Queda para la historia la convocatoria de una huelga general contra precios, salarios y poder adquisitivo con el complemento de una falta de oferta en el mercado de vivienda. Todos ellos, si no de forma exclusiva, sí son en gran medida producto de las decisiones del Gobierno en el marco de una constante escalada de decisiones que han tendido a provocar esos problemas. El salario mínimo, el nivel de gasto público, los impuestos o la regulación de cuanto concierne al alquiler y compra de casas son materias en los que el Gobierno tiene una capacidad decisiva para definir su comportamiento. El razonamiento puede exponerse tomando como referencia las palabras del Secretario General de la UGT: los sindicatos convocantes no podían hacer huelgas contra un Gobierno que ha accedido a todas sus peticiones (copiosas subvenciones incluidas, de lo que deberían estar muy satisfechos); la situación actual de salarios, alza generalizada de los precios y el coste de la vivienda resulta inaceptable (algo que es consecuencia forzosa de las políticas que ellos han reclamado y obtenido del Gobierno). Con tales premisas se alcanza por los huelguistas la conclusión de que era preciso hacer una huelga contra un presente que se dice detestar, pero difiriendo al futuro señalar el sujeto causante de los males y por ello de la protesta. Sobre ello flota la certeza de que dicho sujeto será responsable si tiene una orientación política opuesta a la actual, pues de otro modo la huelga se habría hecho, sin recurrir a la destrucción de la lógica más básica, contra el actual Gobierno, de ahí también el esquizofrénico apoyo de éste a la huelga, como único culpable de la situación que se denuncia. Es patente que las justificaciones dadas pertenecen al mundo del sinsentido y lo único que dota de coherencia a la convocatoria de huelga es que, como nadie ignora, se ha hecho contra la Oposición, la Sra. Montero lo dijo con una conmovedora sinceridad, como serio aviso para el caso de que gane las elecciones. A este tipo de movilizaciones bajo excusas inverosímiles los anarquistas lo llamaron en los años treinta del siglo pasado gimnasia revolucionaria, ensayos preparatorios del gran acontecimiento, ese misterio encerrado en la densa palabrería con el que una buena parte de la izquierda dibuja ese lejano horizonte de sus utopías y que necesita exhibiciones materiales de fuerza para hacerse de alguna manera comprensible.
No hemos asistido por consiguiente a una huelga política como han dicho sus críticos sino ideológica que cuestiona la alternancia en el poder como producto del proceso electoral democrático, en donde no priman los resultados prácticos de las decisiones gubernamentales cuentan de modo diferente según quien las adopte. Los convocantes se han convertido en agentes de una de las facciones poniendo su adhesión por encima de la presumible diversidad de opiniones políticas de sus afiliados y de quienes les votan en las fábricas, aunque no cabe descartar que se quieran autoconvencer de que son todos de izquierdas. El que se trate de una postura claramente cuestionable ya que de lo que se trata es de que el sindicalismo sirva como vehículo para el llamado diálogo social (actualmente un monólogo en realidad ya que Gobierno y sindicatos han constituido una sola voz), y no para la agitación política, puede terminar siendo al fin y a la postre el inicio a una solución más pragmática al problema de las relaciones entre el trabajador y la empresa. Es cierto que los sindicatos tuvieron su razón de ser en otras épocas, lejanas ya, en las que los trabajadores carecían en la mayoría de los casos de formación, las sociedades eran más pobres y por tanto las oportunidades laborales mucho más escasas, aun cuando no debe olvidarse que, pese a todo, en los inicios de la Revolución Industrial quienes se incorporaban a la producción en las fábricas procedían de zonas rurales donde su vida era más precaria aún. De hecho, en Inglaterra, cuna de esa Revolución, las críticas más acerbas a la situación de aquellos obreros, que Marx quiso sistematizar Marx en “El Capital” suponiendo un estado de cosas que no cambiaría jamás, provenían de los terratenientes que veían cómo perdían a los arrendatarios y aparceros en sus propiedades con la consecuencia de importantes pérdidas en sus ingresos. Pero hoy, obviamente, aquellas condiciones iniciales fueron progresivamente desapareciendo y su evocación como algo todavía presente es una ucronía que persigue seguir alimentando el mito de la lucha revolucionaria y la vigencia de la causa.
En realidad, en la sociedad de la información, de la inteligencia artificial, la enseñanza obligatoria hasta una edad determinada y la división del trabajo tiene cada vez menos sentido la forzosa mediación de los sindicatos en las relaciones laborales, puede ser un medio, si se elige de manera voluntaria, pero no tiene por qué ser “el medio”. La colectivización de la actividad negociadora si bien puede parecer que garantiza siempre mejoras en las condiciones laborales se trata de más bien de un espejismo, una apariencia reflejo de magnitudes estrictamente cuantitativas, cuando lo que hace es homogenizar dichas condiciones, lo que no tiene que ser necesariamente para bien. Tal conclusión no pasa de ser lo que se denomina una falacia del mejor resultado, se acepta así porque es la narrativa preponderante. Los trabajadores podrían encontrar mejores incentivos laborales negociando de forma individual sus cláusulas contractuales, eso tiene naturalmente como contrapartida el endiablado asunto de la meritocracia que es algo que al dogma igualitarista le provoca sarpullido y además les quitaría una gran parte de su influencia a los sindicatos (palabras mayores pensando en su supervivencia). En un mercado laboral abierto y en efectiva competencia el rechazo o la resolución de las cláusulas de un contrato laboral debería regirse por las mismas reglas que el resto de las relaciones jurídicas donde concurren a su formación dos partes contratantes. Con unas oferta y demanda libres de las ataduras que los costes y formalidades le imponen las transiciones de un trabajo a otro serían mucho más cortas y las posibilidades de ejercer trabajos acordes con las aptitudes, las preferencias de los empleados mucho más satisfactorias y la huelga sería innecesaria con el derecho a la ruptura unilateral del contrato laboral. El mercado de trabajo en España es de los más rígidos del mundo occidental, de ahí esa tasa natural de desempleo que padece España, y si consideramos, por ejemplo, la cuestión del salario mínimo que tanto se celebra por Gobierno y sindicatos, sirviendo en período electoral como pregunta-trampa para la Oposición, el mismo no hace más que dificultar el acceso al empleo de quienes buscan su primer trabajo, igualando por arriba en costes a empresas grandes y pequeñas, no pudiendo absorber las últimas esas subidas más que suprimiendo el puesto de trabajo o subiendo los precios de las mercancías que producen, provocando la correlativa en toda la cadena de valor. Ocurre que en realidad quien no cree en los beneficios de la libertad de empresa tanto le importa la grande como la pequeña, su verdadera opción es que el Estado sea el único empleador.
Estando de ese modo las cosas, no podrá criticarse entonces que si los sindicatos ponen la ideología por encima de los resultados que se derivan de las medidas adoptadas por los gobiernos, eligiendo falsos culpables si es necesario, no podrán quejarse cuando se abra el debate a la consideración de soluciones alternativas al marco laboral vigente de primacía para los convenios colectivos donde hasta ahora han tenido un papel privilegiado, excesivamente privilegiado debería decirse.
José María Sánchez Romera








