La vivienda se ha convertido en una de esas palabras electorales que los partidos pasean de campaña en campaña como una reliquia: la muestran al pueblo, la besan delante de las cámaras y luego la devuelven al cajón de las promesas. La pronuncian con unción, la acompañan de la palabra dignidad y la imprimen en carteles que prometen un futuro mejor. Después, la realidad, que no tiene partido y sí muy malos modales, llama a la puerta con una orden de desahucio.
Hay palabras que, de tanto pasar por la boca de los políticos, pierden el significado, como las monedas que han circulado demasiado. Vivienda es una de ellas. La dicen en los mítines, la escriben en los programas y la pasean por los platós con la solemnidad de quien acaba de descubrir la justicia social. Luego se apagan los focos y la vivienda vuelve a ser lo que siempre fue: una puerta que puede cerrarse desde fuera, una llave inútil, una maleta en el pasillo, una familia haciendo cuentas con la calculadora del miedo.
El desahucio tiene una acústica miserable. No suena como la política, con su estrépito de hemiciclo y sus declaraciones a la salida. Suena a cartón, a muebles arrastrados, a cajones que se vacían con prisa. Es el ruido de la política cuando se le cae el lenguaje y aparece debajo el mundo real: una familia sin casa, un salario que no alcanza, una vida reducida a lo que cabe en unas cajas.
España lleva años hablando de vivienda. Tantos que uno empieza a sospechar que el problema no es la falta de palabras, sino su extraordinaria capacidad para sustituir a los hechos. Se producen discursos, se anuncian planes, se convocan ruedas de prensa. La vivienda genera titulares y promete votos. Lo que no genera con la misma abundancia son casas asequibles.
Gobiernos de distinto signo han prometido ampliar el parque público, facilitar el alquiler y proteger a las familias vulnerables. Cada convocatoria electoral trae su farmacia de campaña, su surtido de remedios para una enfermedad que sigue avanzando. Cambian las siglas, los colores y la música del mitin, pero el ciudadano continúa delante de la misma puerta, preguntándose dónde está la casa que le prometieron.
El drama no consiste únicamente en que haya personas que pierdan su vivienda. Consiste en que hayamos terminado aceptando esa posibilidad como parte del paisaje. Hoy le ocurre a una familia con niños; mañana, a una persona mayor; pasado mañana, a alguien que trabaja y descubre que su sueldo apenas le permite seguir siendo pobre. Cambia el domicilio de la desgracia, pero el mecanismo permanece.
La política, entretanto, practica su mudanza de responsabilidades. El que gobierna explica las limitaciones heredadas; el que está en la oposición denuncia la insuficiencia de las medidas. El que gobernó recuerda lo que hizo y el que acaba de llegar promete arreglarlo. Todos tienen un argumento, un culpable y una solución para mañana.
Mañana es una palabra magnífica en boca de un político: no cuesta dinero, no exige resultados y permite aplazar indefinidamente la vergüenza. Pero para quien está a punto de quedarse en la calle, mañana no es una metáfora. Es una fecha judicial.
La vivienda retrata como pocos asuntos la distancia entre la política como literatura y la política como obligación. Un programa electoral puede prometer miles de viviendas públicas con la misma facilidad con que promete bajar los impuestos o acabar con las listas de espera. Basta imprimirlo, encuadernarlo y repartirlo. Construir esas viviendas exige suelo, financiación, gestión y continuidad. Es decir, todo aquello que empieza cuando termina el mitin.
La política contemporánea ha descubierto que anunciar una medida produce casi el mismo rendimiento publicitario que ejecutarla, al menos hasta las siguientes elecciones. Una promesa cabe en un eslogan; una vivienda necesita ladrillos. Una ley proporciona un titular; un parque público de alquiler exige años de trabajo. La propaganda vive del instante, mientras que la realidad tiene la mala costumbre de exigir tiempo. Y los partidos, tan aficionados a hablar del futuro, suelen administrarlo con generosidad cuando prometen y con cicatería cuando toca rendir cuentas.
De ahí nace una sospecha que ya no pertenece a ningún bando: que los programas electorales están escritos para ganar las elecciones, no para gobernar después. Son novelas de anticipación con capítulos prometedores y un final que nunca llega. Literatura de intenciones, con mucho prólogo y escaso desenlace.
El ciudadano aprende por repetición. Escucha una promesa, espera, comprueba que no se cumple y vuelve a escucharla cuatro años después, con otra tipografía y el mismo perfume. Termina por desarrollar un escepticismo doméstico: ya no pregunta cuándo se hará lo anunciado, sino cuánto tardarán en olvidarlo. La promesa incumplida se ha convertido en un género político, con culpables intercambiables y un desenlace que todos conocen.
No todos los partidos hacen lo mismo ni todas las políticas producen idénticos resultados. Hay medidas que funcionan y ayudas que llegan. Pero una democracia no puede medir su eficacia por el número de leyes aprobadas o de comparecencias celebradas. El Boletín Oficial del Estado no es una unidad de felicidad doméstica. Lo que importa es qué cambia en la vida de la gente, y en materia de vivienda la distancia entre el anuncio y el resultado sigue siendo demasiado grande para cubrirla con una rueda de prensa.
Los desahucios, además, responden a circunstancias distintas: impagos del alquiler, ejecuciones hipotecarias y otros conflictos jurídicos y sociales que no admiten una única respuesta. Precisamente por eso hace falta una política adulta, capaz de prevenir, distinguir y actuar. La protección de las personas vulnerables, la seguridad jurídica y el acceso a una vivienda asequible no deberían ser munición para las trincheras partidistas. Son obligaciones de una sociedad que presume de avanzada, aunque haya avanzado mucho más en la fabricación de discursos que en la solución de sus problemas.
A esta distancia entre la promesa y el cumplimiento se añade otra que alimenta el descrédito: la que separa la inseguridad cotidiana de los ciudadanos de la estabilidad que rodea a buena parte de la clase política. Mientras una familia teme no poder pagar el alquiler, el cargo público conserva, al menos durante su mandato, una seguridad bastante más confortable. Uno teme perder el techo; el otro, como mucho, perder el escaño.
No hace falta afirmar que todos los políticos persiguen exclusivamente el sueldo y las prebendas para comprender la desconfianza. Basta observar la facilidad con que algunas promesas se evaporan y la resistencia con que ciertos privilegios sobreviven. La ciudadanía empieza a preguntarse si, debajo de las feroces disputas entre derechas e izquierdas, no existe un interés común mucho más prosaico: conservar el puesto y sus ventajas.
Y aquí aparece una palabra todavía más incómoda que vivienda: vergüenza. La de no haber cumplido, la de prometer de nuevo lo que quedó pendiente, la de comparecer ante los mismos ciudadanos con idénticas soluciones y distinta escenografía. Quizá uno de los privilegios más resistentes de la política sea precisamente ese: poder reincidir en el incumplimiento sin tener que explicar demasiado por qué.
Hay, además, un desahucio que no figura en las estadísticas judiciales: el de la confianza. El elector expulsa de su intimidad la palabra del político, la deja en el rellano junto a los folletos de campaña y aprende a no abrir cuando vuelve a llamar. Puede seguir votando, pero ya no espera. Y esa es una derrota más profunda que la abstención: una democracia que conserva las urnas mientras pierde la fe de quienes acuden a ellas.
Los programas electorales deberían ser un contrato moral entre representantes y representados. Gobernar obliga a negociar, corregir y reconocer los límites de lo posible, pero esas dificultades no pueden convertirse en una coartada universal. Si una promesa se abandona, hay que explicarlo; si una medida fracasa, hay que asumirlo. El silencio no debería servir como liquidación de responsabilidades.
Bastaría con una medida elemental de higiene democrática: que cada partido publicara, junto a su próximo programa, el balance verificable del anterior. Cumplido, parcialmente cumplido, incumplido. Con fechas, presupuestos y explicaciones. Sería menos vistoso que un mitin, pero permitiría distinguir entre quien no pudo hacer lo prometido, quien hizo menos de lo anunciado y quien utilizó la promesa como escalera para alcanzar el poder.
Mientras tanto, en alguna ciudad española, una puerta se cierra. Una familia dobla una manta, guarda los últimos papeles en una caja y trata de comprender cómo algo tan elemental como tener un lugar donde vivir ha terminado convertido en una aspiración casi extravagante.
Afuera, los partidos preparan sus discursos, los asesores corrigen los eslóganes y las imprentas ponen en marcha las máquinas. La vivienda volverá a ocupar un lugar destacado en los programas. Habrá palabras solemnes, promesas generosas y fotografías junto a vecinos que esperan.
La palabra vivienda volverá a circular, flamante, recién salida de la imprenta, como si nadie la hubiera pronunciado antes.
Y alguien, en algún lugar de España, mirará la puerta que ya no puede abrir y recordará que se lo habían prometido.
Porque el desahucio más triste no es solo el de quien pierde una casa. Es el de una sociedad que empieza a quedarse fuera de las palabras de sus representantes. La casa se pierde en una mañana. La confianza tarda más, pero cuando se marcha, no suele dejar las llaves.
