La lupa sobre las viviendas para uso turístico

La Junta de Andalucía pone la lupa en las viviendas destinadas para uso turístico y tras ocho meses de aprobar el decreto de Viviendas de uso Turístico, llega una ofensiva para poner orden en el sector y controlar este parque de pisos que en Andalucía supone un nicho del 4% declarado, pero que podía dispararse a cotas mucho más alta en cuanto a las viviendas no registradas para este tipo de servicio.

El decreto aprobado por la Junta en febrero, apunta el control a los ayuntamientos a fin de regular el sector en cuanto a los requisitos que deben cumplir las viviendas que sus propietarios destinen a este tipo de alquiler temporal, también la responsabilidad de inspección y notificación de las irregularidades a fin de las medidas sancionadoras por parte de la administración.

Desde el Gobierno central se ha puesto en marcha un Registro de Alquileres y una Ventanilla Única Digital para controlar a todos los arrendamientos turísticos y de temporada. El Consejo de Ministros ha aprobado la articulación de un Real Decreto por el que los propietarios tendrán que obtener un código de identificación si quieren colgar sus viviendas en plataformas de reservas como Airbnb o Booking. De forma que, sin estas matrículas, las comercializadoras no podrán ofrecer los inmuebles a los usuarios, según ha explicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al encuentro ministerial. «Será imposible comercializar sin un certificado que diga que la vivienda cumple con las normas autonómicas, las ordenanzas municipales y los estatutos vecinales», ha desgranado.

El código de identificación tendrá que ser pedido tanto para alquileres turísticos, temporales e incluso habitaciones que se ofrezcan en esos portales. El Registro de la Propiedad será el organismo expedidor de esos permisos y el que tramite toda la información a la Ventanilla Única Digital. «Será una ventanilla única, que posteriormente se conectará con la que prepara la Unión Europea, que estará lista en 2026». Según el comunicado, esta es una medida con la que se da apoyo a las comunidades autónomas y ayuntamientos que son los que tienen las competencias en esta materia facilitando el trabajo de inspección, persecución y la aplicación de las sanciones.

 

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