Era difícil que cualquiera con un mínimo de perspicacia o algo de información creyera en su día que lo que se pretendió haciendo caer al Gobierno del PP presidido por Rajoy fuera la eliminación de un Gobierno corrupto. El cierto que el Partido Popular tuvo episodios nada edificantes en algunos de sus territorios y dirigentes. Es cierto también que la gestión de aquellos problemas fue por momentos muy mejorable y no tanto por no reconocer los hechos, como por explicarlos mejor y salir públicamente a ponerlos en su justo lugar. En ocasiones se optó por la estrategia del avestruz en la esperanza de que amainara la tormenta confiando en que habría cierto respeto por la verdad y la realidad de lo ocurrido. Sobre el Gobierno no pesaba ninguna investigación judicial por prácticas corruptas, pero sobre la certeza de ese hecho se impusieron los relatos, la de un Partido existencialmente corrupto, el más corrupto de Europa se decía (nunca supimos cual era el segundo), y sobre el mito de un ordenador destruido a martillazos, unos papeles escritos a mano por un administrador, que básicamente administró en su beneficio, y una Sentencia pendiente de recurrir, se dispuso de suficientes elementos escandalosos para armar un guión a modo esqueleto de una operación política de altos vuelos como era derribar el Gobierno de la cuarta economía de la UE razonablemente estable poniendo en su lugar otro sin aparente programa (sí lo había, como veremos después). Porque lo cierto es que la financiación irregular de los partidos había sido una constante en nuestra democracia, de ahí que acusar al PP de ser el único que recurrió a tales prácticas fue un gesto de cinismo a la altura del propósito que se perseguía. Y eso por no hablar de cómo se hayan financiado BILDU y todas sus matrices hasta llegar a la primera, creadora de un sistema de recaudación llamado “impuesto revolucionario”. Y así, el 1 de junio de 2.018 toda la Oposición formada por izquierdas y nacionalistas encontraron en la lucha contra la corrupción el hilo de Ariadna que marcó el camino para votar unidos y poner en el lugar del que había un Gobierno limpio (a eso cabía reducir su programa). La frase-compendio de la moción de censura fue: “No puede ser una moción instrumental, sino un mecanismo que reprocha y repudia las prácticas del partido en el gobierno que sustenta una red de corrupción institucional” (Ábalos dixit). Ábalos…
Pasados más de siete años nos encontramos en una tesitura no exactamente igual, aunque, en sus aspectos sustanciales, equivalente. De forma llamativa de entre aquellos que votaron contra el Gobierno del PP para apartarlo por la corrupción, ninguno está ahora dispuesto a votar una moción de censura basada en el mismo incentivo. Incluso ahora debería ser mucho más sencillo censurar al Gobierno. Para demostrarlo recurrimos al lenguaje lógico-formal de las matemáticas y el carácter axiomático de las afirmaciones utilizadas para llegar a una conclusión válida. El Partido censurante en 2.018 tan sólo disponía de 85 diputados, por lo que teniendo en cuenta que el Congreso tiene 350, para llegar a la cifra crítica que les permitiera ganar la moción les faltaban 91 diputados. En la actualidad hay 172 diputados que votarían incondicionalmente la censura, es decir, harían falta 4 votos para que triunfe. Por un simple cálculo de probabilidades y proponiendo A como un factor constante que sería la predisposición de todos los diputados que entonces votaron la censura para combatir la corrupción, dado el precedente del año 2.018, en la situación actual el resultado de una votación basada en un mismo motivo debería tener como consecuencia el éxito de la propuesta tendente a cambiar el Gobierno teniendo en cuenta que entre los partidos cuyos diputados votaron a favor de la moción cuentan con más de cuatro representantes en el Congreso. Este enunciado tendría que ser verdadero para cualquier situación que combine los mismos elementos, sin embargo, ahora no se cumple porque evidentemente el factor A era falso: no todos los diputados están dispuestos a combatir la corrupción, sino que se trata de un factor contingente que sólo es decisivo complementado con otros les acerquen a sus objetivos políticos máximos. Por sí sola la corrupción se aparece irrelevante y lo ético se relativiza cuanto sea necesario en función de lo que se espera obtener a cambio.
Como ya apuntábamos al principio con lo expuesto en el párrafo anterior no se descubre la pólvora, sólo algo más de claridad. Como al final el modus operandi de cada político siempre responde a un patrón, lo que hemos podido encontrar es que detrás de aquel desgarrado grito contra la corrupción se escondía un pacto político que se ha ido desvelando con el tiempo para mostrarnos por entregas cada uno de sus detalles. Como en el caso de la amnistía, se acaba admitiendo lo que poco antes se negaba con vehemencia. Aquéllos votos contra la corrupción, en esencia, se dieron a cambio de un pacto político destituyente o constituyente, dependiendo de la posición del observador, pero con los mismos efectos. Los territorios de hegemonía cultural nacionalista se irían convirtiendo cada vez más en “territorio comanche” para todo lo español y a cambio ellos apoyarían los proyectos de ingeniería social de la izquierda, unas consecuencias que, aunque paradójicas para ambos, han sido dadas por buenas con tal de afianzar sus cuotas de poder. Ese fue el acuerdo que, desencuentros menores aparte por las prisas nacionalistas, se ha ido poniendo de manifiesto con el paso del tiempo, que expresiones como aquella de “el muro” o la negativa a convocar elecciones, en la certeza de que el Gobierno las perdería, desvelan. El bloque de la censura mantiene y mantendrá su apoyo al Gobierno hasta agotar sobre la pactado el límite de lo alcanzable por encima de esta y otras adversidades, sin disimulos, pese a alguna declaración de mero compromiso en los primeros instantes cuando las noticias le pusieron frente al espejo del año 2.018.
No, no fue la corrupción.
José María Sánchez Romera
