La Junta General de la Mancomunidad, celebrada el pasado lunes 15 de diciembre, aprobó el resultado económico de la explotación del servicio del ciclo integral del agua correspondiente al año 2024, que refleja un supuesto déficit de 74.527 euros. Este reconocimiento obligaría previsiblemente a la Mancomunidad a compensar a la empresa concesionaria, Aguas y Servicios, una situación que en ejercicios anteriores ha desembocado en subidas del recibo del agua.
Izquierda Unida votó en contra de esta resolución al considerar que, según la documentación aportada por la propia empresa, el ejercicio 2024 no se cerró con pérdidas, sino con un superávit de 460.562 euros.
De acuerdo con las cuentas aprobadas en la Junta General, los ingresos de Aguas y Servicios en 2024 ascendieron a 20.751.561 euros. Mientras que la Mancomunidad cifra los gastos en 17.649.227 euros, la empresa concesionaria los sitúa en 17.195.762 euros. Esta diferencia explica que, en los documentos aprobados por la Mancomunidad, se hable de un déficit cercano a los 75.000 euros, mientras que en el balance presentado por Aguas y Servicios se refleje un superávit de más de 460.000 euros.
El portavoz de Izquierda Unida solicitó explicaciones al presidente de la Mancomunidad por esta discrepancia “relevante” entre el balance de la empresa y el finalmente aprobado por el órgano supramunicipal, sin que, según IU, se hayan ofrecido aclaraciones al respecto.
Desde Izquierda Unida consideran que, si el balance aportado por la concesionaria es correcto y existe un superávit significativo, la Mancomunidad no solo puede, sino que debería plantear una bajada de la tarifa del agua para 2026. La formación recuerda que el recibo del agua ha subido un 20% en 2025 y un 5% en 2024, por lo que estiman “razonable” aliviar la carga económica de familias y negocios de la Costa Tropical.
Asimismo, IU insiste en la necesidad de acometer una profunda reestructuración del sistema tarifario. La formación critica que la actual tarifa mantenga una parte fija muy elevada, lo que provoca que la diferencia entre el recibo de una vivienda con alto consumo y otra con bajo consumo sea escasa. A juicio de Izquierda Unida, este modelo desincentiva el ahorro de agua, ya que apenas premia a quienes realizan un consumo responsable frente a quienes derrochan el recurso.
