La Ley de Vivienda de Andalucía vs la Ley estatal de Vivienda

El vicesecretario Sectorial del PP de Granada, Manuel Francisco García, ha señalado que la Ley de Vivienda de Andalucía, actualmente en proceso de tramitación en el Parlamento Andaluz, “combate la subida de precios provocada por las nefastas políticas del Gobierno de Sánchez en este ámbito”.

Para el popular, la ley estatal del ejecutivo socialista es “ideológica, intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal, genera inseguridad y ha supuesto que un gran número de viviendas se hayan retirado del mercado del alquiler de larga estancia”.

“Un año después de la entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda, la oferta ha caído a mínimos y los precios han subido a máximos históricos, ya que los inmuebles en alquiler permanente han bajado un 15%, mientras han subido un 56% los alquileres temporales por el miedo a la ocupación”.

En este sentido, el vicesecretario ha valorado que la Ley de Vivienda de Andalucía “es una norma valiente, fruto del consenso con los agentes del sector inmobiliario, que va a impulsar el acceso a la vivienda en las zonas con mayor dificultad, con ayudas al alquiler, a la compra, a la construcción de nueva vivienda, así como a la rehabilitación”.

“La ley prevé flexibilizar suelos ya urbanizados y la creación de una bolsa de suelo, así como un inventario de viviendas públicas”. Manuel Francisco García ha anunciado que el 25% del suelo se destinará a VPO y se simplificarán los trámites de construcción, además de promover la colaboración público-privada.

El anteproyecto de ley prioriza el uso residencial de las viviendas e introduce otros usos como los residenciales comunitarios muy utilizado en el norte de Europa.

Del mismo modo, la futura ley también regulará la calidad y rehabilitación de las viviendas con el objetivo de que sean más sostenibles y eficientes, con más espacios libres. Se creará igualmente el Portal de la Vivienda Protegida de Andalucía y la figura del agente rehabilitador.

El vicesecretario Sectorial ha resaltado que la norma andaluza contempla un plan de choque temporal, limitado a cinco años, para solucionar la tensión generada por la ley estatal.

Para ello, ha apuntado la puesta en disposición de suelos y nuevas viviendas de forma inmediata, la construcción de VPO en suelos dotacionales sin modificar la ordenación urbanística y también en suelos terciarios. “El objetivo es aumentar un 20% el número de viviendas y elevar un 10% la edificabilidad en suelos residenciales destinados a vivienda protegida”, ha afirmado.

Por último, Manuel Francisco García ha recordado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha certificado más de 10.200 VPO entre 2019 y 2023, frente a las 3.200 del PSOE en los cinco años anteriores. Con este plan de choque, ha explicado, “se persigue duplicar esas 10.000 viviendas y poder llegar a 20.000”.

 

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