En la película de los Hermanos Marx “Una noche en la ópera” Groucho, interpreta a una especie de intermediario tunante, Otis B. Driftwood, que con distintas estratagemas vacía el bolsillo de una viuda adinerada con ínfulas de filántropa. En una de las escenas es sorprendido por su benefactora cenando con otra mujer en el mismo restaurante donde ella lo esperaba, espalda con espalda. Cuando es descubierto le dice que la razón de la cita con otra era porque le recordaba a la propia burlada que acaba convencida de que es verdad que la ama. El otro día el Presidente del Gobierno en un alarde de humor a la altura del mejor “marxismo” cinematográfico trató de convencer a los españoles de que hurtar a los jueces un posible cuerpo del delito es la más acabada demostración de inocencia, a partir de lo cual no queda sino pedir disculpas. El caso sería igual al de unos contrabandistas que tras ser perseguidos por la policía tuvieran tiempo para deshacerse de la mercancía y exigieran después excusas y, llegado el caso, el pago del combustible por haberles hecho acelerar tanto el vehículo. Resulta comprensible que alguien sometido a un proceso trate de borrar las pruebas de su delito, algo casi equivalente al derecho de no confesarse culpable, la cuestión es que lo que lógicamente sigue a ese hecho no es precisamente una conclusión de no culpabilidad. Por añadidura, ciertas acciones, si bien entendibles en un ciudadano común sometido a proceso, son incompatibles con el ejercicio simultáneo de un cargo tan relevante como el de Fiscal General del Estado. Nunca debe perderse el sentido de la proporción en las cosas y del valor que las apariencias tienen cuando se ejercen altas responsabilidades.
Pero lo anterior no es más que el síntoma de una democracia degradada en la que se cuestiona de modo sistemático la separación de poderes y en especial la independencia judicial, una derivada perversa del discurso independentista que hubo de aceptarse para alcanzar la investidura y terminó impregnando a todos los firmantes del pacto. La destrucción de la idea de hecho como la mejor forma de certeza racional mediante el recurso al trampantojo del “bulo”, como diría el personaje de Dickens, Scrooge, intenta hacer lo esencial invisible a los ojos. Muy especialmente porque aquí lo relevante no es ni la Sra. Díaz Ayuso y menos por supuesto su pareja, víctima colateral de una guerra con efectos de mucho mayor alcance. Uno de los fragmentos recuperados de la conversación entre el Fiscal General del Estado y un subordinado sobre la necesidad de “no perder el relato”, no es más que otra cortina de humo de cuya irrelevancia quizás ni él fuera consciente. Quien le ordenó a García Ortiz aplicar ese “código rojo”, recordando ahora “Algunos hombres buenos”, tras otros muchos, a Díaz Ayuso y a Madrid, seguramente no se verá sometido a declarar bajo juramento como el Coronel Nathan Jessep en la película, pero la defensa numantina que el Gobierno hace del Sr. García Ortiz, aparte de no hacerle ningún favor procesal, no necesita que nadie ponga la mano sobre la Biblia para alimentar las sospechas sobre el origen político de la filtración, recordando la décima gongorina de “el matador fue Bellido y el impulso soberano”.
Debería ser innecesario explicar que para desmentir un “bulo”, dado que además la Fiscalía de lo que se ocupa es de defender la legalidad, puedan filtrarse datos confidenciales de una negociación entre profesionales, algo que no es técnica ni jurídicamente una confesión ya que es un procedimiento habitual cuando las pruebas no son concluyentes y la condena posible. El uso torticero de esa circunstancia por tantos analfabetos jurídicos y algún jurista de cuota siempre dispuesto a respaldar como legal todo lo que favorezca sus afinidades políticas, pone en verdadero riesgo la presunción de inocencia como principio fundamental al desactivar como valor democrático que el fin no justifica los medios, salvo que se propugne un sistema de “democracia popular” donde los derechos son del Estado y no de los individuos.
La contienda política dura ya tantos años como treinta que son los mismos que el centro-derecha en su versión más nítidamente liberal lleva al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid y la escaramuza de la filtración, sin que se deba minusvalorar su gravedad, esconde una operación de mucho mayor calado que el intento de desprestigio de una política en ejercicio. Díaz Ayuso al fin y al cabo no deja de ser otra víctima colateral porque es lo que institucionalmente representa al objetivo, con ser una pieza importante sin duda, de esa inacabable partida de ajedrez, a la que Lobato quiso poner cierta pausa con el nivel de éxito comprobado. Porque es el modelo político y económico lo que está en el punto de mira, los resultados de una política que delata la ineficacia y el retroceso que causan las políticas intervencionistas que promueve la izquierda por principio. Para quien siga con cierto interés los debates propios de la Comunidad madrileña verá que las críticas al Gobierno regional son deliberadamente vagas y consisten en la declamación recurrente del repertorio de variadas injusticias que sólo los “elegidos” que habitan la galaxia “woke” son capaces de percibir. Para corroborarlo ahí está la asunción por Óscar López del liderazgo socialista de Madrid promocionado desde su ministerio-lanzadera a falta de poder cumplir una de sus funciones esenciales como es la de llevar leyes al Parlamento por falta de apoyos firmes. En el otro lado está la realidad que percibe una gran mayoría, y así puede afirmarse en función de lo que vota, de ser Madrid un lugar donde prosperar y no la pesadilla neoliberal, de la que sorprendentemente nadie huye, que se describe en los discursos de la oposición.
La Comunidad de Madrid es la primera en PIB per cápita con la presión fiscal más baja de España a la vez que es la que más recauda, atrae la mayor inversión extranjera al país y tiene a cinco de sus hospitales entre los diez mejores de España, también es la que con mayores recursos contribuye al fondo de solidaridad interregional y la que atrae la mayoría del talento joven de otras autonomías. El peso de esas evidencias es tan apabullante que confunde un sistema para crear riqueza con uno que protege a los ricos, precisamente los únicos que no necesitan de tutelas públicas para ponerse a salvo de las decisiones del poder que les puedan perjudicar.
