Si dirigimos nuestra atención hacia lo que se entiende generalmente por justicia social (distributiva) nos acabaríamos dando cuenta de que su aplicación no ha hecho sociedades más justas ni aplacado la insatisfacción humana. Antes al contrario, advertiremos que aquellos regímenes o sistemas políticos que con más ahínco han pretendido como objetivo esencial llegar a ese ideal denominado la justicia social forzando la igualdad económica han fracasado y con mayor estrépito cuantos más obstáculos han tratado de removerse para conseguirlo (seguramente porque no eran obstáculos). Como la mayoría de la izquierda cree con que la ordenación deliberada del poder hacia determinados efectos se llega a los fines deseados, necesita contraponer que el liberalismo funciona bajo unos mismos parámetros y como no puede identificar a alguien que actúe como efectivo autor de los resultados en un orden espontáneo basado en la libre competencia, atribuye al capital los resultados de un proceso no deliberado de distribución de la riqueza, como los antiguos atribuían a “los dioses” los fenómenos naturales que no entendían. En base a ello construye la teoría de que los poderes del Estado están llamados a actuar sobre esas injusticias, aunque lo lleve a la paradójica decisión de profundizar sus intervenciones en proporción directa a lo decepcionantes de los efectos que cosecha.
Siguiendo esa línea de pensamiento procesos sociales espontáneos como el turismo, la desafección de los electores hacia unas políticas que se han traducido en votos a ciertos partidos o la no aceptación (plena o parcial) de algunas ideas o principios que deberían ser la orientación moral o ideológica de la inmensa mayoría, si no de toda la sociedad, son una anomalía en opinión del progresismo. Es paradigmático el caso del turismo frente al cual se ha desatado una ofensiva, donde la parte que protesta se identifica con toda la sociedad (¿bulo?), haciendo recaer la responsabilidad en visitantes y propietarios de viviendas la escasez y carestía de éstas. A la vez que se hace alarde del crecimiento económico del país, se ataca el turismo que este año va a representar el 13,4% de su PIB, mientras que nadie se hace responsable de años sin iniciativa pública para impulsar la construcción de espacios vivideros en número suficiente y a precios asequibles tomando las medidas adecuadas. No deja tampoco de llamar la atención que quienes desde iguales planteamientos ideológicos establecieron como signo de pobreza el no poder disfrutar de unas vacaciones fuera del lugar de residencia habitual, pretendan ahora limitar, cuando no suprimir, la libertad de movimientos que es al fin y al cabo lo que hace un turista en uso de un derecho reconocido por el artículo 19 de la Constitución que en reciprocidad se aplica a los ciudadanos extranjeros que se desplazan a nuestro territorio. Bajo esa legitimación llamada sin mayores exigencias demostrativas “justicia social”, se pretende limitar el uso libre de la propiedad a los titulares de viviendas para que no puedan darles el uso que les sea más conveniente, incluida la rentabilidad económica, algo que por cierto hace con lógica todo el mundo a nivel particular sin distinción de ideologías.
Y puesto que no puede haber procesos sociales espontáneos que no causen o tengan fines antisociales, es coherente con todo lo anterior que en la sesión parlamentaria vivida esta semana en el Congreso los Diputados se anunciara por el Presidente del Gobierno, todavía de forma difusa, la adopción de medidas para intervenir medios de comunicación que supuestamente compartirían la común identidad de pertenecer al sector ideológico de la extrema derecha, como responsables de la difusión de bulos destinados a crear en la sociedad estados de opinión contrarios a la realidad. Esto de inicio no es especialmente clarificador porque el concepto “extrema derecha” no es pacífico, mucho menos desde que se usa para definir la disidencia de cualquier idea considerada “progresista”, sin que esté demostrado, eso no podrá demostrarse, que discrepar razonadamente de tales ideas sea una actitud extremista. Lo extremista en todo caso será no admitir que todo pensamiento está abierto a la controversia.
No nos detendremos en resaltar el trasfondo real de la iniciativa gubernamental cuya denominación, “regeneración democrática”, recuerda en su fórmula nominativa a la Ley de Amnistía, titulada como de búsqueda de la reconciliación con quien no deja de sostener que rechaza la posibilidad de reconciliarse. Vamos a dirigirnos sobre los argumentos que desde el punto de vista del Presidente justificaban la iniciativa que proponía, que él sabe de muy difícil realización formando parte de la Unión Europea. Ajenos a ello sí contó con el entusiasmo liberticida de sus socios parlamentarios cuya crítica fue acusar al Gobierno de cauto y que no se lanzara directamente a prohibir los medios de prensa desafectos. Es un deseo indisimulado convertir el Congreso en una Cámara convencional de inspiración jacobina elevando a ley toda pulsión de la mayoría y en la táctica de culpar a otros de los fracasos revolucionarios. Si la Monarquía fue derrocada porque no daba pan al pueblo, la falta de pan seguía siendo culpa de los mismos, aunque ya no gobernaran.
Para el Presidente del Gobierno su iniciativa respondía al hecho de que cada año se producen en nuestro país miles de bulos que se comparten un 70% más rápido que las noticias verdaderas. Es un aserto tan cuestionable como su origen y donde claramente se mezclan los disparates y difamaciones que puedan circular por las redes sociales con lo que se publica en los llamados “pseudomedios” (una pseudodenominación) que tienen responsables conocidos y a los que pueden exigirse responsabilidades en los tribunales. Pretendiendo ser más concreto el Presidente precisó que esos bulos han logrado que el 18% de los españoles considere que la economía española está en crisis cuando lleva quince meses de crecimiento económico, el 34% de los ciudadanos tema que alguien “okupe” su casa o que el 20% crea que el cambio climático no está causado por el hombre, podía haber añadido que a causa de los bulos más del 50% no cree en el socialismo puesto que no lo vota siendo una evidencia para él que es la mejor opción ideológica. La realidad es que la conexión entre esos porcentajes y los supuestos bulos no está demostrada, la correlación no demuestra la causalidad, y lo que expresarían esos estados de opinión es simple libertad de opinión, no necesariamente el efecto de manipular las mentes. Además, los ejemplos elegidos no son por definición cuestiones pacíficas ya que vienen conformadas por factores muy diversos que justifican la existencia de opiniones no coincidentes. Si consideramos la economía en particular, el crecimiento del PIB no significa que llegue a todos por igual y menos que garantice una mejora homogénea y generalizada de los estándares de calidad de vida, los índices de pobreza que publican diversos organismos independientes lo cuestionan de hecho. Finalmente hay que constatar que si esos porcentajes fueran ciertos lo que indicarían es una conformidad mayoritaria con las ideas del Gobierno, lo que hace más difícil que se justifique la necesidad de las medidas propuestas. Así las cosas, regenerar la democracia no parece la expresión más adecuada si lo que se persigue es alcanzar la unanimidad en torno al poder.
