Las dificultades sociales tienen muchas formas de abordarse, pero hay dos principales: desde la demagogia, término en desuso sustituido por el de populismo, o desde la racionalidad. La política española lleva tanto tiempo alejada de los mínimos de sentido común exigible para cualquier actividad con alguna posibilidad de éxito, que todo se ha convertido en populismo. Dado que la escasez de vivienda y los altos precios (relativos porque se relacionan con el poder adquisitivo medio) son una realidad patente, no podía esperarse que un bien de primera necesidad como el lugar donde se vive se abordara con el análisis realista que precede a las decisiones eficaces. Pese a deriva populista del discurso público no deja de sorprender el número de competidores que concurren al oscurecimiento de las verdaderas causas de los elevados precios a los que cotiza todo y en particular la vivienda y cómo un problema que atañe a los poderes públicos se quiera descargar desde algunos sectores políticos y mediáticos sobre las ya molidas espaldas de la mayoría de los propietarios, sean o no arrendadores o “rentistas”, última denominación que quiere enfatizar su maldad. La rica factoría de la izquierda supera con mucho a Disney en fantasía a la hora de crear enemigos imaginarios con los que eternizar el mito de la lucha.
El pasado domingo según la prensa se manifestaron miles de ciudadanos en Madrid y Barcelona, exigiendo la intervención del mercado de la vivienda limitando el precio de los alquileres y prohibiendo las transacciones que no tengan como objeto la adquisición de una vivienda como residencia estable. ¿Es aceptable que unos miles de manifestantes decidan por todos lo que cada uno hace con los bienes legítimamente adquiridos o destinen sus medios económicos a lo que crean más conveniente para sus vidas o sus familias? El sesgo que subyacía en las informaciones que daban muchos medios de comunicación parece que así lo daban a entender. La pregunta pertinente sería qué saben de esto quienes crean esos formatos noticiosos y se apuntan entusiasmados a soluciones de rompe y rasga, aunque hay otra más decisiva: ¿conocen algún país próspero donde se gestione de esa forma la vivienda? La respuesta es no y precisamente allí donde es reducida a un mero valor de uso que se distribuye por criterios políticos, las viviendas son de mala calidad, limitadas dimensiones y en estado de mantenimiento lamentable con el paso del tiempo. Y es que contra lo que sale del socialismo más ágrafo, nada es gratis, esas teorías fallidas conllevan una escasez endémica de bienes causada por la arbitrariedad que supone gestionar los recursos por parte de un planificador central que siempre perseguirá objetivos políticos por encima de los económicos y tergiversará a su conveniencia la realidad mediante el dominio de la información.
La cuestión es que desde los sectores políticos intervencionistas se quiere crear la impresión de que hay gente partidaria de las subidas de precios, mientras que unos guerreros sociales luchan denodadamente contra los especuladores que abusan de su posición en el mercado para extraer rentas de los más desfavorecidos. Lo cierto es que no sólo ha subido los precios de las viviendas y de los alquileres sino de todos los bienes y mercancías porque los incrementos generalizados de precios tienen un efecto de arrastre y son los que generan el efecto inflacionario en la economía. Un efecto que por supuesto no surge por generación espontánea sino como producto del frenesí de los bancos centrales imprimiendo moneda siguiendo las indicaciones gubernamentales para financiar los monstruosos déficits fiscales que generan. Es muy fácil de entender: es el aumento de la oferta lo que genera bajadas de precios, su restricción lo contrario. Si se imprime mucho papel-moneda, ésta vale cada vez menos y el poder adquisitivo del dinero cae, por el mismo principio, si se reduce la oferta de vivienda y con el impulso de la ola inflacionaria, el precio sube. Es una cuestión de primero de economía contra la que van quienes quieren intervenir el mercado quejándose luego de los efectos que ellos mismos ocasionan con el modelo económico que aplican. No se puede abominar de las consecuencias de la inflación y clamar contra la austeridad promoviendo una política monetaria suicida.
Si la cuestión fuera tan simple como que los gobiernos fueran capaces de saber el precio justo de las cosas (eso se hacía en la Unión Soviética con tomos y tomos que fijaban los precios de todo, con el “éxito” conocido), no se producirían los fenómenos que sistemáticamente desencadena la intervención, pero como esto no es así, no hay precio más justo que aquel que se forma libremente por el acuerdo entre oferta y demanda. No es el mercado el que se equivoca, simplemente fluctúa de acuerdo con el comportamiento de los agentes, si uno de éstos es un gobierno que obliga a pagar y aceptar precios que no son los que se fijan mediante acuerdos voluntarios, no es que falle el mercado es que las interferencias públicas provocan que colapse. Para entender esto basta leer el libro de von Mises, “Crítica del intervencionismo”, escrito hace unos cien años y del que no hay que modificar ni una coma, todo está advertido frente a la tentación intervencionista.
Pero no sólo es lo que conocemos como efectos asociados de la intromisión gubernamental en la formación de los precios, existe una primera causa que son las medidas fiscales con las que se van poniendo cepos sucesivos y crecientes a la posibilidad de que los precios bajen. Los gobiernos crean problemas para los que luego buscan culpables y el caso de la vivienda es ciertamente paradigmático. Se trata de uno de los sectores más regulados, y para mal en todos los aspectos, de la economía. Desde el impuesto que paga el adquirente de una vivienda, en torno a un 8% del precio, continuando por el impuesto local anual sobre la propiedad, que no ha parado de subir para compensar las pérdidas de ingresos de los municipios por otros conceptos, pasando por el coste y los obstáculos administrativos a la obtención de licencias de obras y la consiguiente parálisis de la construcción, sin olvidar toda la normativa vigente sobre vivienda y alquileres que deja indefensos a los dueños de viviendas frente a quienes incumplen los contratos, y pagándoles los gastos, todas son decisiones políticas, son en este caso sus causas eficientes. Los verdaderos expertos, no esos seres desconocidos que se citan apócrifamente en los telediarios, ya anticiparon los efectos negativos de la Ley de la Vivienda, una norma creada para la felicidad de la gente según sus promotores. Ahora se quiere que paguen justos por pecadores llamando mediante el demagógico adjetivo de “rentistas” a los modestos ahorradores (un 92% de los propietarios) que sacrificando su bienestar generaron ahorros para comprar una vivienda.
El estado del bienestar es un constructo, no existe, el estado no tiene nada que previamente no haya tomado de alguien, existe la sociedad del bienestar, la que se crea trabajando, produciendo y favoreciendo la creatividad que genera la libre iniciativa. El secreto de un buen gobierno es que asuma con buena fe democrática sus limitaciones, si condiciona el proceso político a los grupos de presión que buscan sus propios intereses, da igual los que sean, deviene en un metagobierno abocado al fracaso.
