Contra la creencia más extendida, actualmente el socialismo no es un problema de ser sino de grado. Nuestra organización política tiene fuertes componentes que tienen su perfecta correspondencia con un sistema socialista al que se denomina con cierta intención eufemística, sector público. De esa manera pueden defenderse los avances intervencionistas sin que parezca que se progresa hacia un estado plenamente socialista. Desde la crisis de 1.929 no otra ha sido la tendencia que con profunda penetración histórica ya advirtió Friedrich Hayek en su nunca suficientemente citado ni suficientes veces leído, “Camino de servidumbre”.
Las elecciones al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid han abierto un interesante debate ideológico que ya anticipamos que se plantea bajo una tramposa confrontación entre un referente ultraliberal (con las siniestras implicaciones que tratan de asociarse a esa adjetivación) que es imaginario por legalmente imposible y otro de perfil llamémosle “social”, término que nos permite englobar al heterogéneo bloque que se agrupa dentro del espacio ideológico de la izquierda. Y ello es así porque, según explicaremos, no existe o en muy poca medida, un sistema liberal en Madrid, ni en ninguna parte de España, y sí por el contrario una fuerte socialización de sectores estratégicos que son controlados por el poder público, es decir, por el estado en su concepto más amplio. Es obvio que para la lógica intervencionista todo cuanto se controla desde las oficinas públicas resulta insuficiente porque considera que la iniciativa privada crea distorsiones sociales indeseables que deben ser equilibradas, por expresarlo así, desde la administración.
En la crítica a la gestión del actual gobierno de Madrid conviven acusaciones tales como que la Comunidad es un paraíso fiscal o el de negar al hecho de construir un hospital público como el Zendal una atención hacia el interés general. A los anteriores se unen los más diversos ataques con similar falta de elaboración en cuanto a la coherencia interna de sus proposiciones, por lo que cuando el otro día el Sr. Bal, Edmundo Bal, se presentó ante los electores emulando al célebre espía creado por Ian Fleming tampoco desentonó en exceso ya que incluso este involuntario “gag” de pretendidas intenciones electorales, resultaba mucho más verosímil que las referidas críticas. Porque una Comunidad donde se paga por IRPF un tipo marginal máximo de un 43,5% no puede llamarse un paraíso fiscal a no ser, de hecho así es, que las palabras no se usen con la intención de expresar la realidad sino para imponer una visión de las cosas al modo que lo expresaba Humpty Dumpty en “Alicia en el País de las Maravillas”. Y porque construir un hospital por un organismo público y con fondos públicos donde existe un derecho de acceso igual para cualquier ciudadano sólo puede tener por la fuerza de tales elementos definitorios una intencionalidad de dotar lo público con independencia de la ideología del partido que lo promueva. Tratar de sostener lo contrario escapa incluso a la cobertura que la retórica proporciona al cinismo que se usa en la política.
Prescindimos deliberadamente de entrar en esa especie de freudo-marxismo retro que parece impregnar un aspecto esencial (¡) de la precampaña electoral. Nos referimos a la nociva combinación de política y diagnósticos psiquiátricos, inquietante recuerdo de regímenes totalitarios que atribuyen a los disidentes desórdenes mentales con el fin de quitarles hasta la dignidad de encerrarlos en una cárcel convencional.
Lo que vulgarmente se entiende por socialismo es un régimen político en el que no existe propiedad privada, siendo el estado el propietario de todos los bienes y medios de producción, los cuales distribuye según la planificación que una autoridad central lleva a cabo. Pero esto es una verdad incompleta. En los regímenes con pluralidad política, básicamente tomaremos el ejemplo europeo, lo que se da es una convivencia entre sectores, unos económicos y otros no, sometidos al control del estado con una economía libre de mercado, aunque fuertemente mediatizada por innumerables normas regulatorias, cuyas nocivas derivaciones siempre se cargan al liberalismo para incrementar la intervención. Singularmente sectores como la banca o las eléctricas se encuentran muy regulados por el gobierno y sin embargo se piden constantemente más medidas de intervención, entiéndase hacia la nacionalización. Decir que eso es capitalismo salvaje, neoliberalismo (significante de empleo tan arbitrario como extendido) o cualquiera de los tópicos al uso que se manejan, es sencillamente incierto. La propiedad privada está sujeta a múltiples trabas y cualquier acto de mínima significación económica entraña la necesidad de autorizaciones administrativas que conllevan además efectos tributarios, es decir, implica la socialización inmediata de acciones sobre bienes individuales por quienes son sus titulares. ¿No es eso someter una cuestión de naturaleza privada al llamado interés público?.
La defensa, la educación en su mayor parte, la sanidad casi toda, las fuerzas de seguridad, las pensiones, la justicia, etc., todo está en manos del poder político y aunque parezca lo contrario a consecuencia del marco mental inducido en el que hemos vivido, nada de todo ello por definición tendría por qué ser ejercido por el estado. Todos o parte de estos servicios podrían ser privatizados y no está demostrado que por ello se gestionaran peor, al contrario, la superior eficacia de la gestión privada está tan demostrada como la mayor prosperidad de los países en la medida en que es más amplia su libertad económica. Como cuestión distinta se nos ofrece lo que desde una perspectiva ideológica quiera promoverse, pero no será en términos de resultados económicos, discutirlo es ocioso, sino por razones afectantes a otro tipo de valores o proyectos sociales que primen sobre aquéllos. No pasamos por alto sin embargo la paradoja que esto último representa si atendemos al discurso materialista que da base al socialismo llamado científico.
Por tanto, puesto que en Madrid va a continuar existiendo enseñanza pública, sanidad pública, gestión pública de la justicia, hacienda pública y demás competencias que las leyes atribuyen a la Comunidad Autónoma, no puede darse ningún sistema liberal como el que algunos anuncian por más que se insistan en ello y con independencia de considerar si eso sería mejor o peor que se diese. Lo más que puede llevarse a cabo es una auto limitación de las posibilidades de intervenir administrativamente que, con arreglo a las atribuciones de que dispone la Comunidad madrileña, pueda ésta desplegar, nunca suprimir servicios cuya titularidad viene atribuida legalmente al sector público. Sería desde luego mucho más interesante observar lo que unos mínimos estándares de libertad económica ofrecen desde hace años en variables como la riqueza y el empleo. Naturalmente lo más interesante no es lo que más interesa al interés político partidista.
Cosa muy distinta es que la parte socialista del sistema político pueda gestionarse de manera más eficiente por quien, aunque pueda ser considerado ideológicamente incapaz de atender al bien común, no olvida ciertas reglas inexorables de la economía y ante las que ningún gobierno por poderoso que sea resulta inmune, pues ese gobierno como mucho dilatará en el tiempo los efectos de sus decisiones. Algo parecido a esa historia del que se arrojó desde lo alto de un rascacielos, según caía desde las ventanas le iban preguntando cómo estaba y él respondía: «por ahora bien».
José María Sánchez Romera
