Cuando Mariano Rajoy era Presidente del Gobierno, allá por aquel casi onírico 2.018, la economía funcionaba bastante bien. Había presupuestos y entre la interinidad del Gobierno, su falta de mayoría parlamentaria y no gobernar a golpe de concesiones por votos, los impuestos no subieron y tampoco las regulaciones, lo que contribuyó a la estabilización de la economía después del monumental déficit público dejado por Rodríguez Zapatero con aquellas políticas keynesianas espoleadas por su optimismo antropológico. Había en aquel momento un Ejecutivo moderadamente estable con 170 escaños garantizados en el Congreso, y potenciales aliados para sacar iniciativas legislativas ordinarias, además de mayoría absoluta en el Senado, entonces podía discutirse cómo mejorar el menú del pasaje, lo que no se hizo nunca fue poner en venta el ancla del barco a cambio del camarote de capitán. Todo eso se dejó sin valor político y social cuando una Sentencia dictada por la Audiencia Nacional expuso en uno de sus razonamientos, que no en el fallo, que el Partido Popular había tenido una caja “b” para financiar sus actividades. En los pocos días que median entre la presentación de una moción de censura, su debate y votación, aquel Gobierno fue devorado por aquella frase después corregida por el Tribunal Supremo ya que en aquel procedimiento no se juzgaba si el PP tenía o no una caja “b”. Nadie podrá recordar referencia alguna a la estabilidad política y económica del país como funciones disuasorias en la defenestración del Gobierno, como tampoco concesiones que hubiera que hacer a tan distintas formaciones para atraer el voto, algo totalmente opaco en aquella operación. Los coaligados nunca dieron cuenta de sus acuerdos, se nombró un Presidente con un Partido que tenía poco más de ochenta diputados en el Congreso y todo quedó presentado como si un nuevo Hércules hubiera vuelto para limpiar los sucios establos de Augías (PP) desviando el río de la decencia para limpiar de corrupción las instituciones contaminadas por un grupo político que no quería asumir responsabilidades políticas por sus desmanes morales y económicos.
Siete años y medio después los mismos, repito, los mismos, que derribaron al Gobierno “corrupto” (sin un solo imputado) del Partido Popular sólo compiten en incoherencia y balbucean las más ridículas excusas para justificar que ahora toleran lo que en 2.018 les parecía inadmisible. A todos por supuesto se los llevará la fuerza de los hechos convertidos en un vendaval y por eso no hay que perderse tampoco en elaboradas explicaciones, la corrupción fue una excusa para hacer confluir proyectos entonces incompatibles, hoy crea más dudas esa afirmación, en un objetivo compartido históricamente y que no es otro que negar la legitimidad de origen a un gobierno de centro-derecha y estar prestos a derribarlo a la menor oportunidad. Cualquier gobierno de la derecha será malo, cualquiera de la izquierda será bueno o en todo caso mejor o más tolerable y bajo la advocación de ese dogma todo estará permitido y con ello las excusas más inverosímiles para mantener la validez del dogma. Acudir a los hechos para extraer consecuencias racionales será despachado como un asunto propio del discurso de la extrema derecha.
Llama la atención que ahora sea la buena marcha de la economía la que sirva para ignorar todo lo que está ocurriendo, que no admite parangón con el estado de cosas que había en 2.018, y debamos dejarnos llevar por la dulce placidez que el crecimiento del PIB proporciona. Un argumento netamente capitalista de que sólo hay que mirar la cuenta de resultados (como si fuera el caso de un hospital de Torrejón) que debería de sorprender (o no) viniendo de quien viene y con lo que se trata de ocultar cómo se han resquebrajado las dos grandes columnas que han sostenido las políticas de estos últimos años: el feminismo y el compromiso ético en la gestión de los asuntos públicos. Y nada cabría oponer a ambos si no fuera porque frente a lo que pregona la izquierda se trata de asuntos individuales y no colectivos que se han querido llevar de la conciencia a la pancarta ya que una identificación ideológica no implica un compromiso innegociable de cada uno de los miembros pertenecientes a ese sector político. Lo único que se garantiza es que lo proclamarán públicamente como exigencia para pertenecer al grupo, que ya forme parte de su fuero interno o que sus pulsiones humanas coincidan con las exigencias de la narrativa es algo muy diferente. Y eso es lo que determina esa sensación de fracaso y hundimiento que vivimos ahora, donde en realidad tantas cosas se han dejado atrás sin ser atendidas, sino porque además se han utilizado los principios, no para marcar un camino que se cree correcto, sino para señalar al adversario, identificando como enemigo de las mujeres o de la honradez a quien expresa alguna crítica con la intención de mejorar las cosas o limitar algunos excesos. Y así, pese a que las conductas son individuales, el llamado progresismo ha querido convertirlas en un asunto colectivo postulando que la ideología predetermina el comportamiento de cada persona. Y sí, ma non troppo, llegado el caso, un acto reprobable de un miembro del centro-derecha se considera estructural, la consecuencia obligada de sus ideas; mas no en el progresismo, donde resulta tan excepcional que no rompe la unidad del comportamiento esperado de quien está ideológicamente a la izquierda (será más un derechista mal encuadrado y este pensamiento no es ficción). No quieren o no les interesa entender que el mal está en el concepto, en la génesis artificiosa de la idea y no en su aplicación, que no es más que la consecuencia necesaria de impregnarlo todo de ideología.
Pero considerando incluso la economía como el gran argumento de la legislatura, el asunto tiene truco y mucho porque nuestra prosperidad es un auténtico tigre de papel. El PIB ha crecido por un efecto estadístico producto de haberse incrementado en casi tres millones de personas la población en los últimos años por la inmigración (legal o irregular) y un turismo pujante que ha llegado a los cien millones de visitantes. El recurso a la deuda pública (en 1,7 billones de euros y subiendo) y las transferencias europeas de fondos, que no han llegado a la economía real del país, dan un cuadro macroeconómico optimista, aunque irreal, todo está cogido con pinzas. El Estado atiende sus obligaciones con una recaudación fiscal récord en la que ya las grandes empresas pagan más tributos que sueldos, razón por la cual la renta per cápita y el poder adquisitivo han descendido. La dependencia del exterior nos destruiría económicamente en poco tiempo en caso de una crisis económica o un período de inestabilidad geopolítica, algo que comienza a vislumbrarse. Carecemos de autonomía financiera por nuestro fuerte endeudamiento y de una industria complementaria o sustitutiva de la turística que ejerciera de freno de emergencia si las circunstancias cambiaran dramáticamente, traduciéndose en millones de parados de la noche a la mañana. Nuestro tejido productivo es muy vulnerable y no se ha hecho nada por reforzarlo aprovechando la disponibilidad de dinero que ha habido. El consuelo con la economía tiene su propio refrán: a falta de pan, buenas son tortas.
José María Sánchez Romera
