Aún faltan seguramente muchas cosas por saberse, pero opiniones muy solventes se decantan por considerar que el apagón nacional del lunes 28 de abril se ha debido a un desfase entre el aporte de las energías renovables en la medida en que su introducción en el sistema que atiende la demanda energética puede ocasionar picos de generación que, al no poder ser controlados, hacen que salten los dispositivos de seguridad. Esta posibilidad ya estaba siendo advertida por conocedores de esta materia tan técnicamente compleja e incluso por la propia Red Eléctrica Española en un informe emitido en fecha tan cercana como el pasado mes de febrero en que se alertó de los peligros que la eliminación de fuentes de producción de “potencia firme”, las “no renovables”, es decir constante y controlable, podrían acarrear en forma de “incidentes operacionales que puedan afectar al suministro”, léase apagones. La entidad REPSOL también lanzó una advertencia cinco días antes del gran fallo de suministro del pasado lunes. Lo que posiblemente no se podía anticipar era la magnitud del desastre que se ocasionaría caso de acaecer el riesgo teórico que se avanzaba, lo que sí correspondía las autoridades es haber tomado nota de los avisos que se estaban produciendo que ya estaban teniendo manifestaciones en algunas incidencias ferroviarias. El problema más grave surge cuando todo se politiza y se abandona lo que dictan la razón y el sentido común.
LA CIENCIA Y LOS CIENTÍFICOS: Los científicos, como los intelectuales, que rodean al poder pueden ser fuente de serios peligros y la invocación de la ciencia oficial como fuente del mejor conocimiento es una falacia recurrente. Así como los datos oficiales se manipulan, las opiniones de los científicos ligados a la administración también, a veces tampoco es necesario tergiversar esos dictámenes porque, como en todo, hay expertos dispuestos a complacer con sus ideas a quien manda, con esto no se descubre nada. En el mundo del saber empírico hay tanta honradez como en otro cualquiera y la objetividad puede mostrarse de muy distintas formas para confundir. El mundo de la ciencia no es neutral como pudiera parecer y en muchos casos responde a intereses de muy diverso tipo, al fin y al cabo, son personas quienes están detrás de la palabra ciencia, con sus virtudes y limitaciones. Una opinión se considera científica en función del sujeto que la emite, su credibilidad viene dada “a priori”, pero carece de valor si no es sometida a verificación y contraste.
LA CIENCIA OFICIAL Y EL “TERRAPLANISMO”: La acusación de “terraplanismo” ha cursado con éxito en ciertas élites políticas que quieren imponer su ingeniería social. Las diferencias en cualquier asunto que interfiera los proyectos de un gobierno se despachan acusando al disidente de “terraplanista”, una palabra que por lo demás resulta de un simplismo y vulgaridad contradictorio con la superioridad que pretende exhibir quien la utiliza. Es más, se abusa de ella precisamente por parte de quienes no dudan, por ejemplo, en cuestionar evidencias biológicas elementales que tratan de alterar mediante trámites burocráticos. Ciencia es lo que dice un gobierno, ni lo que de forma sesgada es habitual que los medios de comunicación transmitan, aunque digan ampararse en opiniones de expertos que a veces no son tales. La ciencia tampoco es cuestión de posturas mayoritarias como se pretende dar a entender (el llamado consenso científico). Precisamente los mayores avances en el conocimiento se producen a partir de opiniones muy minoritarias que descubren errores o datos nuevos que cuestionan la postura imperante hasta ese momento. El “sapere aude” (atrévete a saber) kantiano es precisamente una invitación a desafiar la validez de lo conocido.
LA CIENCIA (SALVO LA BÉLICA) NO PROGRESA POR IMPULSO POLÍTICO: En los últimos tiempos los políticos se han dedicado a diseñar el futuro sobre tecnologías escasamente desarrolladas o prácticamente inviables en la realidad. Pretender que se puede imponer una determinada forma de progreso, aceptando que sea la mejor, a base de normas y decretos es un completo despropósito lógico, histórico y por supuesto científico. Watt no inventó la máquina de vapor por encargo de un gobierno, ni éste impuso su uso por ley; como Thomas Alba Edison no inventó la bombilla en una dependencia administrativa por mandato de un funcionario, ni el Gobierno Federal de los USA se dedicó a su fabricación. Los coches sustituyeron a los caballos de forma paulatina, sin mandatos imperativos, cuando la ingeniería y la amortización de sus costes de producción los hicieron más útiles y asequibles económicamente que los animales de carga. Implantar tecnologías a una fecha determinada declarando de modo arbitrario la caducidad de otras o ligar los costes energéticos y la garantía del suministro a oscuros escenarios climáticos basados en cuestionables proyecciones teóricas hacia el futuro, que no son verificables, resultan de una arrogancia ajena a lo científico y, si se quiere, también a la idea de democracia. El poder no tiene todas las respuestas, es más, ellas muchas veces son el resultado del instinto de autoprotección de quienes lo detentan. ¿Cómo puede hablarse de proteger a la sociedad al margen de ella?
Nuestras ciudades reprodujeron la noche del lunes al martes una penumbra prehistórica. La lección a extraer del armageddon ocurrido este lunes, calificado como bulo hasta casi la víspera, es que el Estado no es la única solución, sino una parte de la solución que actúa como un factor más de resolución en determinados momentos. El Estado no sólo no nos protege de cualquier evento, sino que puede con su acción o su negligencia causar graves estragos. La reacción cívica de la ciudadanía y su autocontención no ha sido mérito del Estado ni de su existencia, se explica por esas normas de recta conducta que se han ido asimilando de forma paulatina por medio de los usos sociales espontáneos que han rechazado unas en beneficio de otras como expresión de libertad y ausencia de coerción. El gran error que actualmente se comete es el sometimiento de toda la sociedad a una jerarquía de fines impuesta desde el poder. Éste al final lo que hace es luchar por sobrevivir y de ahí que como hemos podido ver la autocrítica estado ausente en la reacción del Gobierno a esta última catástrofe y por el contrario hayamos tenido una secuela de la conocida película “Sospechosos habituales” al señalar a las empresas privadas, tan privadas que dependen del BOE, como responsables de todo, pese a que REE es de facto de titularidad pública por composición accionarial. Y ello sin reparar en que un Gobierno que alardea de su intervencionismo, como tantos otros por desgracia, sólo puede ser culpable de todo como contrapartida indisociable de atribuirse el mérito de todo.
José María Sánchez Romera
