En Andalucía la figura del “agradaor” tiene contornos muy propios y definidos. Muy asociada al tipo que le regala el oído al “maestro”, torero de fama, y al que solo le habla de cosas buenas, muy especialmente después de alguna tarde aciaga. El término ha hecho cierta fortuna para identificar a los que tratan de medrar en las proximidades del poder defendiendo con igual fervor dos acciones contradictorias. No deberá sorprender por tanto que la legión de “agradaores” que en los medios defiendan ahora la austeridad energética que el Decreto del Gobierno ha impuesto con la misma falta de rigor intelectual que no hace tanto repudiaban como “austericida” cualquier medida que llevara implícita alguna racionalización del gasto público. Pero es que no es lo mismo que se nos “austericide” en nombre de la causa progresista que de la “neoliberal”. Siempre habrá clases.
No es ninguna aportación original el constatar que tenemos el Gobierno más intervencionista de la historia de la democracia. Y lo es porque no ha dejado una sola faceta de la sociedad, tanto en su vertiente pública como la privada, que haya quedado a resguardo de alguna norma que la discipline o determine su comportamiento. Desde querer meter en la cárcel a Puigdemont hasta elevar a la categoría de ley cómo deben interpretarse los hechos de la historia, es de hacer notar lo que va de una cosa a otra, nada ha quedado a salvo del ojo gubernamental. Resulta por tanto de lo más coherente con esa trayectoria previa establecer, la causa alegada es puramente instrumental, cuáles son los parámetros de uso de la energía con carácter general de la misma forma que podría imponerse por ley una misma talla de ropa única a todos con independencia de sus características físicas. Muchos pensarán que si lo hacen los que se saben de esto es porque estará bien pensado, lo que es una suposición errónea como ratifica una larga experiencia. El problema no es tanto intervenir, para eso hay un gobierno, como intervenir tanto porque el nivel de error crece en proporción.
Y es que contra lo que se tiene asimilado casi culturalmente, en todo acto intervencionista pesa más el interés político que cualquier otro porque es ahí reside la esencia del poder y un gobierno intervencionista al fin y al cabo lo que quiere es tener más poder, decidir sobre el mayor número posible de cuestiones. La justificación está, se dice, en función de que el Estado atiende al bien general y reconduce la natural tendencia egoísta de los individuos, lo que introduce en esa lógica la necesidad de desaparezca la faceta egoísta que como parte de su condición humana afecta a quienes ocupan los cargos públicos durante el curso de su mandato. Como eso resulta bastante más que improbable la teoría hace aguas, pero se mantiene como parte del componente místico que acompaña siempre al poder. En el caso de la nueva política energética articulada mediante el reciente Decreto-ley es fácil comprobar cómo los argumentos han ido variando con el paso de los días. Eso a lo que se llama “Europa”, y que son los dirigentes de los países con más peso en la Unión, nos pidió un recorte de nuestro consumo energético del 15% para garantizar el suyo. España, o sea su Ministra del ramo, dijo que ni un 1%, que no habría carencias energéticas en nuestro país, para más tarde, siguiendo obviamente un guión preestablecido, el asunto, como cuando se negocia el precio una partida de sillas, se quedó casi justo en la mitad. Pues bien, esto no va a servir de nada, en el mejor de los casos, porque, con independencia de otros factores, existe una completa ausencia del cálculo económico, que no ha podido hacerse en tan poco tiempo ni se ha podido intentar siquiera. Tampoco ha existido la posibilidad de ponderar mínimamente las diferentes circunstancias con el fin de no aplicar esas medidas sobre realidades incompatibles con ellas. En casi todo acto de intervención tomar la decisión es en sí misma más importante que los medios y los efectos.
De inicio no es posible que admitir con un mínimo de realismo que las medidas adoptadas den como resultado un ahorro energético igual al 7% respecto del que se venía consumiendo. Otra cosa es que estemos hablando de un porcentaje hipotético cuya referencia se busque a posteriori para dar por cumplidos los objetivos. Tampoco en ese cálculo se cuenta con el ahorro que los propios consumidores harán en función de las circunstancias y que ellos sí harán un cálculo económico de coste-beneficio basado en el sistema de precios que orienta mucho mejor las decisiones económicas. Es evidente que los empresarios no van a gastar por capricho, eso es un privilegio exclusivo del estado, si iluminan sus escaparates es porque la experiencia comercial les enseña que eso tiene un retorno en forma de ingresos que una autoridad central no lo puede calcular porque carece del conocimiento concreto de todos los movimientos del mercado. Si en la actividad económica se impone la demanda el empresario actuará en consecuencia, de lo contrario eliminará todos los costes ineficaces de su negocio y por su propio interés aplicará la austeridad que sea necesaria. Es muy probable que las medidas de ahorro afecten negativamente al consumo y a la viabilidad de muchos negocios en una época ya de por sí difícil, más en terrenos de resistencia que de crecimiento. Pero eso, según la Sra. Alegría, no es una cuestión que preocupe al Gobierno.
José María Sánchez Romera
