La ley y la furia / José María Sánchez Romera

El Gobierno y los grupos que lo sostienen parecen poseídos por un frenesí legislativo impropio de lo que debería ser en una democracia liberal con vocación de estabilidad en tránsito normal entre dos legislaturas. Muy lejos de promover normas acordes con las necesidades de la situación social que viven los españoles, son algunas de las normas básicas que definen un régimen de libertades como el diseñado por la Constitución, las que están siendo precipitadamente modificadas. Si la conocida como Ley de “solo sí es sí”, con una tramitación, pese a todo, mucho más exigente en sus formalidades, ha generado los problemas que se están conociendo en su aplicación, da pánico pensar en los efectos imprevisibles que reformas, negadas la víspera, hechas sin la menor reflexión ni observancia de una elemental técnica legislativa van a ocasionar. No puede por menos que sorprender, rayando en la disonancia cognitiva, que estando gobernados por unos partidos que prácticamente se proclaman adoradores del Estado, dediquen lo que parecen considerar sus mejores esfuerzos a desmantelar sus mecanismos de protección.

Todo lo anterior tiene su base en una estrategia comunicativa del Gobierno en la que los hechos y el lenguaje son como dos líneas que nunca se cruzan. Se niega o se tergiversa la realidad de lo que se hace incluso después de hecho y ello solo puede llevar al caos o al autoritarismo. Como no parece que un Gobierno quiera para sí mismo el caos, solo nos queda la otra alternativa en pie. Porque si los hechos no son el condicionante del proceso democrático, es que la democracia camina hacia su muerte si no lo ha hecho ya. Las narrativas se imponen en las dictaduras para confundir el juicio de la sociedad sobre la verdad de los actos del gobierno. El antecedente material, el hecho en sí, no puede quedar sometido a la conveniencia política. Por eso el liberalismo y los “neoliberales” se han querido convertir en significantes estigmatizadores para sus destinatarios, porque para el liberal el hecho condiciona, por encima del mero voluntarismo o de lo que supuestamente se desea. Incluso algún intelectual, hoy casi autodestruido pero con destacada tribuna mediática en el periodismo digital, se dedica a demonizar el liberalismo creyendo que el Concilio de Trento se celebró a principios de este año y que San Agustín de Hipona es el cénit de la teoría económica (“El oro tú no lo puedes poseer si no hay otro que lo pierde”).

Cuando se leen los libros de historia por lo general sabemos el desenlace y por eso nuestra curiosidad se proyecta principalmente sobre el conocimiento de los hechos y las decisiones que condujeron a alguno de esos acontecimientos considerados trascendentes. Habitualmente también a medida que avanzamos en la lectura y vamos adquiriendo más y más información sobre cómo se iban acumulando las circunstancias, nos sorprende comprobar en muchas ocasiones que nadie se percate a lo largo del tiempo de un desenlace que tiende al desastre o que, incluso, siendo plenamente conscientes sus protagonistas del fatal desenlace, no hagan nada por cambiar el rumbo de las cosas. Oyendo a los portavoces de la mayoría gobernante se puede decir que o bien no valoran debidamente las evidencias que se les acumulan o sencillamente asumen como deseadas las consecuencias. Legislando en interés de convictos y a la vez amenazando con la cárcel a los integrantes del poder judicial que actúan sin atender los intereses gubernamentales, la subversión, no del orden jurídico, que también, sino del más elemental orden de las cosas, hace doloroso asumir que se opte de forma tan temeraria por causar la voladura institucional. El pretexto será el de siempre, la promesa de una vida de plena felicidad que al final acabará arrastrando al pueblo por un camino que conduce a penalidades mayores que las presentes.

Si recurrimos a la navaja de Ockham conforme a la cual en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable o, dicho de otro modo, dado que las cosas suelen ser lo que parecen, las posibilidades de que toda esta furiosa agitación legal obedezca al temor de un cambio de mayorías parlamentarias a medio plazo, es una especulación que no debe estar muy alejada de la verdad. De momento lo que se ha logrado ha sido romper las instituciones con conflictos que las inutilizan y que los convictos, ex sediciosos por decisión en trámite del Parlamento (la abstracción de las leyes debe ser otra tara liberal), hayan hecho explícitas sus intenciones de futuro con el espléndido burladero que les proporcionarán las modificaciones legales en curso, declarándose enemigos del propio sistema que los libera. ¿Es el afán por resolver un problema de convivencia como dice el Gobierno o una bomba de relojería para el que lo sustituya si es de signo distinto?

Dijo el otro día el Presidente del Gobierno que la Segunda República fue un “legado de luz”, afirmación que no hace sino confirmar el abandono de los hechos como factor determinante de lo racional. Puede que por eso no sepa reconocer que la luz hacia la que se dirige es la de un tren que viene de frente a gran velocidad.

José María Sánchez Romera

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