En estos diez días que han conmovido España el esperpento ha dejado de ser aquella figura literaria que creó Valle-Inclán en “Luces de Bohemia” a partir del término para cobrar vida fuera del texto. Una Vicepresidenta que quiere manifestarse contra ella misma, la titular de Vivienda que no sabe qué ha aprobado en el Consejo de Ministros y unos decretos cuya ratio legis se inspira en una anciana declarada víctima del machismo franquista, junto a otros muchos despropósitos, demuestran que esa recreación novelesca del esperpento no pertenece ya en exclusiva a la ficción. Esos diez días claman un libro, un ensayo o un tratado académico, reducirlos al espacio de un artículo puede aspirar a ser, como mucho, las últimas líneas del epílogo en un proceso reflexivo con mayor ambición. Aun así, es buena la oportunidad para reflexionar sobre algunas de las cosas que han ocurrido y cómo se ha superado al mismísimo Orson Wells con aquel experimento de manipulación de masas en donde por medio de un programa de radio se hizo creer (1.938) a miles de norteamericanos que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Pensar que la endémica escasez de vivienda quedará resuelta por unos decretos que congelan los precios y alargan los períodos obligatorios de inquilinato, es, en las actuales circunstancias, mucho más improbable que una invasión alienígena. Un episodio cuyo mayor efecto ha consistido en forzar el encaje de las piezas que en el tablero político estaban fuera de lugar, permitiendo alumbrar aquella mentira seminal de un Gobierno formado sobre la base de una mayoría política progresista.
No eran más, sino menos, únicamente las ambiciones y necesidades del nacionalismo dieron a luz un Ejecutivo contrario a la mayoría natural del Congreso de los Diputados. El imprescindible apoyo del PSOE para mantener al PNV al frente del País Vasco y el voto a cambio de amnistía del independentismo rebelde catalán no pasó de ser un apaño, un trueque entre grupos carentes de afinidad ideológica sin otra inspiración que la conveniencia. Tales componendas no se hicieron por el interés general y eran inservibles como eje para una gobernación provista de rumbo, fue fruto de la necesidad (sin atisbo de virtud) de cambiar una dialéctica ideológica entre derecha e izquierda por otra donde esta última uniera fuerzas a las del nacionalismo con el objetivo de mantener a las fuerzas de centro-derecha fuera del poder. Hasta que se ha dado de bruces con el muro, el verdadero, que las fuerzas del Parlamento representaban. La votación del segundo decreto, el promovido por SUMAR, dibujó con nitidez la realidad social e ideológica de la Cámara: 184 votos en contra y 166 a favor. El punto de fractura para romper esa coherencia entre la representación del voto nacional y el Gobierno que se acabó formando no fue más allá del primer intercambio de favores.
La izquierda ha tratado de explotar desde el Gobierno con nulo éxito, y grave perjuicio para el gobierno del país, la artificiosa mayoría que permitió investirlo, sus iniciativas naufragan, las artimañas parlamentarias se multiplican para bloquear leyes que cuentan con mayoría y los decretos-ley se han convertido en un bombo lleno de pedreas para distintos sectores sociales en un todo o nada con el que dejar señalado al que no los convalida. Esa ha sido la táctica empleada con los decretos de la vivienda, aunque en este caso la acción prevista de una de las partes, visto desde la teoría de juegos, ha fallado, para JUNTS es mejor alternativa quedar señalados por la izquierda que apoyar una medida con resultados políticamente mortales. El PNV ha tenido que beberse la mitad del frasco, sus efectos se dejarán sentir cuando BILDU alcance la lendakaritza, pero en JUNTS, sin nada que ganar ni conservar, vieron que votar uno solo de los decretos los liquidaba, entregando a Silvia Órriols todo su electorado. Ni siquiera la asombrosa revelación hecha en el debate parlamentario por la Ministra de Vivienda sobre la inaplicación del decreto a la Comunidad catalana sirvió para convencer a los neoconvergentes.
Al margen de las combinaciones parlamentarias se han puesto de relieve dos cuestiones que no pueden desdeñarse como meras anécdotas. El léxico usado por los partidarios de la aprobación de los decretos ha derivado en una jerga bolchevique que, acompañada de la movilización callejera, nos ha transportado cien años atrás al arrojar sobre la Oposición las consecuencias negativas, suicidios y todo tipo de desgracias, de aplicar una legislación que desde 1.985 hasta la fecha ha sido dictada por gobiernos de izquierda. Con ello se ha puesto en cuestión la legitimidad de la representación democrática y la defensa del derecho de propiedad, casi nada. Una representación que se niega si no responde a las exigencias que plantee la izquierda. La pretensión sería hasta cómica si el asunto no fuera tan serio: el Gobierno quiso, aparte de improvisar un parche inútil por interés partidista, que la Oposición le diera un triunfo político sin contrapartidas convalidando los decretos utilizando como método de convicción el amedrentamiento. ¿Qué será lo siguiente?
La otra cuestión es cómo se ha querido constreñir el derecho de propiedad mediante la subversión por el Gobierno de la voluntad plasmada en documentos libremente pactados, incluyendo cláusulas indisponibles para los contratantes que benefician a unos en detrimento de otros con la manifiesta intención de ganar el voto de una de las partes firmantes. Y es algo que tiene más recorrido del que aparenta. El fracaso de estas medidas intervencionistas está más que descontado incluso por sus mismos promotores que no han hecho más que incrementar el control del mercado de la vivienda hasta llevarlo a la situación que ahora denuncian. Pues bien, está en la teoría y en la praxis intervencionista que apoyados en las consecuencias de sus propias decisiones dirán que las medidas han sido insuficientes haciendo necesario garantizar el derecho a la vivienda no ya limitando los derechos de uso y disfrute de los propietarios sino suprimiéndolos. Y eso no es un juicio de intenciones, es lo que han pedido los manifestantes, sin la menor objeción por los partidos que los respaldan, que no han escondido su consideración de los decretos como un tránsito a la supresión del mercado de la vivienda y que, sin duda alguna, se terminaría ampliando a todos los demás conforme a la ideología de izquierda radical que los inspira. Se les podrán criticar sus objetivos, no la claridad con que los exponen.
Un apunte económico final. Es absurdo que se destaque como algo anormal o intempestivo la subida de precios de la vivienda, cuando la discusión debería girar en torno al por qué ha subido todo tanto. Poner el foco solamente en los precios de la vivienda es erróneo y en este caso deliberadamente engañoso en el marco de fuertes tensiones inflacionistas, donde la moneda pierde valor cada día y lógicamente los ahorradores buscan bienes que les sirvan como reserva de valor estable. La escalada de precios ha afectado de forma general a todos los sectores de la economía, de manera muy especial a productos y servicios básicos. Con ellos se han elevado, al aumentar la base imponible, los impuestos indirectos y, por el efecto rebote que ha requerido subir los salarios a causa de la inflación (provocando un bucle), los impuestos directos. Todo ello ha ido minando el poder adquisitivo de las familias y aumentado sus dificultades para pagar, entre otras cosas imprescindibles, alquileres e hipotecas. Señalar por tanto el coste de la vivienda, sobre la que pesa una importante cuña fiscal, como una excepción es un planteamiento tramposo del problema cuando tampoco se ha hecho nada por hacerla más asequible. Aún puede irse más allá, ni siquiera es necesaria la concurrencia de una inflación generalizada para que se cumpla una proposición fundamental para entender el sistema de precios: ceteris paribus, la disminución de la oferta de un bien escaso, a demanda constante, tiende a elevar su precio de equilibrio. Ese principio es tan válido aquí como en la antigua URSS, donde los precios reales se establecían en el mercado negro.
N.B. De muchos medios y su irresponsabilidad, convirtiendo en competente analista de la falta de vivienda a cualquier activista hiperventilando ante un micrófono después de una noche agitada, hablaremos otro día.
José María Sánchez Romera
