Uno de los dogmas económicos más gráficos es el expresado bajo la fórmula: “no hay tal cosa como un almuerzo gratis”, significante de todo se paga dejando como único problema a resolver quien se hará cargo de la cuenta. Quizás por eso Thomas Sowell nos recuerda que “La primera lección de economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para dar a todos todo lo que quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía”. Puede que por esa razón el mismo Sowell expresa su perplejidad al señalar que “nunca he entendido por qué es “avaricia” querer quedarse con el dinero que has ganado, pero no es avaricia querer coger el dinero de otro”. Estas sencillas evidencias hacen difícil asimilar que la economía sea una materia sometida a tantos equívocos y fabulaciones utópicas (si es que puede considerarse una utopía organizar la sociedad como un establo). Siendo precisamente el conocimiento económico la base imprescindible para mejorar paulatinamente el bienestar humano, resultaría desalentador que se dediquen tantos esfuerzos a eludir sus fundamentos racionales en beneficio de divagaciones absurdas si no fuera porque desistir de la oposición a esos desvaríos conlleva resignarse a la miseria del asistencialismo. Una renuncia que sería a beneficio de esa política intervencionista que sirve a unos intereses que desde el punto de vista de los intereses generales son los menos generales que se conocen.
La necesidad de disponer de determinados servicios que pueden considerarse básicos como la defensa, la seguridad interior, la organización judicial, una sanidad de último recurso o la disposición de fondos de reserva para la prevención o reparación de situaciones extremas, están plenamente justificados en tanto que es expresión de una institucionalidad que ordena la convivencia y tutela los derechos básicos de las personas para el ejercicio de su libertad, no para perderla. La creciente interferencia de la administración para decidir si son o no aceptables los resultados que deparan las interacciones voluntarias de los individuos no es nociva solo para la libertad sino para el crecimiento de una riqueza sin la cual hablar de su reparto es ilusorio. La perfecta noción de justicia, antítesis forzosa de lo ideológico, no brota en la mente del político al ser investido de poder, sus percepciones sobre la realidad siguen formando parte de su subjetividad anterior y sus decisiones la mayoría de las veces están movidas por razones que tienen que ver con alcanzar o mantener el poder, en lo intenso de esa voluntad y de los mecanismos para impedirlo diferencian la democracia del autoritarismo.
Es en el doble contexto expuesto bajo el que debe entenderse la iniciativa de condonar una parte de las deudas que tienen las comunidades autónomas, precisamente amparadas en esas mefíticas justificaciones que no están respaldadas por principios económicos válidos ni criterios de justicia en los que podría haber cierto grado de consenso social. Un principio económico que debería ser universalmente admitido tiene que ver con el derecho a que cada uno se quede con lo que ha ganado legítimamente y si alguien cree tener derecho a una parte de esa ganancia está obligado a explicar el porqué. Otra idea bastante elemental, también cuestionada con el aparatoso argumento de la legitimidad (?), es que cada uno pague las deudas que ha contraído en las condiciones que libremente aceptó. En tal sentido redistribuir la deuda de cada comunidad entre el conjunto de los españoles significa forzosamente que unos pagarán lo que otros gastaron, aunque se presente como un ahorro general, se trata de un truco contable evidente. Cabe admitir que cada comunidad sobre el papel pague menos intereses por su deuda, pero más por lo que debían otros y que por tanto unos ganarán a costa de otros. De lo que no hay tampoco duda es que el Estado perderá el capital prestado y los intereses correspondientes, que asumirá como deuda propia lo que era un crédito y además pagará el coste de esa financiación al ser restado del saldo nacional. Pese a lo que se quiere aparentar, la deuda no desparece, lo que se hace es distribuir por arriba el total incrementando el número de deudores tratando de ocultar la pérdida real que tendrán quienes debían mucho menos. Los que manejan las cuentas lo saben, pero como producto es muy fácil de vender en el mercado de los mensajes políticamente rentables.
Por tanto, no se enjuga la deuda de todos, sino que algunos pagarán, bajo un rubro distinto, más que antes y otros menos. La hipoteca, el ejemplo buscado por el Gobierno, no se reduce ni un céntimo, lo que se hace es repartirla entre todos a fin de que los que mejor administraron sus recursos carguen con los excesos de los manirrotos. ¿O es que alguien piensa que el independentismo catalán ha negociado esa quita para salir perdiendo o quedarse igual que estaba? La condonación es, por añadidura, un primer paso que se completará con la secesión fiscal que el Gobierno de Cataluña, la contención formal de Illa cumple la función de Caballo de Troya a la espera de la siguiente pleamar nacionalista, está negociando con el Central, lo que significará que se libran de parte de lo que deben y no van a aportar nada a la caja común del Estado, todo ganancia, aparte de lograr otras transferencias de dinero que con cargo a Presupuestos Generales, si llegan a aprobarse, puedan negociar. Al final ambas partes lo que hacen es intercambiar bastones en los que apoyarse, un bastón económico es correspondido con otro político. El progreso tiene así un doble alcance: ponerse de acuerdo en aquello que les conviene y encontrar a alguien que pague la cuenta.
