El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha denunciado lo que considera un “ataque sin precedentes” del Gobierno de España contra los derechos de los empleados municipales de la localidad. Tras la notificación recibida a última hora de este viernes por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Granada, se confirma que la Subdelegación del Gobierno en Granada ha logrado paralizar judicialmente la subida salarial aprobada por el Ayuntamiento para reconocer las competencias digitales de su plantilla.
El “sectarismo” de la Subdelegación, según el alcalde
El acuerdo, aprobado en el Pleno del 27 de marzo de 2025, contemplaba una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el objetivo de incentivar la modernización tecnológica de la administración local. Sin embargo, la Abogacía del Estado impugnó la medida alegando un supuesto incumplimiento de los límites retributivos fijados en la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado.
Para Ruiz Joya, esta actuación supone un ejercicio de “hipocresía política máxima”. El alcalde asegura que “mientras el Partido Socialista presume de digitalización y justicia social en sus discursos, envía a sus abogados a los juzgados para quitar dinero del bolsillo a los trabajadores de Almuñécar. Resulta indignante que un gobierno que dice ser ‘de la gente’ dedique recursos a frenar una mejora salarial justa”, ha aseverado.
Una decisión que frena el municipalismo y el progreso
El Auto nº 199/2025, firmado por el magistrado José Pérez Gómez el pasado 22 de diciembre, impone además las costas del proceso al Ayuntamiento, limitadas a 300 euros en concepto de honorarios de letrado. El tribunal fundamenta su decisión en que la administración municipal no formuló oposición a la medida cautelar dentro del plazo legal, así como en la prevalencia del interés general del Estado frente al ámbito local.
Críticas al Gobierno central
Según ha expresado Ruiz Joya, la actuación del Ejecutivo central supone un “bloqueo a la modernización, al castigar el esfuerzo de los trabajadores por adaptarse a la era digital”; un “intervencionismo asfixiante, al ignorar la autonomía municipal para gestionar sus recursos en beneficio de su plantilla”; y un “doble discurso socialista, al anunciar fondos europeos para la digitalización mientras se impide por vía judicial que esa mejora repercuta en quienes prestan el servicio público”.
Para concluir, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento “no se quedará de brazos cruzados” y que no permitirá que “el castigo político del Gobierno de Sánchez a los municipios que no se pliegan a sus directrices lo acaben pagando las familias de los trabajadores municipales”.
En este sentido, el consistorio dispone de un plazo de quince días para interponer recurso de apelación, una vía que el alcalde ya ha anunciado que estudiará para revertir lo que considera un “atropello judicial y político”.
