La revista de Almuñécar y la Costa Tropical

Los límites de lo necesario / José María Sánchez Romera

Los expertos económicos con mayor predicamento desde Keynes son los que construyen sus previsiones a base de ejes de coordenadas, curvas imaginadas de oferta y demanda, propensiones de consumo o crecimientos del PIB hechos a futuro mediante cálculos obtenidos sobre hipótesis basadas en otra hipótesis. Puro ilusionismo de impunidad asegurada por una inmensa mayoría desconocedora de una materia tan agreste no se percatará que con el tiempo se irán desmintiendo a sí mismos y renovando sus pronósticos sin cambiar de método. El rigor de este tipo de construcciones está a la misma altura de quien pretende resolver la crisis energética eliminando alguna prenda del vestuario tradicional.

Carpeta J. Celorrio

Hemos visto cómo en estos tiempos una crisis sanitaria imprevista o una guerra en el corazón de Europa que nadie esperaba que finalmente tuviera lugar, han alterado dramáticamente los paradigmas en los que cómodamente se instalan políticos quienes, rodeados de gurús convenientemente seleccionados, facilitan su ejecutoria con formulaciones sostenidas en imponentes naderías intelectuales. Sin embargo, lejos de aceptar que el futuro no existe más allá de lo que nuestra mente proyecta más o menos caprichosamente, la política económica se diseña en base a expectativas que como mucho viene respaldadas por la capacidad de crear moneda fiduciaria de efectos devastadores en el medio y largo plazo (inflación y endeudamiento). Lo que fueron pensadas como medidas extraordinarias para tratar de superar con menores traumas los saneamientos cíclicos del mercado, se han convertido en estructurales, es decir, en la forma permanente de su diseño. El agravamiento de los citados efectos se explica al constituirse los estados en actores exclusivos y excluyentes de la redistribución de la riqueza en lo que debería ser una economía de mercado, lo que arrastra en la caída a los que dice que pretende proteger ya que su crisis implica que se vean drásticamente reducidos los medios para seguir llevando a cabo esa tarea auto impuesta que no es sino el modo de acrecentar el poder político.

Marina Playa

El Sr. Presidente del Gobierno en el balance anual de gestión a la que se presenta de forma simultánea como profesor y examinando (por eso se califica cada año con sobresaliente), tocó a rebato para presentar sus propuestas económicas como buenas en la medida que se contraponen, según sus propias figuraciones, a los intereses de la Sra. Botín o del Sr. Sánchez Galán. Los impuestos anunciados, de incierto hecho imponible porque antes sería necesario distinguir entre beneficios normales y extraordinarios, lo que viene a ser un imposible, se han tenido que convertirse en gravámenes “ad hoc”, reflejando la improvisación con la que fueron concebidos. Esta iniciativa, de dudosa legalidad y sin otra finalidad conocida que su carácter punitivo hacia dos sectores determinados, queda así delatada como un señuelo electoral con el que aglutinar la mayor cantidad de voto posible en el mercado ideológico de la izquierda más irreductible. Todo el mundo, y el Gobierno por supuesto, sabe además que eso va a repercutir en los consumidores porque ningún incremento de costes a cualquier producto tiene un resultado neutro. Se trata de un gesto de impacto acompañado de un coro que pide prisión para los infractores, algo que si se calificara de sanción medieval podría considerarse un elogio, cualquier paralelismo habría de buscarse más atrás en la historia.

Lo anterior es una consecuencia de que los estados manejen actualmente, sin más límite que su voluntad, a través de la política fiscal, del endeudamiento público y del dinero circulante, la suerte económica de las sociedades y ello que implica que sus errores afecten a una parte mayoritaria de la población. Esto tiene gran trascendencia porque significa que la correcta gestión por los agentes privados puede quedar arruinada por decisiones ajenas, en este caso adoptadas en el seno del sector público. El constante recurso a los impuestos, la deuda y los fondos de ayuda salidos de la nada con la colaboración de los bancos centrales, significa el agravamiento continuo de las consecuencias perversas de esa combinación de artificios. Agotado el margen, solo queda acudir a la vieja táctica de culpar a quienes tienen mayor riqueza, como si es que todavía le quedara alguna credibilidad a la ya decrépita teoría de la explotación que sigue sin explicar cómo es posible que las empresas con composiciones de capital distinto, tecnológico o humano según los casos, ofrezcan rentabilidades medias muy similares si la explotación proviene del trabajo humano. Lo lógico, y no ocurre así, es que el margen de beneficio para una empresa con un alto índice de capital humano fuera superior que el de negocios basados en la maquinaria, por ejemplo. Un dato empírico más: las sociedades sin ricos son sociedades de pobreza generalizada, donde los hay lo que está generalizado es un mayor nivel de vida. Hay pobres, por supuesto, pero muchos menos y no dejan de tenerse en cuenta como un problema para la validación de la teoría que defiende la mínima intervención pública, al contrario que sus detractores, cuyo sistema construye un futuro esplendoroso que acaba siendo un presente lleno de incertidumbres y problemas. Contra lo que se dice de forma tendenciosa, el “laissez faire” no es un dogma, al contrario, de lo que se trata es de alcanzar el punto óptimo de eficacia que las fuerzas de la competencia proporcionan sin que las leyes queden al margen de procurar otros métodos que sirvan también de guía para mejorar la actividad económica allí donde la competencia no resulte práctica o no despliegue efectos netamente positivos. El problema es que la excepción intervencionista se ha convertido en la regla, de modo que para evitar sus abusos se hacen necesarias reformas constitucionales que impidan sobrepasar determinados límites porcentuales a la capacidad del Estado para disponer de la riqueza nacional y constreñir la capacidad de endeudamiento a los ingresos reales, no al P.I.B., con excepción del tiempo de guerra.

José María Sánchez Romera

 

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