La Abogacía de Granada alerta del colapso judicial y exige medidas urgentes para garantizar una justicia ágil

 

El Colegio de Abogados de Granada manifiesta su profunda preocupación ante el grave colapso que sufren los órganos judiciales de la provincia, con señalamientos fijados incluso para mediados de 2028. Esta situación afecta directamente a la ciudadanía y dificulta el ejercicio profesional de la abogacía.

En los últimos meses, la Corporación ha constatado un incremento alarmante en los retrasos de señalamientos, resoluciones y trámites procesales, lo que repercute en la tutela judicial efectiva y sobrecarga aún más al sistema de justicia. Casos de divorcio con menores pendientes de medidas urgentes, juicios laborales por despido, reclamaciones de incapacidad, procedimientos penales o ejecuciones hipotecarias se ven demorados de manera inaceptable, dejando a justiciables y profesionales en un estado de impasse que vulnera el derecho a una justicia rápida y eficaz.

Aunque la Jurisdicción Social ha sido históricamente la más afectada, la Abogacía granadina advierte de que el colapso se extiende ya a la Civil, con juicios señalados para finales de 2027. Las previsiones, además, apuntan a un empeoramiento de esta situación mientras los operadores jurídicos se adaptan al nuevo modelo judicial de la Ley de Eficiencia Procesal y no se refuercen las plantillas para atender el creciente volumen de asuntos.

Por ello, el Colegio exige a las Administraciones competentes la adopción inmediata de medidas estructurales y organizativas que permitan revertir esta crisis: aumento de jueces y funcionarios, modernización de los sistemas informáticos y dotación suficiente de medios materiales.

La Abogacía granadina recuerda que la justicia no puede convertirse en un servicio inoperante, ya que ello supone un perjuicio directo para la ciudadanía y erosiona la confianza en el Estado de Derecho. La institución reitera su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero advierte que seguirá denunciando públicamente las carencias y reclamando responsabilidades hasta que se produzcan mejoras reales. Porque una justicia lenta no es justicia, y los granadinos merecen un sistema ágil, eficaz y dotado de recursos adecuados.

 

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