Una de las anfibologías con mayor éxito de la historia es sin duda la expresión “justicia social”. Bajo su advocación políticos y demagogos disponen de un arma dialéctica que resulta prácticamente infalible para silenciar todo mínimo gesto de oposición a cualquier medida que, acogiéndose al pernicioso sintagma, pretenda que una propuesta no encuentre obstáculos a su adopción. Para el filósofo y economista austríaco Friedrich Hayek los efectos en la comprensión de la economía del enlace de ambos términos fue uno de los desafíos intelectuales más estimulantes, hasta el punto de convertirse en punto de referencia obligada en muchas de sus obras. En su artículo “El atavismo de la justicia social” decía haber llegado a la conclusión de que en esencia “justicia social” es una expresión carente de significado, señalando con cierta ironía que se ha utilizado con éxito “para plantear las reivindicaciones de grupos particulares, con el objeto de obtener mayor participación en las cosas buenas de la vida”. A día de hoy la expresión “grupos particulares” debería sustituirse más propiamente por concesiones del poder a determinados nichos de voto, para conservarlos o para atraerlos.
Es poco discutible que el mero empleo del término “social” implica, sin necesidad de mayores justificaciones, que una persona o grupo de ellas sean acreedoras a algo moralmente merecido, sin necesidad de ganarlo y que los gobiernos (en el sentido más amplio de la expresión) tienen la facultad (suponiéndoles a la vez el acierto) para concederlo, estableciendo mediante órdenes al efecto prelaciones entre ciudadanos teóricamente iguales, valiéndose de la apariencia de objetividad que otorgan las expresiones numéricas y estadísticas que ocultan muchas veces objetivos políticos arbitrarios. Es muy habitual cuando se aborda este debate oponer toda clase de intenciones maliciosas, que se asocian indistinta y contradictoriamente a ideologías autoritarias o liberales, a quienes cuestionan el papel determinante del Estado en la tarea de eliminar supuestas desigualdades e injusticias. Más aún, incluso asumiendo la semántica (y sus consecuencias) que aquí se critica, en tanto que convierte en justo todo cuanto se denomina social, ni conservadores ni liberales obtienen la benevolencia de ser considerados “sociales”, ni siquiera un poco. Y es que resulta evidente que el empleo del sintagma tiene la misión de otorgar exclusividad en el terreno de los buenos sentimientos con el fin de distinguirse de quienes por definición no pueden tenerlos. Con independencia del burdo animismo que implica concebir un Estado en abstracto que alberga algo parecido a una intencionalidad eludiendo que son personas quienes toman las decisiones, se debe recordar que fue Mussolini quien escribió en su ensayo “La doctrina del fascismo” lo siguiente: “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra el Estado”; “El fascismo se opone definitiva y absolutamente a las doctrinas del liberalismo, tanto en la esfera política como en la económica”. Por tanto, el Estado sirve a muy variados propósitos y su caracterización como social no implica nada “a priori”, incluso parece ser compatible con la poco social decisión pagar sumas muy elevadas de dinero a distintos presentadores de la televisión pública. Por eso, no deja de llamar la atención cuánta preocupación se lleva a la conversación política sobre los abusos del mercado y qué poca sobre los del Estado.
En España tenemos pendientes en este momento tres importantísimas cuestiones, que son tan concomitantes entre ellas hasta el punto de responder a mutuas interacciones de causalidad, como son las referidas a las pensiones, la inmigración y la vivienda. Paradójicamente ninguna se enfoca hacia lo que en teoría fundamenta las posiciones del Gobierno, y seguramente de la mayoría de la sociedad con independencia de lo que vote, que en justa coherencia debería ser la fría realidad que las previsiones cuantificadas arrojan a corto y medio plazo. El déficit de las pensiones terminará siendo inmanejable y serán necesarias reformas a la baja, no se han hecho previsiones ni cálculo económico alguno sobre una ordenación de la inmigración que garantice el beneficio del país en tanto que receptor como el de los inmigrantes, al igual que tampoco se ha abordado la escasez de vivienda con un plan integral que no sea descargar sobre los actuales propietarios (rebajados a la condición de saqueadores) las imprevisiones e ineficiencias del Estado. Dentro de esa noción de lo que es socialmente justo resulta muy dudoso que responda a esa finalidad la novación retroactiva de los contratos de arrendamiento ya firmados mediante modificaciones legales, como se hará con las pensiones en su momento o con las leyes de inmigración sin la menor duda.
Todo esto, que es tan evidente, se esquiva apelando, precisamente, a la justicia social como razón última e invalidante de soluciones más eficaces y realistas, pero desechadas porque privan al Estado de su status hegemónico sobre el conjunto de la población, obligando a desvelar todo el artificio estatista como proveedor único de bienestar a los ciudadanos. Ello obligaría además a desvelar esos problemas latentes y afrontarlos en vez de esconderlos bajo la alfombra con la esperanza de que, en el peor de los casos, cuando exploten sea otro el que tenga que afrontar sus inevitables consecuencias. Muy parecidos efectos se han buscado en referencia concreta a la inmigración mediante el uso de la palabra dignidad ligada al otorgamiento generalizado de documentos para legalizar la estancia de los inmigrantes irregulares. La dignidad del ser humano es intrínseca a su naturaleza y existencia, no a vicisitudes administrativas cuya función no es dignificar, sino ordenar la convivencia en una sociedad civilizada.
Hayek tenía razón, cuando la justicia social sirve de argumento para todo es que por sí misma no significa nada, simplemente se invoca por razones de tipo instrumental que van desde el interés ideológico a la ocultación de la inoperancia del Estado, pese a la cual refuerza su poder de decisión apelando a los incentivos emocionales que esa locución provoca. Si se puede encontrar algún sentido a la expresión “justicia social” la respuesta más adecuada debe encontrarse en lo que resulta de aplicar un sistema de gobierno u otro en términos de libertad y prosperidad material generales. El resto no es más que alboroto.
José María Sánchez Romera
