La vacuna como estado / José María Sánchez Romera

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Arrullo

 

Nunca en nuestra historia reciente habíamos vivido, al menos en Occidente, una situación tan caótica como la generada por la pandemia denominada coronavirus, suceso que con toda seguridad va a marcar un fin/inicio de época, aunque ahora no conocemos toda la sucesión de causas y efectos, a su vez convertidos en causas, que están por acaecer. Si en algo se puede coincidir con el atrabiliario Ministro de Universidades es que el mundo no volverá a ser lo que era con independencia de cuáles sean los cambios que se impongan. En algunos aspectos la caída de ciertas pautas de nuestra existencia será inevitable y en otros esas caídas, de producirse, lo serán por la acción de fuerzas reaccionarias y revolucionarias que competirán entre sí por llevar a la sociedad hacia un cambio de modelo político e incluso de una nueva civilización. En ambos casos y triunfe quien triunfe, será una regresión para la humanidad porque entre la vuelta al pasado, merced a un renacimiento del nacionalismo global, y el regreso a la tribu por la vía revolucionaria, todo apunto a una situación peor en relación a lo que hemos vivido hasta ahora. Es cierto que la reacción da más certezas que la revolución, de hecho la palabra reaccionario se emplea de forma peyorativa y ajena a su verdadero significado, pero eso no compromete nuestra afirmación precedente y por añadidura la revolución es obsolescencia de la historia. Se impone pues defender el modelo liberal que con los matices que se quieran nos ha traído a la mayor etapa de prosperidad de la historia conocida de la humanidad.

Sin perjuicio de constatar la ola populista que somete a la guillotina civil a cualquiera que sirva a los fines sectarios más apremiantes, hoy todo, por efímero, es urgente, han resultado de lo más ilustrativas las escaramuzas producidas a cuenta del proceso de vacunación contra la pandemia y en las que todo el esplendor filantrópico del estado como institución tuitiva sin otra finalidad, supuesta, que proporcionar a los ciudadanos bienestar de forma imparcial y desinteresada, ha quedado por insistente costumbre, permítase el pleonasmo, en evidencia. Ese estado que se manifiesta por medio de quienes lo “representan” y que se demuestra que no existe mucho más allá de sus mecanismos de coerción, se ha vacunado en cuanto ha podido por delante de los demás y con preferencia a sí mismo. Alguien podrá decir “han sido personas” y tendrán razón pues justamente eso es el estado, personas que deciden y que a ellas mismas se llaman “estado”. Grupos que pugnan y que compiten por detentar la patente (de corso) que confiere el uso de los mecanismos de poder.

¿Debe desaparecer el estado?. Cultural y moralmente eso sería muy difícil porque esa decisión crearía tales distorsiones en nuestro concepto del espacio, un mapa sin fronteras (¡), y situaciones inmediatas de violencia y desintegración social que degeneraría en un caos. Siglos viviendo bajo una estructuración de las relaciones humanas tal y como las conocemos actualmente para saltar a la anarquía sale del terreno de lo utópico para caer en lo previsiblemente catastrófico. El “singobierno” no parece una solución razonable a corto o medio plazo, pero sí es adecuado reflexionar acerca del estado necesario, de la capacidad de intervención en la sociedad de quienes se convierten en titulares del poder coactivo que dicha sociedad ha conferido (¿) mediante un contrato social (¿) a determinados individuos a través de los distintos sistemas políticos.

El estado llevado a su última expresión no para de ser actualmente un aparato ideológico de dominación porque quien tiene en sus manos el monopolio de la violencia tomará, con ayuda de la tecnología de la comunicación, el monopolio de las conciencias. Y una vez ocupadas esas conciencias el conocimiento de la realidad vendrá a través de la ideología y la realidad será, es, lo que el poder decide mientras controle de forma efectiva ese poder. Un aparato que además consume de forma ilimitada los recursos materiales y humanos que las personas generan con su inteligencia y esfuerzo, pese a lo cual se les dice de forma reiterada que es poco cuanto aportan. Nada tan ilustrativo en nuestro pasado más reciente como la conscripción militar obligatoria que si ha ido desapareciendo ha sido por razones de conveniencia política y no por considerar injusta su imposición. Y ello es así por cuanto junto a esa liberación concreta ante el estado no han cesado de crecer las obligaciones de los individuos ante el mismo, sea en prestaciones económicas o por la exigencia de la asunción de determinados valores éticos no compartidos por grandes sectores sociales y que forzadamente se imponen pese a una evidente falta de consenso mayoritaria. Una ingeniería social convertida en círculo vicioso de dominación y sometimiento que se retroalimenta impuesta desde el poder.

Por eso el estado como institución tiene que estar limitado. El estado no tiene en monopolio del conocimiento del bien común, sea esto lo que sea, como sin rigor lógico se le atribuye. Quienes ostentan la dirección social del poder no se mueven por motivos más altruistas que cada persona. El supuesto egoísmo que se atribuye al individualismo es una mera caracterización ideológica que se generaliza sin el menor fundamento. La socialización del interés individual es una concesión al poder del estado para definir el bien de cada uno colectivizándolo de forma artificial en función del interés político. Los que defienden que solo el estado es capaz de ser compasivo no entienden que la compasión solo es posible como atributo de la naturaleza humana y no porque se centralice un sentimiento en un ente de razón que no puede albergar emociones. El estatista debería comprender que sus intenciones solidarias no surgen de la institución que idealizan sino de su condición humana, condición de la que precisamente carece el estado por cuanto éste sólo actúa como aparato de poder (incluso cuando concede títulos académicos como si fueran carnets de identidad, pervirtiendo el valor del conocimiento y del esfuerzo). No es más desinteresado en sus decisiones quien lucha por el poder que quien pretende obtener el máximo beneficio económico, pero a favor del segundo cabe decir que en una economía de mercado se ve obligado a competir con otros para maximizar sus beneficios, mientras que la detentación del poder excluye toda disputa y si se produce no será en igualdad de condiciones. Ni siquiera los regímenes democráticos escapan a las tendencias del ejercicio por el gobierno de poderes ilimitados en cuanto las circunstancias parlamentarias le permiten actuar de facto sin restricciones por medio de la promulgación de normas habilitantes en virtud de las cuales el legislativo resigna sus poderes en el gobierno (Lenin lo intentó, no lo consiguió y cerró la Duma, Hitler lo consiguió y ahí murió el Reischstag). De ahí que si todo el sistema político se hace poder y todo ese poder se hace ley, dicha ley es ilegítima y no representa un interés general sino de grupo y este último hará pasar como beneficio de todos lo que no es más que su afán de perpetuación.
Minarquía.

Angara Verano