Izquierda Unida Podemos quiere que la avenida Juan Carlos I pase a ser avenida del Mar

Ante las últimas noticias sobre las presuntas ilegalidades financieras del rey emérito Juan Carlos I y su también presunto autoexilio del país, la formación sexitana de Izquierda Unida Podemos planteará en el próximo Pleno municipal que la actual avenida Juan Carlos I pase a ser avenida del Mar.
Según señala la formación de izquierdas, al margen de la investigación que la Fiscalía de Suiza está realizando sobre si las comisiones cobradas por la construcción del AVE a la Meca, un proyecto en el que participa un consorcio de empresas españolas, es parte del dinero que posee el rey emérito, “a nadie escapa que la huida del país de Juan Carlos I responde a hechos que no se pueden permitir a ningún cargo público”.
«No estamos hablando de suposiciones», desarrolla Gabino Ovalle, responsable de Podemos Almuñécar.
La Casa Real, ante las informaciones vertidas al respecto en los medios de comunicación, emitió un comunicado haciendo pública su decisión de “renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”.
Ovalle afirma que nos encontramos ante unas prácticas que condenaríamos en cualquier circunstancia, así como a las personas que las realizan, “por lo que no es de recibo que se homenajee o existan reconocimientos a quien en uso de sus funciones actuó de manera irregular para beneficio personal”.
Jesús Ruiz, coordinador local de Izquierda Unida, comenta que desde la coalición de izquierdas “entendemos que las instituciones públicas y sus representantes, así como la ciudadanía en general, tienen que dar ejemplo y no se pueden exaltar las conductas y las personas que no actúan conforme a la sensatez y la lealtad que impone la responsabilidad pública y social”.
Por ello, afirma Ruiz, presentan dicha propuesta, “porque no se puede glorificar a personas o conductas que confrontan con los valores y acciones que exigimos a los cargos públicos y que estos nos exigen al resto de la ciudadanía. Como corresponde, por otra parte”.

 

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