España nación abierta / José María Sánchez Romera

De la ley a la ley. Del franquismo a la democracia sin vacío legal de por medio (Ley de Reforma Política), del sistema democrático como hasta ahora la hemos conocido a otro régimen distinto ley a ley es a lo que apuntan los pasos que el Gobierno va dando a pesar de las negativas que preceden a cada avance. No puede entenderse de otra manera todo lo que está ocurriendo si no es porque ya existe un diseño político para modificar el actual. El proceso catalán culminado en 2.017, transitoriamente abortado, puede que sea el guión: de las leyes autonómicas a las leyes de desconexión, aunque haya que forzar algunos resortes legales. Minucias frente al logro de la sociedad perfecta soñada. Las pesadillas las sufrirán los que no sepan entenderlo.

Muchos puede que invoquen esperanzados a “Europa”, pero esa acción de oro carece ya de poca eficacia de bloqueo. Lógicamente cabría pensar que la desorganización jurídica de la España actual redefine necesariamente el proyecto europeo y que eso generaría una resistencia de sus instituciones. Eso es poco realista, la Europa política ha degenerado en un sistema burocrático que premia y castiga a través del único clavo que sujeta todavía las varillas del abanico: el Banco Central Europeo. La ley de hierro de las oligarquías políticas queda confirmada una vez más.

El asunto está muy claro, quien fija sus estrategias con los que impugnan el sistema aceptan su impugnación, no es suficiente el argumento de que esto responde a simple deseo de prolongar de la vida del gobierno, la idea es esa, pero no reducida al año que queda de legislatura. Luego vendrán los matices, pero éstos solo afectarán al modo en que esa convergencia determine el reparto del poder, no la orientación esencial del diseño. Las viejas revoluciones eran impulsadas por una élite que podía triunfar si reunía masa crítica de alzados suficiente para la toma del poder por la fuerza. Ahora se prescinde del factor violento y se sustituye por una propaganda que anticipa la justificación de los cambios proyectados. La revolución generalmente es el triunfo de un grupo sobre el resto, pocas veces una unidad de propósito de convivencia sobre valores compartidos. Por eso las revoluciones necesitan en sus primeros momentos reprimir toda resistencia, los métodos que se empleen para ello no cuestionan en todo caso el factor represivo.

Un Estado que aspira a su supervivencia no se debilita a propósito frente a sus adversarios. La organización estatal solo pervive si se mantiene la coherencia interna del entramado jurídico que lo define. El monopolio de la violencia es la definición del estado como sostenía Max Weber y aquella se justifica a través de las normas penales que protegen al sistema de la violencia ilegítima, esto es, aquella que no se ejerce por el estado. Cuando de una forma tan explícita se renuncia a la legitimidad de su defensa por la ley, se admite que todo queda abierto para ser cuestionado y no hay gobernante tan estúpido como para ignorar esta consecuencia, se trata por tanto de algo deliberado. Negociar el Código Penal con quienes tratan de subvertir el Estado es como un desarme voluntario, una renuncia a resistir ante el invasor. Es más trágico no querer verlo que lo que finalmente ocurra, aunque las perspectivas no pueden ser más inquietantes. La mezcla de ambición y desconocimiento rara vez suelen traer la felicidad que con tanta arrogancia sus protagonistas se atreven a prometernos.

Los grandes cambios empiezan por las palabras, por ejemplo, llamar reforma a una amnistía.

 

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