tres veces en distintas etapas de gobierno. El cambio de ciclo tras Aznar se produjo porque una parte de la sociedad asumió que se dio una relación de causa-efecto entre el apoyo a la invasión de Irak y los atentados del 11 de marzo de 2.004. El Ejecutivo “popular” cometió una serie de torpezas que potenciaron aquella convicción social que servidas en bandeja a la izquierda hizo gala de su indiscutible eficacia para el agit-prop para hacerse una formidable autopista con la que llegó al poder sin necesidad de tener ninguna idea destacable. Con Rodríguez Zapatero la sucesión del partido político gobernante fue traída por su mala gestión de la crisis económica.
En las democracias occidentales los valores éticos que han regido son los de asumir responsabilidades políticas en el caso de comportamientos de apariencia cuestionable o errores graves en la gestión de los asuntos públicos y mantener el derecho constitucional a la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme. La falta de asunción de las primeras suele atizar la tendencia a usar un conocimiento imperfecto de los hechos que los procesos judiciales en tramitación proporcionan. Pero en esto también las distintas varas de medir que dividen a esas dos Españas, una profecía que tantos malvados (por estúpidos) se empeñan en autocumplir, establece sus diferencias en función del quién y no del qué, por ello no sorprende el recurso dialéctico del Gobierno que consiste no en negar los hechos sino en acusar al PP de haber hecho antes lo mismo. Y ahí, como se decía con cinismo en otro tiempo, siempre ha habido clases, con lo que la consabida superioridad moral se ha visto reforzada con la alianza estratégica entre la izquierda y el nacionalismo, Gobierno Central a cambio de un constante repliegue del Estado en el País Vasco y Cataluña, y lo mismo que hace seis años justificó votar a favor de la censura de un Gobierno, hoy se ha convertido en el silencio de aquellos lobos que en otro tiempo pedían responsabilidades políticas en base a portadas de prensa, informes policiales provisionales y resoluciones judiciales de trámite, usados como pruebas irrefutables de culpabilidad. Esos lobos callan ahora ante hechos similares por algo tan evidente como es que se están comiendo al Estado, de hecho, no contribuyen a la gobernabilidad ni a la estabilidad, simplemente mercadean su apoyo a cambio de leyes “ad hoc” aprobadas a su conveniencia que van en contra de los principios constitucionales y democráticos más elementales. El Gobierno lo sabe y sabe, como ha expuesto Félix Ovejero en un penetrante artículo, que “no se puede contentar a quien no quiere ser contentado”, precisamente porque no llegar a declararse satisfechos constituye el incentivo para seguir exigiendo. Resulta ya incuestionable que se está troceando la soberanía nacional para que conforme a la correlación de fuerzas según los territorios se imponga una parte de la sociedad sobre la otra. El nacionalismo hará obligatorios sus valores en las zonas de su influencia y la izquierda allí donde el nacionalismo no tenga presencia ni interés en tenerla, que sí la tiene y grande en los casos de Navarra y los Països Catalans, una suma de poder que está rompiendo el contrato social, en una versión muy mejorada del original roussoniano, y puede abrir una profunda fractura en la sociedad.
La validez de todos esos actos se ha justificado con el recurso permanente a esa fantasmagoría llamada extrema derecha, algo parecido al hombre del saco, una expresión empleada de manera tan abusiva e indiscriminada que ha llegado a convertir en ultras a la mejor intelectualidad de izquierdas por el hecho de mostrarse críticos con el discurso oficial y resistirse a comulgar con ruedas de molino. La excusa ideológica sirve para eludir todo debate político racional basado en hechos, sustituidos por los prejuicios, de tal forma que basta con aplicar la citada denominación a todo criterio discrepante para justificar cualquier medida. La inclusión en la “mayoría de progreso” de quienes traen causa de Sabino Arana o del Doctor Robert forma parte de ese discreto encanto con el que la izquierda absuelve de sus pecados a quienes se estén dispuestos a formar mayorías que den para alcanzar un gobierno.
Expresión patologizada de esta situación tan anómala se materializó hace unos días cuando la portavoz de BILDU en el Congreso cruzó la no hace tanto impensable línea de amenazar desde la tribuna de oradores al Partido Popular con promover su ilegalización uniendo sus votos al resto de grupos, se entiende que contando con los votos de esa mayoría mostrenca. El salto cualitativo que implica que un partido de origen tan siniestro pueda presumir de poder contar con votos suficientes para situar fuera de la legalidad a la representación de millones de españoles comprometidos con esa legalidad, demuestra el grado de deterioro que el suelo constitucional antes compartido por una proporción abrumadoramente mayoritaria de la sociedad y cómo se está resquebrajando por esa conjunción tóxica entre idólatras del poder y ese tribalismo cainita que inspira el nacionalismo, germen de las peores dictaduras, junto a las implantadas en el este de Europa, del pasado siglo XX.
