Pese a la evidencia que nos proporciona el conocimiento empírico de los resultados que provoca la constante intromisión del estado en la vida de las personas, una especie de fuerza de atracción gravitatoria provoca que cada vez con mayor intensidad se proclame la necesidad de intervención del sector público. Cualquier manifestación social o individual espontánea se vincula con un problema y al ser considerado como tal surge la justificación para tener que resolverlo de manera ineludible toda vez que ya ha sido catalogado como “problema”. Contrariamente a los que sostienen el advenimiento de un neofeudalismo impulsado por la globalización y causante de la desigualdad y del poder monopolístico de las grandes empresas, lo cierto es que ese es el efecto creado por el crecimiento del poder de los estados en abierta colusión con esas potencias económicas transnacionales. La realidad es que la precarización de las clases medias y populares la ha traído la cada vez para ellas más limitada libertad económica y su sometimiento al poder gubernamental.
Para quienes estaban ideológicamente predeterminados a hacer de la gestión política un medio para interferir permanentemente en la actividad humana, nada mejor que una crisis sanitaria para tomar el control total de la situación mediante esa cobertura que lo justificara. Toda intervención llama inexorablemente a otra y ésta a la siguiente, así sucesivamente para, como señala Von Mises en su Crítica del intervencionismo, los propios fracasos de la política intervencionista refuerzan la convicción de que deben reforzarse los controles políticos con leyes aún más restrictivas. En gran medida esto se ha podido verificar en el curso de la pandemia del coronavirus en la que los sucesivos desajustes en las previsiones de los gobiernos han ido provocando la adopción de nuevas medidas, en muchos casos contradictorias unas con otras, de cuya ineficacia se ha responsabilizado de forma recurrente a la población. No solo eso, la sociedad se ha visto sometida mediante el recurso al miedo practicado por muchos gobiernos frente a la responsabilidad individual de protegerse de la enfermedad y de eso modo proteger a los demás. Esta última es la fórmula liberal para producir cooperación social mediante la persecución de fines individuales porque el beneficio propio no significa el perjuicio de los demás. Lejos de fomentarse junto con los incentivos estatales una conciencia de compromiso ciudadano frente al virus, se ha promocionado un enfoque paternalista con continuas reprensiones a la sociedad que de esa forma es tratada como un menor de edad incapaz de comprender por sí mismo la necesidad de cuidarse y los riesgos que corre. Muchos medios de comunicación contribuyen a diario en esta tarea de infantilización general mediante la saturación informativa y el abuso y manipulación de los datos estadísticos que se presentan continuamente como catastróficos pese que los cambios que se van produciendo en la incidencia de la pandemia. En las épocas en que la afectación de la enfermedad ha experimentado notables mejoras no la descendido el alarmismo con el que se daban las noticias relacionadas con la pandemia.
Pero lo anterior no es más que la manifestación de la cuestión que subyace en el entendimiento de la dirección política de los estados y que se justifica habitualmente bajo la advocación del criterio de los expertos y la ciencia para anular toda discrepancia. La pandemia ha sido contemplada como una nueva oportunidad para dar otra vuelta de tuerca en el designio de convertir a los gobiernos en los agentes imprescindibles para sobrevivir, la única opción a la que cada persona o grupo de la sociedad puede acogerse a fin de salvaguardar cierto nivel en su existencia, sobre todo material, mediante la garantía concedida por el estado. Esta protección por supuesto no es incondicionada, en ello va implícita una sumisión a quien nos ofrece su generosa tutela. Como en el caso de la lucha contra la pandemia, por poner otro ejemplo, en el caso del salario mínimo el mensaje es que solo el poder del estado garantiza una cuantía que dignifique nuestro nivel de vida (aunque luego se adultere esa subida nominal mediante la impresión masiva de moneda que hace perder el valor real del dinero que se recibe). Se le niega al asalariado la capacidad para negociar sus emolumentos, se culpa a los empresarios de pagar poco, aunque no los liberan de una parte de la carga fiscal para pagar mejores sueldos, y todo al final lo “resolverá” el gobierno imponiendo a unos y otros las condiciones que le sean políticamente más convenientes. Si los resultados, como suele ocurrir, no son los esperados se culpará a alguien, y el gobierno dirá que debe acentuarse la imposición de los salarios decididos por el estado y la espiral intervencionista seguirá creciendo.
Dado que la experiencia parece mostrar una incontrolable tendencia del estado a expandirse sin límites es por lo que los pensadores libertarios (el más conspicuo Murray Rothbard, con seguidores en España como los profesores Huerta de Soto y Bastos) proponen la radical eliminación del estado y el funcionamiento en base a unas agencias privadas que regularían, lo que no se alcanza a ver de una forma precisa, los conflictos y relaciones sociales. Propugnan en todo caso la supresión de lo público, las carencias o las necesidades individuales de las personas sin recursos se dotarían con iniciativas de carácter altruista como de hecho ya existen actualmente y por más recursos porque no se pagarían impuestos, y la completa privatización de todo sosteniendo que cualquier iniciativa pública está basada en la coerción y la fuerza. Cómo se llegaría a eso prescindiendo a la vez de cierto grado de organización estructurada de poder, no se antoja un tema de fácil solución.
Pero frente a la propuesta paleolibertaria, que se manifiesta también contraria a cualquier tipo de guerra y propugna la cooperación social que debe tener como bases la libertad, la propiedad y el orden natural, parece lo más razonable una adecuada regulación de derechos ciudadanos menos orientados a exigir del gobierno una relación de derechos con tendencia creciente, para poner el énfasis en los límites que el estado nunca debe sobrepasar frente a los individuos. Hay algo en lo que el intervencionismo no ceja en proclamar tratando de encandilar la ingenuidad de muchos y es el deber del estado a obligarse frente a determinadas personas y colectivos. Pero nunca dicen que el derecho que se da a alguien es una obligación que implica un coste correlativamente impuesto a otros y que esos derechos que se van proclamando para unos son las obligaciones que simultáneamente se crean para los demás. Los políticos son muy dados a exaltar la necesidad de la acción pública por la exigencia ciudadana de mejores servicios, pero nunca hablan de que eso tiene un precio que por añadidura suele ser normalmente más alto que su coste de mercado por la limitada eficiencia económica que caracteriza al estado.
En estos días hemos asistido a una de esas expresiones extremas del mal intervencionista mediante el salto al vacío que supone escribir la historia no en los libros tradicionalmente dedicados a esa materia de estudio, sino en el Boletín Oficial del Estado. La aspiración de construir un relato del pasado en las linotipias donde se imprimen las normas reguladoras de la convivencia civil, convirtiendo en ley una visión sesgada y subjetiva de los hechos del pasado, demuestra hasta qué punto es importante limitar los ámbitos en los que el poder pueda llegar a inmiscuirse. Ni una visión, ni la contraria, ni siquiera la intermedia, de los acontecimientos históricos admite su conversión en preceptos de obligado cumplimiento blindados por reglas sancionadoras destinadas a la destrucción económica y la liquidación civil de los señalados como infractores. Lo extraño es que a algunos no les retumbe en los oídos aquel eslogan que se hizo tan popular: la ley mordaza.
