Dice el tópico que la primera víctima de la guerra es la verdad y desde luego no iba ser una excepción la actual iniciada con el ataque de USA e Israel a Irán. La primera y más obscena de todas es que hay partidarios congénitos del conflicto armado y pacifistas portadores de un ADN especial, en cada caso producto de sus respectivas elecciones ideológicas. En relación a los segundos basta hacer el recuento de las guerras contra las que no han protestado ni firmado manifiestos y de las dictaduras que nunca han condenado para deshacer la farsa. Pese a la evidencia de esto último en todos los debates que se suscitan sobre ésta o cualquier otro orden de cuestiones subyace una especie de corriente subterránea que consagra el método de análisis por el cual se impone los dictados que el ADN especial establece, pese a la petición de principio en la que incurre, secuela de haber dejado a la izquierda, por pereza intelectual, el sello de cuanto merece ser considerado democrático. Esta crítica podría abordarse desde los muchos aspectos que toda guerra y, por supuesto, la que está en curso, presentan. Pero quiero en este caso centrar mi interés en las cuestiones económicas al ser las que mayoritariamente se están utilizando en los medios para incentivar la inquietud ciudadana.
Algo que llama de inicio la atención es que los precios de los carburantes, la estricta materialidad, sean los que conciten el mayor interés mediático y político de muchos gobiernos, reforzados propagandísticamente por ese mundo hasta ahora oculto llamado derecho internacional, cuyas reglas quedan en suspenso cuando determinados países hambrean y masacran a sus poblaciones. Resulta de ello que en el Occidente de los principios y de la normatividad jurídica y moral basada en reglas de ámbito global las vidas humanas cuentan menos, vistas las preferencias declaradas, que el precio del crudo. Es decir, dejando aparte el indisimulado deseo de no pocos a la espera que americanos e israelíes salgan bien escaldados de la guerra contra Irán, el eje sobre el que gira la acción armada en curso es que a buena parte de Occidente la escasez y subida del petróleo, y por capilaridad a los precios de toda la cadena de valor, le va a resultar muy costosa en términos económicos, algo que entra se contrapone a sus decisiones en relación a la Guerra de Ucrania que ha tenido efectos muy similares, pero cuyos sacrificios se han sepultado bajo un sinfín de apelaciones a los principios y a la seguridad colectiva. No hay noticia de apertura ni titular destacado en el que no se hable e insista en la escalada de los precios de los combustibles, lo cual por otro lado esconde varias mentiras a las que haré referencia más adelante. De todo ello debe seguirse de forma necesaria que si mañana se firma un cese incondicional del conflicto por el cual el barril de petróleo bajase a sesenta dólares se daría por buena la continuidad del régimen iraní, dando el llamado mundo por amortizados principios democráticos y valores sociales como el feminismo, la libertad de expresión y otros que en Irán no parecen muy sólidos, dándolos por amortizados en función con el objetivo de recuperar la dulce existencia precedente. Seguramente los partidarios del decrecimiento económico no han reparado en la oportunidad que sin mayor esfuerzo les ofrece esta situación ya que un shock de oferta energética de tal alcance provocaría una caída en vertical de la producción. Puede que debieran considerarlo y apoyar la guerra, en definitiva qué es una contradicción más en ese fluir constante del progresismo, siempre podrían decir que no hay mal que por bien no venga.
Y pese a lo que los medios nos vienen ofreciendo de manera insistente y repetitiva las consecuencias económicas de la guerra, éstas no responden a esa especie de foto-fija que nos transmiten. Por más que lo repitan subidas de precios e inflación no son conceptos intercambiables porque responden a causas y tienen efectos muy diferentes. Una subida de precios puede ser, como es el caso, consecuencia de una situación transitoria que eleva algún producto determinado, variación al alza actúa como advertencia de escasez, una reacción “natural” de la economía ante un evento excepcional. Eso hará además se reequilibren los gastos consumiendo menos de otros productos que a su vez bajarán los precios para seguir vendiendo, aunque sea menor margen de beneficio, algo que, es cierto podrán acometer mejor o peor en función de la elasticidad de su demanda, pero sin perder de vista la provisionalidad de la situación, dicho con otras palabras, se adaptarán a las circunstancias porque el mercado libre no tiene que esperar órdenes superiores y reacciona de inmediato. Una vez la situación se normalice la economía realizará nuevos ajustes en cuanto a precios y producción tal y como la historia económica nos demuestra. Baste recordar las convulsiones bursátiles iniciales por el anuncio de los USA sobre su nueva política de aranceles y cómo a aquello le sucedió una recuperación inmediata en el mercado de valores una vez se estabilizaron las relaciones comerciales internacionales.
La inflación nada o muy poco tiene que ver con la subida de precios que un hecho extraordinario puede provocar. La inflación es un fenómeno monetario, por tanto, si se mantiene estable el dinero en circulación no aumentan la masa monetaria para estimular la demanda, algo disparatado si se está ante una bajada de la oferta de bienes, o financiarse más gasto con esa excusa, el crecimiento de los precios de determinados productos, aunque puedan “contagiar” a otros durante ese tiempo, cesará tan pronto desaparezca la causa que lo provocó. Sin más dinero en circulación el brote inflacionario es prácticamente imposible. Resulta curioso que no se hable de subida de precios y, por supuesto, menos aún de inflación, cuando el Gobierno decreta subidas políticas de salarios orillando la productividad real de la economía. Al hilo de ello no está de más recordar que la dignidad de un salario no es la cifra, que no deja de ser una magnitud relativa, sino la cantidad de cosas que permite adquirir, aparte de que haya salarios muy altos y a la vez muy indignos, algo a tener en cuenta para confundir las categorías. El salario forma parte de la estructura de costes de producción, elevarlos entraña elevar el precio en dinero de la mercancía, no tiene un efecto distinto al de una subida del petróleo o cualquier otro insumo que se necesite en la industria. De esa escalada no son culpables los trabajadores y empleados, tampoco las empresas a las que las subidas generales de costes pueden perjudicar su volumen de ventas y la cuenta de resultados. Es responsabilidad intransferible de los gobiernos con sus políticas aparentemente amables de elevado gasto público, apoyado en impuestos elevados (sin que nunca lleguen a mejorar el déficit) e intereses bajos los que provocan la inflación, que es esa subida estructural de precios que se queda para siempre y que no deja de crecer por la constante devaluación del dinero que hace precisas cada vez más unidades monetarias para adquirir una misma cantidad de productos. Los medios de comunicación por ignorancia, por complacer las indicaciones de fuentes oficiales, es decir, políticas, o asesorados por esos desconocidos “expertos” a los que se recurre como fuente, falaz, de autoridad, dan cuenta de forma poco rigurosa de todas las cuestiones de tal manera que provocan una gran confusión en la sociedad.
En el caso de los precios de los combustibles la solución parece sencilla, otra cosa es que no se quiera aplicar porque rinda grandes ingresos al Estado: bajar con carácter general los impuestos a los hidrocarburos en la misma medida que ha subido su precio, la recaudación anterior se mantiene pese a aplicarse un coeficiente menor de tributación dado el mayor valor del bien sobre el que se aplica el gravamen. Teniendo en cuenta que lo pagado en impuestos por cada litro de gasolina o diésel representa nada más ni nada menos que el 50%, la solución apuntada sería lo más razonable y no peligraría ningún derecho (noción cada vez más inefable) como se suele argüir como excusa por quienes tratan de mantener un alto control social cebando la caja de los recursos públicos.
José María Sánchez Romera
