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La Junta acuerda con entidades bancarias mejorar la atención digital a las personas mayores en Andalucía

 

 

Carpeta J. Celorrio

El acuerdo se enmarca en la apuesta prioritaria por las personas mayores de la Junta de Andalucía en esta legislatura y el compromiso y la responsabilidad social de las entidades bancarias Caja Rural del Sur, Cajasur Kutxbank, Unicaja, Banco Santander, Caixabank, Ibercaja y Banco Sabadell por una atención de calidad a las personas usuarias.

Según el informe elaborado por la Consejería, tanto las entidades bancarias como el Ejecutivo regional coinciden en que las personas mayores son una población vulnerable que requiere atención preferente. Se trata de un colectivo que en 2021 representaron el 21,93% de la población andaluza mayor de 18 años, y supondrá el 36% de población en 2040. Unos datos que urgen a atender cuanto antes sus demandas tanto desde las administraciones públicas como desde las instituciones y la sociedad en general.

La progresiva prolongación de la vida, la modificación de las condiciones sociales, familiares y demográficas y la necesidad de asegurar un envejecimiento activo mediante políticas centradas en la persona que mandata la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía aconsejan prestar una atención especial y continuada en el tiempo a las personas mayores en nuestra comunidad. Todo ello es objeto de atención y desarrollo preferente por parte de la Junta de Andalucía en el marco del primer Plan Estratégico Integral para las personas mayores en Andalucía 2020-2023, concretamente en las líneas estratégicas 2 y 3 de atención a la dependencia y atención a personas mayores con especial vulnerabilidad.

En este contexto, el Ejecutivo andaluz entiende que es su responsabilidad impulsar actuaciones para mitigar los problemas relacionados con el ámbito financiero que afrontan las personas mayores. Los diversos foros y asociaciones del colectivo han apuntado en numerosas ocasiones a que el proceso general de digitalización, que tanto ha solucionado la actividad de algunos sectores en los últimos tiempos, ha generado una brecha tecnológica que dificulta el acceso de las personas mayores a ciertos trámites y gestiones cotidianas.

Marina Playa

El informe de Igualdad constata la necesidad de avanzar en la colaboración públicoprivada y la implicación de los agentes administrativos, económicos y sociales para ofrecer una solución individualizada, de ahí que el Ejecutivo andaluz quisiera adelantarse y, en junio de 2021, iniciara los contactos y trabajos preparatorios para conformar una mesa de diálogo que formalizase la colaboración para la resolución de los aspectos sociales de los problemas anteriores. En ella han estado representadas todas las entidades con presencia en Andalucía que han deseado incorporarse.

El primer paso de esta mesa de trabajo se ha dado con la firma de los siete convenios para promover procedimientos amigables con las personas mayores, una iniciativa pionera en nuestro país y que incluye el compromiso de las entidades para combinar atención presencial o personal permanente y formación y frenar la sensación de exclusión del ámbito financiero.

Los acuerdos incluyen el desarrollo de actividades formativas, presenciales o telemáticas, sobre operaciones financieras básicas en el entorno digital, desde la retirada de efectivo a consulta de saldos, la operativa a través de aplicaciones móviles o páginas web y similares. Este proceso de formación se llevará a cabo en los 168 centros de participación activa (CPA) de la Junta de Andalucía, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas en toda la región, así como en alguno de los centros residenciales de personas mayores que gestiona el Ejecutivo andaluz.

Para su ejecución se empleará material pedagógico de las entidades bajo los principios del Código de buenas de prácticas elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores dentro del programa ‘Finanza para todos’, lo que garantiza su enfoque puramente informativo.

Las entidades podrán colaborar además en el diseño e implantación de herramientas que faciliten el acceso universal a dinero en efectivo, con independencia del lugar deresidencia de las personas usuarias, así como en procedimientos de operativa bancaria adaptados a las características generales de las personas mayores y enfocados a facilitar su inclusión.

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