Hay una extraña liturgia contemporánea en la política española: el joven se ha convertido en un sujeto electoral casi mitológico. Se le invoca en cada campaña, se le promete emancipación, alquiler asequible, bonos culturales, transporte subvencionado y hasta esperanza empaquetada en titulares de colores amables. El joven, ese ciudadano aún por conquistar, ocupa hoy el centro emocional del discurso público. Mientras tanto, al otro lado de la avenida demográfica, los mayores de cuarenta observan el desfile desde la acera, con la sensación incómoda de haber dejado de existir para las prioridades oficiales.
Porque nadie niega que la juventud lo tiene difícil. Sería absurdo. Acceder a una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el salario llega siempre varios metros por detrás del precio del alquiler. Pero la pregunta incómoda aparece cuando las ayudas se diseñan exclusivamente con fecha de nacimiento: ¿qué ocurre con quienes superan los cuarenta y tampoco pueden pagar un techo sin sacrificar media vida?
Ahí comienza la invisibilidad.
El cuarentón español y en a delante —esa figura que antes simbolizaba estabilidad— hoy encadena hipotecas imposibles, alquileres abusivos, divorcios que parten economías domésticas en dos, hijos dependientes y empleos cada vez más precarios. Muchos vuelven al mercado del alquiler después de una separación y descubren, con una mezcla de estupor y humillación, que una vivienda modesta consume más del cincuenta por ciento de su sueldo. Otros jamás lograron comprar. Algunos sobreviven enlazando contratos temporales con edades en las que el sistema ya esperaba de ellos solvencia, serenidad y hasta ahorro.
Pero no generan campañas atractivas.
No protagonizan vídeos virales.
No representan la estética política del futuro.
Quizá ahí resida el verdadero problema. El joven produce relato; el mayor de cuarenta produce estadísticas. Uno simboliza esperanza electoral. El otro, desgaste administrativo. Y la política moderna, tan obsesionada con la comunicación como con el poder, prefiere las emociones fotogénicas a las realidades incómodas.
Resulta legítimo preguntarse si existe también un cálculo electoral en esta insistencia institucional por segmentar las ayudas hacia los más jóvenes. Al fin y al cabo, el voto juvenil se ha convertido en terreno de disputa feroz entre partidos que buscan seducir a generaciones desencantadas. El votante maduro, en cambio, parece percibirse como un elector ya consolidado, menos moldeable, más resignado y probablemente más fiel a sus inercias ideológicas.
Tal vez por eso nadie teme demasiado su enfado.
Y, sin embargo, hay una profunda injusticia en esa mirada administrativa que convierte la edad en frontera moral de la necesidad. La precariedad no pide el DNI antes de entrar en casa. La angustia de no llegar a fin de mes no desaparece al cumplir cuarenta. Tampoco la incertidumbre. Ni el miedo a tener que abandonar el municipio donde uno ha construido su vida porque el alquiler sube más rápido que el salario.
La vivienda, en realidad, no debería entenderse como una política generacional, sino como una cuestión de dignidad social. Ayudar a los jóvenes es necesario. Pero olvidar a quienes llevan años sosteniendo familias, pagando impuestos y soportando crisis sucesivas revela una peligrosa tendencia contemporánea: la de clasificar a los ciudadanos según su rentabilidad electoral.
Y quizá lo más triste no sea que existan ayudas para unos y no para otros. Lo verdaderamente desolador es la normalidad con la que hemos aceptado que cumplir años pueda convertir a alguien en invisible.
