Se debe a Plinio el viejo la expresión “in vino veritas” que es la depuración semántica del dicho que atribuye a los borrachos la presunción de no mentir cuando hablan. Los presupuestos son a los gobiernos lo que el vino a la verdad, lo que nos da cuenta de su verdadero ser. En su momento fueron denunciadas por la izquierda las llamadas políticas de recortes practicadas por el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Nunca fue verdad aquella acusación, aparte de alguna eliminación de organismos más políticos que otra cosa, no hubo tales recortes referidos al tamaño de la administración que siguió incólume. Los recortes los sufrieron empresas y personas en forma de subidas de impuestos generalizadas para hacer frente al vendaval que en forma de déficit público había dejado el Presidente Rodríguez Zapatero pese a su postrera rectificación en 2.010. Los presupuestos del Sr. Montoro, aparte de ser ejecutados con un mayor rigor contable, fueron una acabada expresión de políticas socialdemócratas en forma de saneamiento del sector público a costa del privado. El PIB solo empezó a crecer con fuerza coincidiendo con la modesta rebaja de impuestos acordada por el Gobierno en 2.015.
Conviene recordar, relacionado con lo anterior, que el sector financiero representante del sector público, las cajas de ahorro, también fueron rescatadas con el dinero de los contribuyentes. Esto se resaltó con gran énfasis y razón por parte de la izquierda, aunque atribuyendo el beneficio del rescate “a la banca”, dando a entender que eran las entidades financieras privadas. En lo que no repararon en su crítica, al atribuir el saneamiento al esfuerzo ciudadano, es que de esa forma admitían de manera implícita que, contra lo que mantienen como justificación del intervencionismo, el Estado no dispone de potencialidades económicas propias sino éstas que provienen de quienes son obligados a sostenerlo destinando una parte de lo que producen a ello.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.022 aprobados la pasada semana responde a la progresión de las políticas de reforzamiento de las estructuras administrativas. Y no hay alternativa, aquí no hay mencheviques y bolcheviques como metáfora entre el posibilismo y el dogmatismo de la doctrina del gasto público como impulsor del crecimiento económico. El Gobierno y la mayoría que lo sustenta pese a conocer el avance de los datos macroeconómicos contrario a las previsiones de crecimiento de la economía, mantiene por estrictos principios ideológicos que se va a recaudar lo previsto, y que por tanto el déficit no se desviará de los previsto (que no es poco) sin detenerse tampoco a considerar si existe la posibilidad de que algunas partidas de gasto sean prescindibles. La Sra. Ministra de Hacienda sorteó la cuestión con una especie de “Polonia invade Alemania” cuando acusó a la Oposición de rechazar sus presupuestos únicamente por razones ideológicas, que precisamente son las que han impulsado su propuesta, y de hecho la defensa que hizo del proyecto de ley no fue económica sino política. Es evidente que con solo con los números, elididos los argumentos que configuran el relato político, no había margen para la justificación de esas cuentas. La propia Sra. Calviño otrora aquella tecnócrata surgida del frío de Bruselas también se refugia ya en mantras ideológicos sabedora de lo que los mismos tratan de ocultar. No es más que cuestión de tiempo que la sentencia de von Bawerk (cambiar la naturaleza de las acciones humanas y por tanto las leyes de la economía es algo que no está en manos de un gobierno, por muy poderoso que éste sea) se haga presente una vez más en cualquier situación que ignore la tozuda esencia de las cosas.
Basta, para comprobar el descriptible éxito de las políticas basadas en gasto público y deuda, que salen inexorablemente de los impuestos que se pagan, con la evolución social que se ha vivido en España. Pobres tasas de ahorro, crisis en el sistema público de pensiones, bajos salarios en los tramos iniciales que dan acceso al mercado laboral (lastrados por las altas cargas sociales), dificultad de los jóvenes para emanciparse, etc. Los impuestos no han dejado de subir en los últimos quince años, pero todos esos problemas no han dejado de agravarse. Para un observador imparcial, una vez analizada la evolución de todos esos factores, no sería la profundización en las medidas de “redistribución” de riqueza a través del Estado lo más aconsejable. La única realidad es que la burocracia estatal al final asigna y desvía los factores factores productivos para atender los mercados y sectores que políticamente se desean primar y no los que demanda la sociedad.
No faltarán desde luego los ya recurrentes expertos, vamos camino de convertirnos en una “expertocracia”, que por medio de “informaciones” de las que darán cuenta los grandes medios de comunicación, nos dirán que no existe otra solución ni otra forma de hacer las cosas. Pero esto no es cierto y su contradiscurso reside en la simple comprobación de cómo las economías más libres presentan grados de prosperidad material generalizada mucho más altos que los de las economías sujetas a intervención.
El celebradísimo economista inglés, especialmente en tiempos de crisis, John M. Keynes, en su prólogo a la edición alemana de su libro Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, hizo gala de su efusión intervencionista celebrando nada menos que la política económica de Hitler en los años 30. Las medidas de expansión monetaria que en principio causaron un efecto dinamizador de la economía y eliminó el paro trajo como consecuencia unos incontrolables aumentos de precios que fueron «reprimidos» de una forma tan genérica y “eficaz» que todo el sistema productivo acabó quedando en poder del Gobierno alemán. El resto de la historia es perfectamente conocida y este episodio concreto nos ilustra de los indeseables resultados que las decisiones orientadas a corregir las tendencias del mercado desde instancias políticas tienen. Es incompresible que una y otra vez se caiga en los mismos errores pero así hay desgraciadamente que constatarlo.
José María Sánchez Romera
