La condena de alguien nunca es una buena noticia, pero el triste espectáculo que ha culminado con la condena del Fiscal General del Estado es el colofón de una escalada de despropósitos iniciada por el Gobierno y llevado al enésimo choque ideológico, lo que por definición excluye la racionalidad y el sentido común. Muy probablemente si el hecho origen del problema hubiera sido depurado mediante la asunción de responsabilidades políticas y administrativas la solución, aparte de menos traumática, habría impedido el conflicto…salvo que sea eso lo que se busque con el fin de eludir otro tipo de debates. La cuestión es muy sencilla: ni para defender la verdad ni para descubrir una mentira se puede hacer uso de datos confidenciales sean de quien sean y si el secreto profesional ampara no revelar las fuentes de un periodista, ese mismo principio debe aplicarse a quienes en función de su cargo u oficio manejan información de la que sólo disponen y pueden usar en función de ese orden. Separada de la autoría penal, la responsabilidad en la filtración de documento confidencial desde la Fiscalía, con o sin nota oficial, era una responsabilidad como mínimo mediata del FGE y esa fuga de información poco compatible con su continuidad en el cargo, con o sin culpabilidad directa. Irrumpir además en el debate político por una pretendida información falsa o sesgada no justifica desvelar algo que otra persona traslada a alguien confiada en que la ley impide su divulgación. “Ganar el relato”, y no será por falta de relatores dispuestos a triunfar, no está encomendado a ninguna autoridad pública, es habitual que las resoluciones judiciales se interpreten de forma torticera y los jueces que las dictan no se dedican a publicar desmentidos. No hay verdad a cualquier precio, por eso la civilización execró la tortura y otros tratos degradantes a los acusados, aunque eso beneficiara a criminales señalados por sospechas sin posibilidad de ser probadas por otro medio que no fuera la autodelación forzada.
La combinación de mentira, fanatismo y corrupción moral es lo que generalmente lleva al suicidio de las sociedades, incluso las cultas y prósperas, ejemplos de ello no faltan en la historia. La mentira ejerce de fuerza tractora del fanatismo y la corrupción moral porque es el sustrato que difumina en las conciencias a las otra dos tergiversando la verdad. La mentira somatizada nos representa una falsa realidad que no deja ver los hechos tal y como son, extraviando así los criterios morales en los que basamos nuestras opiniones. La política ha degenerado hacia el secuestro de las conciencias mediante la inserción de mensajes construidos para inducir reacciones “pavlovianas”. Al estímulo debe seguir la activación del cerebro generando la necesidad de actuar de una determinada forma. El Fiscal General del Estado se ha visto atrapado en una dualidad contradictoria, ausencia de causa real, y perversa, respondiendo al estímulo, ideológico en este caso, prefijado: la derecha debe ser anulada sistemáticamente, no puede ni debe haber espacio en el que su mensaje pueda ser potencialmente prevalente. A partir de toda esa combinación de distorsiones lo decidido por consecuencia no podía ser más que una concatenación de errores.
Todo este desgraciado asunto, innecesario, absurdo y, por qué no decirlo, lleno de maldad, tiene hechos objetivos que sólo es posible ignorar desde la mala fe. Empezando por la participación de activistas, tertulianos y nefelibatas descendidos del Parnaso para opinar de lo que no saben en función de su afinidad política o ideológica, sus manifestaciones carentes de fundamento han tenido efectos letales el sosiego social confundiendo deliberadamente a una parte de la opinión ciudadana. A partir de una comunicación privada obtenida dentro del ámbito del secreto profesional es inadmisible en una democracia llamar a un ciudadano “delincuente confeso”, entre otras cosas porque el Sr. González Amador, no había confesado nada, su abogado exploraba, como es habitual en el ámbito del litigio, una posibilidad de acuerdo que pasa por admitir ciertas cosas para evitar otras, incluso algunas que pese a no ser ciertas conjuran males mayores. Esa condición de “delincuente confeso” difundida a modo de consigna por quienes tienen legalmente encomendada la neutralidad como administración pública, ha constituido una desviación constitucional y moral grave. Sobre ello proclamar la inatacable presunción de inocencia del Sr. García Ortiz sin admitir prueba alguna que la contradiga ni Tribunal que no la reconozca, es una aspiración incompatible con las reglas más básicas de lo que se considera un estado de derecho. Ambos tenían el derecho a la presunción de inocencia y nadie podía, o debía, decir lo contrario sin un previo juicio y una sentencia firme. Los que sostienen que existe un culpable no condenado y un inocente condenado, por una Sentencia que no han leído, saben que mienten, muchos saben que mienten y ellos saben que muchos saben que les mienten, parafraseando a Alexandr Solzhenitsyn en “Archipiélago Gulag”.
Es perfectamente conocido que una parte de la izquierda no cree en la justicia en el sentido liberal del término, lo justifican diciendo que es una institución al servicio de los poderosos pese a que muchos han sido condenados y encarcelados por esos tribunales acusados de parciales. Se trata de un sentido de la justicia militante, el mal no se identifica con el hecho sino con su autor y por eso ya se está el abordaje sin miramientos del CGPJ poniendo como ejemplo la exitosa ocupación de RTVE. Los peligros de esa radicalización impulsada por un injustificado derecho a la invulnerabilidad ante la ley, unos Aquiles sin talón, y al perpetuo ejercicio del poder, están en la mente de todos y debería aconsejar un comportamiento prudente acompañado de alguna rectificación. El socialista Julián Besteiro frente a la sublevación promovida por Largo Caballero en 1.934 contra el Gobierno de la República dijo: “Largo nos lleva a la Guerra Civil y aparte de una inmoralidad contra la nación, ni siquiera es seguro que la podamos ganar”. Hay que legislar menos sobre historia y aprenderla mejor.
José María Sánchez Romera
