Las declaraciones ante el Juez de Víctor de Aldama han provocado, como no podía ser menos, un gran número de reacciones, fundamentalmente entre políticos y periodistas, de estos últimos y muy fundamentalmente, los que firman columnas de opinión o se pronuncian en programas emitidos en medios audiovisuales. De lo que opinan los políticos el interés es limitado porque suelen atenerse al guion que su pertenencia a un partido predetermina, es decir, prima el interés político sobre cualquier otro al margen de los hechos en sí mismos y de sus manifestaciones precedentes. Mucho más relevantes son los análisis que se han hecho de esta situación concreta en la que un Gobierno de izquierdas se ve señalado como vértice de una trama corrupta en la que como siempre el dinero juega un papel esencial.
La resolución de este expediente nacional sólo puede despacharse en el doble sentido que le es propio: en el plano político y en el judicial. Las exigencias son diferentes en cada uno y mientras que en el primero las apariencias traen consecuencias, en el segundo las pruebas legalmente obtenidas en un proceso son las que deben condicionar la respuesta del estado de derecho. Por poner un ejemplo reciente, lo ocurrido con el Sr. Errejón es ejemplo de lo que decimos: la denuncias sobre su comportamiento eran políticamente incompatibles con el cargo, pero su presunción de inocencia persiste (mantenida por suerte para él pese a que el propio Errejón pedía suprimirla para los delincuentes sexuales) en tanto el proceso judicial no concluya estableciendo lo contrario. Esa presunción de inocencia es categórica y no admite zonas de sombra en función del tipo de delito o de la persona que lo cometa, un recordatorio necesario cuando en tantos casos se quiere hacer un uso particularizado de ese principio, véase sino cómo la brocha gorda de la opinión progubernamental sólo ve responsabilidades en el Sr. Mazón con un maniqueísmo del que ni cierta intelectualidad se excluye cuando se la esperaría que estuviera en niveles superiores al de un cerebro programado para funcionar como vulgares activistas.
Se advierte una notable confusión en considerar la circunstancia ideológica del Gobierno como algo constitutivo de modo que al ser la corrupción incompatible con sus principios convierten esa hipótesis en un imposible metafísico, esas ideas funcionarían como anticuerpos para asegurar la inmunidad tanto del conjunto como de los individuos a ese tipo de riesgos. Sin embargo, no hay tal y ello trasluce una concepción antropomorfa de una abstracción como es la ideología, pretendiendo dotarla de voluntad ajena y superior a la del sujeto que la profesa. Esta tesis queda plasmada de manera explícita por Pedro G. Cuartango en su “tercera” de ABC de ayer, avalando cándidamente la superioridad moral de la izquierda, al retar a Pedro Sánchez a elegir entre el poder y su ética socialista, que viene de ese modo a confirmar la tesis de Rosa Montero, El País ayer también, de que hay ideologías del mal, básicamente conectadas con “la derecha” por supuesto (los talibanes que sojuzgan a las mujeres afganas deben ser neoliberales), cuando lo que hay son coartadas o prejuicios desde los que ejercer el mal. Está probado que no todos los abusos son consecuencia de una forma de pensar determinada, diríase los menos, son comportamientos que nacen de la acción humana, al margen de que se sirvan de unas ideas para llevar a cabo conductas éticamente reprobables o directamente criminales. La ideología no traza una línea divisoria entre el bien y el mal humano, ni siquiera cuando se invocan unos valores tampoco significa que sean los que se aplican en último término. Por tanto, lo que está concernido en esta situación es un principio ético personal y no de partido, así además lo dejó establecido el propio Presidente del Gobierno cuando acusó a Rajoy de no ser decente, una cualidad personal, no política. Bajo ese prisma está comprometida su respuesta ante la realidad presente.
De ahí que no se tenga que asumir por un proyecto social intervencionista o que propugne el control por el Estado de la conciencia y la economía sea más incompatible con la falta de ética y el delito que una idea conservadora o liberal de la organización política. Muy al contrario, lo que nos dice la experiencia a través del conocimiento de la historia es que bajo diferentes concepciones del Estado se han cometido crímenes y que, puestos a valorar en función de las tendencias que implican ciertos sesgos ideológicos, no salen precisamente mejor parados quienes han postulado un férreo control de la sociedad en la búsqueda del paraíso igualitario, ese unicornio tradicionalmente usado por quienes buscan justificar una ocupación perpetua del poder. El objetivo se presenta tan bello que tiene que justificar todo sacrificio transitorio, incluido el atropello de derechos básicos, aunque esas premisas impliquen concluir con una tesis tan aberrante como que el dictador Maduro es más honrado que el Canciller alemán Scholz.
La integridad moral, como la compasión o la inteligencia son atributos específicamente humanos y son ellos los que condicionan la conducta de las personas, no la ideología, algo con lo que no se nace, ni presupone la anulación de las desviaciones individuales como si fuera la culminación de un rito iniciático que conduce a un estado de bondad platónico. La imperfección es intrínseca al individuo y por ello la civilización ha venido desarrollando normas de correcta conducta que sancionan esas desviaciones bien por rechazo social que provocan o aplicando leyes que disuadan de la práctica de las más lesivas a fin de impedirlas. Precisamente una de las razones por las que la Constitución protege la privacidad de las ideas de cada uno prohibiendo que sea obligado a declararlas es porque así se preserva la igualdad ante la ley sin que la reacción del Estado pueda condicionarse a ese hecho.
Es de esperar que en esto, como en otras cosas, no hayamos iniciado un proceso de involución.
