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Luna Nueva

Unidas Podemos pide explicaciones por el convenio con el que Benavides «pretendía destruir el paraje de Maro-Cerro Gordo»

 

Carpeta J. Celorrio

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha denunciado que Almuñécar tendrá que pagar “al menos 104.053 euros por un convenio urbanístico incumplido y suscrito en el año 2005” cuando era alcalde Juan Carlos Benavides.

Además, Ruiz Joya ha señalado que dicho convenio planeaba construir una macrourbanización que afectaba al área de paraje natural de acantilados de Maro-Cerro Gordo, “justo en la zona” donde se ha realizado una tala de pinos que Convergencia Andaluza había catalogado de “atentado medioambiental”.

Desde Unidas Podemos señalan que, «de nuevo, vuelve a salir a la luz pública uno de los magníficos convenios que Benavides firmó supeditando su cumplimiento a un nuevo PGOU que sabía que jamás se aprobaría. Además, por si fuera poco, el exalcalde se gastó el dinero que cobró el ayuntamiento por dicho convenio “vayan ustedes a saber en qué”.

Marina Playa

Asimismo, comentan desde la organización de izquierdas, «no nos sorprende el hecho de que Benavides denuncie algo cuando él tenía previsto realizar lo mismo pero multiplicado por 5. Es la constante de una persona que no tiene vergüenza ni la ha conocido, cuya acción política se reduce a la mentira, el insulto y, cuando ha gobernado, fomentar la corrupción urbanística y dilapidar el dinero público».

Benavides debería dar explicaciones, afirman desde Unidas Podemos, pero tal es la desvergüenza de este señor que acabará culpando, como hace siempre, de sus acciones a otros.

Igualmente, la coalición de izquierdas pide al gobierno municipal que «investigue en qué se gastó el dinero del convenio el exalcalde, así como informe a la opinión pública sobre cuántos convenios están en la misma situación y dónde se gastó el dinero ingresado por dichos convenios».

Al margen de lo anterior, desde Unidas Podemos critican que la Junta de Andalucía no haya dado explicaciones por la autorización de la tala de pinos, cuya legalidad puso en entredicho públicamente la coalición de izquierdas.

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