Ya lo dijo Juan Carlos Campo en aquel fatídico año de la pandemia: España entraba en una crisis constituyente de la mano de la crisis sanitaria. Aquellos tiempos que nos sumergieron en el apocalipsis parecían la oportunidad perfecta para invertir los esquemas de poder poniendo en manos del Gobierno una capacidad legislativa excepcional que debía servirle para mucho más que combatir la pandemia. El aislamiento social y el miedo al contagio en medio de aquella hecatombe permitían redirigir la sociedad hacia un modelo político de control donde el Estado se hacía garante de la seguridad colectiva a cambio de sacrificar el ejercicio de las libertades. Vivir era entonces todo y no faltaron en la época todo tipo de ocurrencias distópicas basadas en el aislamiento humano y la creación de una psicosis de muerte de la que salieran unos poderes públicos ejecutivos investidos de toda clase de avales para sus actos. La legislación cuyo impulso se delegó en el Gobierno para combatir la pandemia devino en una licencia para disponer sobre cualquier materia al margen de las cámaras parlamentarias que llegaron a ser cerradas, algo que una democracia no admite ni en tiempos de guerra. El Tribunal Constitucional sancionó tales excesos con reiterados pronunciamientos sobre la vulneración de nuestra Carta Magna, pero las secuelas quedaron y las grietas por las que el Gobierno puede escapar al control del Parlamento quedaron a la vista, demasiados polvos como para que ahora el barro no nos llegue hasta las cejas en un asunto tan espinoso y sensible como el de la defensa nacional.
Los cambios políticos no atienden siempre a una necesidad ineludible, las élites buscan en muchas ocasiones a sus intereses, incluidos los de eludir sus responsabilidades forzando cambios de sistema y sólo desde este punto de vista puede entenderse que no se haya alcanzado un consenso entre los grandes partidos nacionales sobre los costos y sacrificios necesarios para abordar nuestras necesidades armamentísticas, para prevenirnos tanto de lo más próximo como de lo más lejano, una vez que el “primo” americano ha dejado claro que no está dispuesto a seguir pagando las rondas de todos, dado el gravísimo déficit de sus cuentas públicas que se agrava por sus balanza comercial negativa. Decir que un incremento de gasto en armamento se va a hacer sin merma de otras obligaciones del Estado cuando además está asumiendo la condonación de las deudas autonómicas, sin ningún criterio económico, para cumplir acuerdos políticos que mantengan un Gobierno minoritario y por tanto débil en pie, no pasa de ser una expresión hueca.
El problema del Gobierno, que es nuestro problema, con el tema de la defensa esté afectado por una doble dificultad: la reticencia de la sociedad española a todo lo que suene a conflicto bélico y las amistades peligrosas que se han trabado en el afán de volcar el sistema político hacia el viejo rupturismo preconizado por la izquierda en la etapa preconstitucional. Llamar a Pedro Sánchez “señor de la guerra” es un despropósito fruto de la propaganda, el Presidente no quiere la guerra ni invertir más en defensa, de ahí su resistencia inútil a hablar de rearme, sencillamente va obligado por el giro de la Unión Europea, a la que se ha unido Gran Bretaña, obligados a poner al día sus capacidades militares una vez constatado que el paraguas estadounidense puede haberse cerrado definitivamente. Ahora bien, nuestra posición como país es la consecuencia de otro lodo espeso que viene de aquellos polvos del “no a la guerra” que convirtieron a los españoles en avestruces, renegados de la defensa no ya de su nación o sus fronteras, sino de unos valores que parecen sólo merecer la pena si vienen dados a coste cero. Ese cadáver ha sido devuelto a la orilla en esta situación y ahora Pedro Sánchez tiene que poner una vela al dios europeo y otra al diablo de sus socios de investidura, una situación esquizofrénica donde la cuerda se romperá a la fuerza por un lado u otro. El “no a la guerra” se convirtió en una proclama holística, radical y sin matices, un todo o nada muy habitual en la izquierda al plantear sus batallas políticas. Puede que el Presidente, todavía persuadido de su condición de demiurgo político, crea que va a escapar de los idus de marzo percutiendo contra la realidad mediante el abuso del lenguaje simbólico alusivo a la extrema derecha y otros adjetivos al uso con el que ha querido convertir al Gobierno en el portavoz de la única verdad democrática. Pero su margen de maniobra se irá estrechando porque la Unión Europea, al margen de alguna ridiculez como el kit de supervivencia o el envío a la guerra de Ucrania de “tropas de paz”, un oxímoron, ha puesto velocidad de crucero al rearme y no habrá más alternativa que estar dentro o fuera. Y si nos quedamos fuera, ¿seguirá en BCE comprando la deuda española para que su prima de riesgo siga siendo asumible?, ¿se llegaría al desembolso completo los fondos NG sin pedirnos que rindamos cuentas?
La segunda cuestión que hace imposibles los planes presidenciales es que su Gobierno es débil, es un no gobierno, una suerte de “kerenskysmo”, dependiente de unos socios parlamentarios radicalmente opuestos a la idea de España como nación y sabedores de que las fuerzas armadas son su manifestación más primaria. La sesión parlamentaria en la que se debatió el incremento del gasto en defensa, un imposible mayor en una administración sin presupuestos, nos devolvió la imagen de un país paralizado políticamente por los bloqueos cruzados entre partidos que es el método de supervivencia que ha elegido por el Gobierno a cambio de asumir su desoladora incapacidad. Los aliados parlamentarios sólo sostienen por mera conveniencia al Gobierno sin darle el menor margen de maniobra y éste hace como que quien lo bloquea es la oposición de derechas, la única que podrían hacer viable abordar las reformas necesarias para seguir la estela europea del gasto en defensa. La situación del Ejecutivo, tanto interior como exterior, es muy parecida y en algún momento no valdrán el eclecticismo verbal que prodiga no le servirá y todo se vendrá abajo con grave daño para toda la sociedad. El Congreso de los Diputados se ha convertido en una institución devaluada en su función democrática, ha devenido un instrumento inservible para el intercambio fructífero de ideas, para convertirse en la cámara de eco en la que vivaquean portavoces como Rufián más preocupado por el impacto mediático de sus prefabricadas ocurrencias que por hacer propuestas con valor (puede que porque tampoco las tenga). Aunque no todo es malo, un gobierno neutralizado, Don Tancredo a su pesar, no interviene la economía y ahí está nuestro PIB creciendo con fuerza sin que nadie tenga que hacer nada. Quien le iba a decir a estos furiosos intervencionistas que la mano invisible del mercado es la única que afloja la cuerda que se han puesto al cuello.
José María Sánchez Romera
