El Gobierno español ha reactivado la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y propone una subida progresiva de las cuotas mensuales a partir de 2026. La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende adecuar las cotizaciones a los ingresos reales de cada profesional.
Según el borrador, las cuotas aumentarían entre 11 € y 206 € al mes, dependiendo del tramo de rendimientos netos. Quienes ingresen menos de 670 € mensuales pagarían 217,37 €. Los que superen los 6.000 € verían su cuota subir hasta los 796,24 € al mes. El objetivo, según el Ejecutivo, es “reforzar la equidad y la sostenibilidad del sistema”, garantizando que quienes más ganan contribuyan más a la Seguridad Social y accedan también a mayores prestaciones.
De la base elegida al ingreso real: un cambio estructural
Esta medida forma parte de la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, establecido en 2022 mediante el Real Decreto-ley 13/2022. El modelo sustituye la base de cotización elegida libremente por los autónomos por otra vinculada a sus ingresos netos reales, con el fin de corregir desigualdades y mejorar la protección social.
En 2024, la Seguridad Social ya realizó la primera regularización de cuotas, que afectó a 1,6 millones de autónomos. Muchos de ellos tuvieron que abonar diferencias o recibieron devoluciones, aunque el proceso se vio empañado por errores administrativos y retrasos, lo que generó desconfianza en el colectivo.
Reacciones: “Un nuevo golpe a la clase media trabajadora”
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha mostrado un rechazo frontal a la propuesta. Su presidente, Lorenzo Amor, la calificó de “sablazo a la clase media trabajadora” y pidió paralizar la reforma hasta que se corrijan los errores en la gestión actual.
Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) adoptó una postura más conciliadora. Su secretario general, Eduardo Abad, defendió la necesidad del sistema progresivo, pero pidió una revisión de los tramos más bajos: “No se puede pedir lo mismo a un autónomo del comercio rural que a un profesional con ingresos de seis cifras.”
También la patronal empresarial ha advertido de que la subida podría afectar a la competitividad y rentabilidad de pequeñas empresas y emprendedores.
Entre la justicia social y el riesgo económico
Los defensores de la reforma sostienen que la medida permitirá reforzar la financiación del sistema de pensiones y acercar los derechos de los autónomos a los de los asalariados. Sin embargo, muchos expertos alertan de posibles efectos adversos: menor incentivo para emprender; aumento del trabajo informal y reducción de la facturación declarada por miedo a subir de tramo. Los sectores más vulnerables —como el comercio, la hostelería o los servicios personales— podrían ser los más perjudicados, especialmente en un momento de desaceleración del consumo.
Próximos pasos: diálogo y negociación
El Gobierno prevé abrir una mesa de diálogo social con las asociaciones de autónomos y los sindicatos antes de enviar la propuesta definitiva al Parlamento. Si no logra consenso, la reforma podría modificarse o retrasarse, aunque el Ejecutivo insiste en que el nuevo modelo entrará en vigor a partir de enero de 2026.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. Los autónomos reclaman estabilidad normativa, transparencia y equilibrio, recordando que son uno de los pilares fundamentales del tejido económico español. “Queremos contribuir, pero no ser siempre los que pagamos la factura”, resumía un portavoz de ATA.
