La votación de la Ley de Amnistía en el Parlamento Español fue como si en un concurso literario los miembros del jurado hubieran participan con una obra escrita por todos ellos, sólo que sin seudónimo, a cara descubierta, con sus nombres y apellidos. Unos grupos políticos con la vista puesta en obtener los votos necesarios para la investidura y otros para borrar sus antecedentes penales, se procuraron una ley “ad hoc” con el fin de alcanzar cada cual sus objetivos políticos (y personales). A cambio de la Presidencia del Gobierno los independentistas catalanes añadieron al botín de la amnistía una cláusula de penalización para todos aquellos que repudiaron su acción: fueron más culpables quienes defendieron la legalidad vigente que los que la violaron de manera flagrante, reiterada y arbitraria, los mismos que fulminaron los derechos políticos de más de media Cataluña en unas bochornosas jornadas donde los grupos parlamentarios que se oponían al proceso independentista fueron privados de sus derechos de representación. El Reglamento del Parlament quedó abolido por una mayoría rebelde a cualquier legalidad ajena a sus deseos, las advertencias del Gobierno eran recibidas de manera desafiante y las notificaciones del Tribunal Constitucional se despreciaban. Todo ello reforzado con una constante agitación callejera que pretendió impedir la actuación de la autoridad legítima. España vivió un episodio revolucionario que puso en jaque a toda la Nación y pudo arrojarla al abismo de haberse consumado la ruptura provocando una implosión similar a la de la Unión Soviética.
Lo anterior, y mucho más, es lo que la Ley de Amnistía borra de un plumazo con el visto bueno de la mayoría-rodillo del Tribunal Constitucional de cuyos jeribeques jurídicos para declarar la conformidad a derecho de la norma el más letal con diferencia es haber dispuesto en su Sentencia que todo lo que no prohíbe la Carta Magna está permitido. Eso, llamado “vinculación negativa”, pervierte todos los principios de la democracia liberal (y quién la quiere dirán algunos): la ley limita al poder, no es el poder el que fija sus propios límites. En este caso la mayoría “regresista” del Tribunal Constitucional avala que el Parlamento carece de control en cuanto a las materias que puede regular o el contenido de las normas que aprueba, salvo el caso de prohibición expresa. Dicho de otra forma, se hace Constitución al legislar como Machado dijo que se hacía camino al andar.
El elefante en la habitación que sólo el Constitucional, víctima de su candidez no ha visto, es que los motivos que la Ley expone como justificadores de su aprobación no son los que se recogen en su texto, de hecho su argumentación es contradictoria en este aspecto, y que tanto una parte como por otra no han buscado nada, ¡lo sabrán ellos!, que tenga que ver con la reconciliación ni con la necesidad de cerrar una herida social mediante el olvido de los delitos que se cometieron: los motivos fueron y estuvieron a la vista de todo el mundo y el único nexo la mutua conveniencia. Contra la amnistía no existe prejuicio al margen de las objeciones legales, es el prejuicio de los efectos buscados por sus firmantes, por eso se falsean los hechos, lo que ha determinado su contenido. A pocos metros de donde el Ministro Bolaños se felicitaba tras aprobarse la “ley del reencuentro”, la portavoz de Junts le contaba a todo el que quisiera oírla que aquello no era sino el principio del fin de la rendición del Estado, algo que no han dejado de repetir, mientras avanzan en el objetivo. Pero el Gobierno se ha llamado andana en todas las ocasiones en las que el separatismo le recuerda que repetirán en cuanto puedan sus ataques a la legalidad, un sueño húmedo compartido con algunos componentes del Ejecutivo en forma de proceso constituyente. Con sólo imaginar ese porvenir se entiende: discursos, debates inacabables, demagogia, acuerdos de todo tipo, etc. Un carnaval napolitano, «io do una cosa a te, tu dai una cosa a me«, sin principio ni fin: el paraíso del populismo.
Como al independentismo de momento todo les viene regalado no necesitan forzar ninguna situación, únicamente la certidumbre de un cambio de mayoría en unas elecciones les disuade de hacer saltar todo por los aires para elevar a categoría legal lo que ya es real en la Comunidad: la igualdad que tanto preocupa a los igualitaristas en Cataluña no rige.
En el oneroso trato destinado a mantener después la púrpura de César no han faltado las pedreas en forma de condonaciones de deuda, la babel de los pinganillos, rebajas de penas y modificaciones pretendidamente europeizantes del Código Penal y otras deserciones administrativas del Estado. Los insultos del separatismo han sido ignorados, sus traiciones parlamentarias apuntadas en el debe de la Oposición y la elisión de responsabilidades, apoyada en esa complicidad, elevada a privilegio parlamentario del Gobierno. El que cientos de miles de catalanes fueran engañados por unos dirigentes inmorales que les hicieron creer que el resto de los españoles eran culpables del mal gobierno que ellos mismos habían votado forma parte de ese espacio moral donde progresistas y nacionalistas se encuentran en la creencia de que sus particulares convicciones deben llevarse a cabo por cualquier medio disponible. De ahí que sin necesidad de proceso de reflexión los dirigentes que estuvieron sosteniendo la inconstitucionalidad de la amnistía, comenzaron a opinar lo contrario tan pronto los votos del independentismo devinieron imprescindibles para mantenerse en el poder. Luego, con gesto adusto, exigen credibilidad para sí mismos y prevención frente a los bulos provenientes de los llamados pseudomedios.
Esta semana no podía cerrarse sin su estrambote. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha sido autor de un gag jurídico para la historia calificando de “rebelde” y “sedicioso” al Tribunal Supremo, precisamente las acusaciones que pesaron sobre su cliente. Los pájaros disparan a las escopetas, qué puede salir mal.
José María Sánchez Romera
