La Revolución Francesa, episodios criminales aparte, fue el punto de inflexión en la historia que impulsó el ideal político de la Ilustración y se fue imponiendo a lo largo de los siglos XIX y XX: el Estado-nación. Llega la noción de igualdad condensada en el término “ciudadanía” donde el sujeto político soberano ya no es el rey sino el pueblo, si la monarquía se mantiene es bajo la condición de que reina, pero no gobierna. Partiendo de lo anterior, no es concebible una nación (Estado) sin territorio (lo que implica fronteras) y sin un sujeto identificado en un grupo humano (el demos griego). Ambos hechos y su articulación jurídica deben ser expresión de un sentimiento compartido que traducido en una forma de organización política cuya voluntad de preservación es más que intuitiva, queda decidida por la lógica del sistema. En consecuencia y como principio, hablar de (Estado) Nación y prioridad nacional es más que nada una tautología.
La Constitución Española de 1.978 mantiene la Nación (o la recrea sobre la base de un devenir histórico preexistente) a la vez que define y determina su objeto a partir de un territorio y sus habitantes, llamados españoles. Por consiguiente, cuando se habla de prioridad nacional no puede referirse a otra cosa que no sea la de la Nación Española (suelo y demos) y su postergación respecto de otras “prioridades” es un contrasentido. En eso no hay nada dogmático sino mera coherencia. Cuando se incorporan adiciones al concepto de nación tales como “cívica”, “abierta”, “solidaria”, o bien no se sabe de lo que se habla o es que se quiere subvertir mendazmente el significado. Si cambia el contenido de la idea, aunque nominalmente se mantenga, se está fundando otro sujeto político y tratando de abolir de facto el actual. Si la Nación se relativiza, la nacionalidad se vacía, arrastrando a la nada la noción de ciudadano de una nación. Lo que resulte de esa hipotética mutación no puede saberse, pero hay que ser conscientes de que el mero hecho de habitar el mismo espacio físico no será ya, o es altamente previsible que no lo sea, bajo el mismo esquema de valores. La modificación progresiva y sustancial del sustrato demográfico no es inocuo, como fenómeno disruptivo provocará por la fuerza de los hechos alteraciones profundas. Ese cambio no contiene en sí mismo una causa de rechazo a priori, lo que hay es que asumir las consecuencias para bien y para mal. Cuestión diferente es si eso se decide conforme a fórmulas democráticas o el Gobierno se ha arrogado la representación del pueblo suponiendo que sobre este asunto no tiene opinión o no sabe lo que quiere. El Ejecutivo una vez que ha detectado que la mayoría no lo apoya y, en un ejercicio de jacobinismo inverso, trata de dispersar la Nación en la ya que no se reconoce, muy al contrario del trato deferencial que concede al esencialismo nacionalista del País Vasco y Cataluña.
Paradoja sobre paradoja, en el debate suscitado a partir de la expresión “prioridad nacional” queda subyacente una cuestión fundamental relacionada con la diferencia entre un proyecto liberal, favorable doctrinalmente a la inmigración, de otro intervencionista, que en sus manifestaciones más extremas no provoca más que emigraciones masivas. Es extravagante ver a la derecha competir con la izquierda en torno a subsidios y políticas asistenciales de las que no cabe esperar otro resultado que el aumento de la pobreza al incentivar el conformismo social en vez de estimular el esfuerzo creador de riqueza, un beneficio que alcanza a nacionales e inmigrantes. Puede ser comprensible que tal y como está la opinión dominante sobre este asunto en la mayoría de medios de comunicación deba existir cierta precaución con el tratamiento que se le da por aquello del relato y toda esas “parergas” que dominan el debate político. Ahora bien, atenuar las señas que caracterizan una apuesta por el libre mercado y la iniciativa personal, al margen de su procedencia, frente a quienes desde un recelo estructural en el individuo creen que deben ordenar colectivamente su existencia para hacerlo moralmente respetable, es la autonegación. Parece obligado que un gobierno, sea de un signo u otro, tenga que actuar para resolver problemas, pero si se presenta como alternativa a la izquierda no puede asimilar la iniciativa pública como método preferente. En los años ’70 el Gobierno conservador británico liderado por Edward Heath, que en teoría apostaba por el libre mercado, quiso afrontar la crisis económica al modo socialista: una escalada de intervenciones que terminó por reunir cada semana al gabinete ministerial para poner precio a todo, sin excluir los servicios de peluquería, con devoción auténticamente soviética. El coste de ese acto de simonía económica fue un desastre de tal magnitud, inevitable por la fórmula elegida, que los conservadores perdieron las elecciones. Si hablamos de prioridades, se denominen nacionales o de otra manera, la más urgente es recuperar las políticas que crean riqueza y bienestar, abandonando el círculo vicioso que provoca el control estatal conducente de modo inexorable a la depresión y el crecimiento de la pobreza. No hay sector económico que se potencie por la intervención pública, muy al contrario, véase el caso de la vivienda, la crisis llega más tarde o más temprano de manera traumática empeorando la situación precedente. Por tanto, el socialismo debe dejarse a los socialistas y si no se puede optar por un “para que con su pan se lo coman” es porque ese pan, muy endurecido, acaba siendo el magro alimento que deja a la mayoría social a la que dice quiere proteger. Sólo desde la negación más obcecada de la evidencia empírica se puede someter eso a discusión.
Lo que conocemos hoy como Nación, asimilada a Estado democrático, es un ámbito de libertades que se ejercen ordenadas por la ley, cambiar ese estatus requiere ser propuesto a los electores de forma explícita para que decidan. Los decretos no llenan las exigencias democráticas por más que se crean dictados desde esa autocomplacencia llamada lado correcto de la historia.
