Indignación y cansancio; indignación por lo que estamos conociendo. Cansancio porque, una vez más, quienes gobiernan parecen incapaces de estar a la altura de los principios que dicen defender.
Los escándalos de corrupción y los casos de acoso sexual que afectan al Gobierno y al PSOE no son episodios aislados ni simples “errores individuales”. Son el reflejo de algo más profundo: una forma de ejercer el poder que se vuelve complaciente consigo misma, que reacciona tarde y mal, y que solo actúa cuando el escándalo ya es imposible de ocultar.
Me resulta especialmente grave que esto ocurra en un partido que ha hecho del feminismo y de la ética pública su bandera. Porque cuando quienes impulsan leyes contra el acoso toleran o minimizan denuncias en su propia organización, el problema deja de ser solo moral y pasa a ser político. No se trata de que existan comportamientos reprobables —ningún partido está libre de ellos—, sino de cómo se gestionan. Y aquí la respuesta ha sido el silencio, la lentitud y, en algunos casos, una protección inaceptable del poderoso frente a la víctima. Actitud que ya hemos visto en otros partidos anteriores y que por tanto urge la necesidad de una regeneración democrática sino queremos el fin de ella al que este país ha estado demasiado castigado. Y para ello el siglo XIX y XX tienen su historia de numerosos ejemplos.
No se aceptar que se nos pida confianza mientras se mira hacia otro lado. Es inaceptable que se invoque la presunción de inocencia como excusa para no asumir responsabilidades políticas. Gobernar no es solo cumplir la ley: es dar ejemplo. Y el ejemplo, hoy, brilla por su ausencia.
A esta crisis ética se suma la corrupción, una sombra que nunca termina de desaparecer y muy por el contrario se acrecienta. Tramas, contratos dudosos, investigaciones judiciales que se acumulan… y una sensación persistente de que las responsabilidades siempre recaen en los mismos escalones bajos, mientras los de arriba se limitan a lamentar “lo ocurrido”. La ciudadanía no es ingenua. Sabe distinguir entre una depuración real y un simple sacrificio de conveniencia.
Pero sería un error reducir este problema únicamente al Gobierno o al PSOE. El resto de partidos políticos, tanto los de la oposición como los socios parlamentarios del Ejecutivo, también tienen una responsabilidad. No basta con señalar, indignarse o aprovechar el desgaste ajeno. Quien aspira a gobernar, o sostiene a quien gobierna, debe revisar sus propias prácticas, abandonar el cálculo oportunista y comprometerse con estándares éticos claros, incluso cuando eso tenga costes políticos.
La oposición no puede limitarse a convertir cada escándalo en munición electoral mientras evita una reflexión profunda sobre sus propios casos y silencios. Y los socios de gobierno no pueden conformarse con advertencias retóricas o exigencias tibias mientras continúan sosteniendo un sistema que dicen criticar. La coherencia no se demuestra con comunicados, sino con hechos.
Lo más preocupante es el daño que todo esto causa a la democracia. Cada escándalo mal gestionado alimenta la desafección, el “todos son iguales”, el hartazgo. Y ese terreno es fértil para el cinismo y para quienes desprecian las instituciones democráticas. Cuando el poder pierde la vergüenza, no se debilita solo un partido: se debilita la confianza colectiva.
Por eso creemos que ya no bastan los comunicados ni las declaraciones solemnes. Hace falta valentía política en todos los frentes. Cese inmediato ante indicios sólidos, investigaciones independientes en casos de acoso, transparencia radical en la gestión del dinero público y, sobre todo, asumir responsabilidades en la cadena de mando. Sin excusas. Sin cálculos electorales.
Quien gobierna, quien sostiene al Gobierno y quien aspira a sustituirlo tiene la obligación de ser más exigente consigo mismo que con nadie. Si no es así, pierde toda autoridad moral para exigir ejemplaridad a los demás.
No queremos discursos perfectos ni lecciones constantes: coherencia, decencia y una política que entienda que la ejemplaridad no es un eslogan, sino una obligación democrática. Y que la política no son prebendas y sueldos de vértigo, es responsabilidad, trabajo y orejas para el ciudadano.
